Madrid - La fiscal de la Audiencia Nacional española pidió hoy hasta 17.000 años de cárcel para el ex marino argentino Ricardo Miguel Cavallo por genocidio y tortura, de cara a su juicio, que podría comenzar dentro de un año, siguiendo los pasos de su ex camarada Adolfo Scilingo.

"El procesado Ricardo Miguel Cavallo con destino en la ESMA, se integró plenamente en el desarrollo de ese plan de exterminio y represión" de la dictadura argentina (1976-83), afirma la fiscal Dolores Delgado en sus conclusiones previas al juicio de casi 200 páginas.

La magistrada califica los delitos imputados al ex capitán de corbeta de genocidio y terrorismo, por los que pide de 13.362 a 17.010 años de cárcel. Además del delito de genocidio, le atribuye siete delitos de asesinato y 152 delitos de lesiones y 407 delitos de terrorismo.

Alternativamente, la magistrada plantea el delito de crímenes contra la humanidad y terrorismo por los que pide de 13.352 a 17.000 años de prisión.

Conforme la legislación vigente en el momento de los hechos, las penas requeridas por el delito contra la humanidad van de 13.322 a 16.980 años de cárcel, precisa el escrito.

Cavallo, alias "Marcelo", "Miguel Angel" o "Sérpico" mientras integró el temible grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura, por donde pasaron 5.000 de los 30.000 desaparecidos del régimen militar, está detenido en una prisión de las afueras de Madrid desde 2003.

"Perteneció a los dos sectores del grupo de tareas (ndlr: operaciones e inteligencia), haciéndolo de forma permanente", subraya la fiscal.

"A partir de enero de 1979 pasó a integrarse al aérea de inteligencia y por tanto participó en las torturas sistemáticas", agrega. En esa misma fecha asumió el cargo de responsable del sector "pecera", donde los secuestrados eran obligados a efectuar trabajos forzados y reducción a servidumbre.

Cavallo estuvo en la ESMA desde 1977 hasta 1980 cuando fue destinado al denominado Centro Piloto de París, recuerda la fiscal, que incluye en el escrito una lista de 209 personas desaparecidas o ejecutadas mientras el procesado integraba el grupo de tareas 3.3.2.

El documento judicial contiene también una lista de más de 30 sobrevivientes de la ESMA que identificaron a Cavallo como uno de los represores. Sus testimonios integran el sumario que instruyó el juez español Baltasar Garzón, quien reclamó la extradición de Cavallo a México, país que lo entregó en junio de 2003.

Fuentes judiciales indicaron que Cavallo, detenido en la cárcel de Soto del Real, 37 km al norte de Madrid, solicitó pasar a una cárcel militar, pero le fue denegado pues en España no cumplió ninguna actividad castrense.

A partir de ahora, la acusación tendrá un mes para presentar su escrito y luego lo hará la defensa, que según fuentes judiciales volverá a plantear la falta de jurisdicción de la justicia española.

Sin embargo, el 5 de octubre de 2005, el Tribunal Constitucional (TC) afirmó en un fallo histórico que España es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad ocurridos fuera de España, incluso aunque no haya víctimas españolas, al entender que "el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales".

El juicio oral y público contra el ex marino podría comenzar "dentro de un año", según fuentes judiciales. Con un poco más de optimismo, abogados de la acusación dijeron a la AFP que "con suerte", el juicio podría iniciarse en "septiembre, octubre".

En todo caso, Cavallo seguirá los pasos que su ex camarada de la ESMA Adolfo Scilingo, quien tras un juicio oral y público celebrado en la Audiencia Nacional española, fue condenado el 19 de abril de 2005 a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y tortura durante la dictadura argentina.

El ex marino cumple su condena en una cárcel cercana a Madrid.

AFP