Asomó la queja del gobierno por el sinnúmero de litigios contra el Estado. Tiene razón. Salta a la vista que es pasivo contingente que debe contabilizarse. Es obvio que obligará a hacer previsiones, que no son sólo anotaciones sino recortes —dolores— presupuestales.

Pero hay algo que ni salta a la vista ni parece obvio, pero obra fuerte y hay que desenmascararlo: los pleitos proliferan porque se ha distorsionado y olvidado tanto el concepto como la misión del Derecho y hasta su definición constitucional, fundada —art. 72— en los derechos inherentes a la persona. Eso no es una conspiración para armar pleitos, pero siembra más maleza que si lo fuera.

Si el pago de lo que adeuda el Estado pasa por manejos entre discrecionales y arbitrarios, si a cada Jurídica se le reclaman dictámenes y defensas para posturas que se adoptan sin el Derecho por dentro, no es asombroso que haya plétora de quejosos ante las barandas de los Juzgados.

Encargarle a los agentes de marketing la imagen y reclamarle al Derecho la parte formal y los procedimientos para defenderse, lleva a sustraer la sustancia —el ser— de las cosas a la conciencia jurídica. Eso arrastra a dejar fuera del momento creador de cada acto de la Administración pública la verdadera función del Derecho, que no consiste en proveer justificaciones y coberturas tardías a lo que se eligió sin él. Al contrario: la misión de lo jurídico es introducirse como vector en la decisión misma, guiándola hacia la mejor aplicación posible de los valores que el Derecho recoge, define y exige.

La tarea del Derecho no es vestir metas pretendidamente impuestas por los hechos tomados en crudo sino echar constantemente miradas valorativas —jurídicas y prejurídicas—, construyendo desde el caso concreto soluciones que le impriman vida a los principios. Así lo enfocó Hugo Malherbe en su nunca concluido diálogo con la hermenéutica de Gadamer y Ricoeur.

Por olvidar colectivamente que esa es la tarea del Derecho, la discrecionalidad se degrada a arbitrariedad, alentando respuestas del tipo de: "Si tienen derecho adquirido, que vayan a la Justicia; dentro de 5 años se verá." Poner a unos Ministros a pedir para pagar lo que se debe y colocar a otro Ministro para oponerse —por sí o mediante técnicos obrantes en el anonimato—, y además esperar que de esa pulseada permanente salgan resultados buenos para el país y plausibles para la ciudadanía, constituye un error mayúsculo que venimos de sufrir, que nadie sensato le puede desear a ningún gobierno, y que resulta de no ver que la síntesis de "la realidad que es" apta para remodelarla hacia "la realidad que debe ser" es una misión de la conciencia jurídico-política y no de la escuela económica de turno.

Por la ventura del país, le deseamos al gobierno que no haya, pues, por un lado ahorro y por otro lado gasto recortado, que eso termina en jugar a las escondidas con leyes y decretos. En toda Administración, la contraposición de intereses a efectos de contralor es técnicamente necesaria porque sirve para evitar lo peor, pero no basta para construir lo mejor.