Washington - Organizaciones detractoras de la pena de muerte han calificado como avance un "histórico y ejemplarizante" la decisión de las autoridades de Nueva Jersey de suspender de forma temporal la aplicación del castigo en ese Estado norteamericano.

"Lo ocurrido nos hace abrigar la esperanza de que el ejemplo sea seguido por otros estados, especialmente en el sur donde se aplica con mayor inclemencia el castigo", dijo David Elliot, director de la Coalición para Abolir la Pena de Muerte.

Con apoyo de republicanos y demócratas, la Asamblea de Nueva Jersey aprobó el lunes la suspensión hasta noviembre, convirtiéndose en el primer Poder Legislativo estatal de EE.UU. que toma esta medida.

La Asamblea ordenó también crear una comisión que tendrá hasta el 15 de noviembre para informar sobre si la pena de muerte se aplica en forma justa y si sus opciones, como la cadena perpetua, garantizan la seguridad pública y satisfacen a los familiares de las víctimas. La moratoria expiraría 60 días después.

"Esto es algo que debimos hacer hace mucho tiempo. La injusticia del actual sistema y su alto precio nos empujaban a examinarlo", indicó Joseph Roberts, líder de la asamblea.

La pena de muerte fue restablecida por el Supremo de EE.UU. en 1976 y desde ese año han sido ejecutados 1.004 personas. Más de un tercio de esas ejecuciones se han realizado en Texas.

Hasta ahora Illinois y Maryland habían decretado moratorias similares, pero fueron decididas por sus gobernadores y no por las asambleas. Esa moratoria ya expiró en Maryland, pero el Estado no tiene previstas ejecuciones al menos durante los próximos dos meses.

"En todo el país la gente se da cuenta de que con la pena de muerte se corre el riesgo de ejecutar a un inocente, se discrimina por origen racial, geografía y hasta por la capacidad de contratar a un abogado defensor competente", dijo Diann Rust, una portavoz de la coalición.

En una entrevista con EFE, Elliot resaltó el hecho de que la medida fuera aprobada por demócratas y republicanos "que están convencidos de que debemos hacer algo".

Según el director de la coalición, el Estado gastó el año pasado 245 millones de dólares en apelaciones y trámites judiciales vinculados al castigo sin que nadie fuera ejecutado en ese lapso.

"El dinero podría destinarse a aumentar las fuerzas policiales, a mejorar los salarios y la calidad de los maestros o prevenir la formación de pandillas", dijo.

En realidad, nadie ha sido ejecutado en Nueva Jersey desde 1963 y el Estado alberga a sólo 10 condenados en sus corredores de la muerte.

Brenda Soder, portavoz del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM), señaló que "es la primera vez que una asamblea se pronuncia abiertamente contra el castigo. Es la respuesta correcta a los problemas que se han planteado en su aplicación".

Soder señaló que las conclusiones de la comisión "serán cruciales" y manifestó su esperanza de que constituyan un nuevo revés para la pena de muerte.

Celeste Fitzgerald, directora de un grupo del Estado que promovió la moratoria en Nueva Jersey, indicó que la decisión es histórica y ejemplar porque la pena de muerte no conforta a los familiares de las víctimas ni a la Policía.

En la década pasada, el Departamento de Justicia de EE.UU. admitió que la pena de muerte se aplica en mayor medida contra los negros y, principalmente, en los estados del sur del país.

Fitzgerald señaló que la mejor opción al castigo es la "cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra" ya que la muerte del condenado no ayuda a los familiares de las víctimas.

Agregó que según las últimas encuestas, un 63 por ciento de la población del Estado, incluyendo partidarios de la pena de muerte, favorece la suspensión temporal del castigo.

El último sondeo a nivel nacional en octubre indicó que la pena de muerte cuenta con el apoyo del 62 por ciento de la población. En 1994 ese apoyo era superior al 80 por ciento.

La pena de muerte sufrió otro revés en Virginia a comienzos de este mes cuando el gobernador, Mark Warner, ordenó pruebas de ADN al cadáver de un hombre ejecutado hace 14 años por la violación y asesinato de su cuñada.

Según una portavoz del gobernador, el progreso logrado en las pruebas de ADN podría exonerar al ejecutado, quien murió electrocutado pese a que aseguró que era inocente.

"Si se determina que un inocente ha sido ejecutado, ese será el último clavo" en el ataúd de la pena de muerte, dijo Richard Dieter, director de CIPM.

En marzo del año pasado Warner, un demócrata que podría ser candidato a la presidencia de EE.UU. en las elecciones de 2008, otorgó su clemencia a Robin Lovitt, un asesino cuya ejecución debió ser la número 1.000 en EE.UU..

Semanas después, y en base a pruebas de ADN, perdonó a dos hombres que cumplieron penas de cárcel por violación.

EFE