Brasilia - Una comisión del Congreso investigará el supuesto involucramiento de oficiales militares de Argentina, Uruguay, Paraguay y Surinam en el suministro de armas pesadas a grupos criminales de Brasil, indicó el diputado Moroni Torgan, presidente de esa comisión a la Agencia Cámara de noticias.
"En Argentina, Uruguay, Paraguay y Surinan tendríamos oficiales de alto rango envueltos en el tráfico de armas", agregó el legislador, que preside la Comisión Parlamentaria de Investigación del Tráfico de Armas.
"Esas informaciones precisan ser verificadas por Interpol, por el poder judicial y la policía de los países vecinos", dijo Torgan.
Según el legislador, las armas provienen de las fuerzas armadas de esos países o de fábricas militares y son desviadas a grupos criminales brasileños a cambio de dinero, droga u oro.
"Es armamento pesado y va desde minas terrestres y granadas a fusiles de asalto. Las cuadrillas (bandas criminales) usan armas militares y la policía, apenas armamento policial que es muy inferior", apuntó.
Los nombres de las personas que hicieron la denuncia fueron mantenidos en secreto hasta que puedan deponer ante la Comisión.
El diputado informó que la Comisión examinará el caso apenas reanude sus sesiones dentro de dos semanas.
Precisó que la información recogida incluye grabaciones de conversaciones telefónicas y está siendo analizada también por la Policia Federal, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) y las Fuerzas Armadas.
En declaraciones al diario Jornal do Brasil, Torgan dijo que oficiales argentinos de alto grado ayudan a abastecer el mercado clandestino brasileño con armas pesadas que incluyen granadas y lanzacohetes. Indicó que algunas armas provendrían de fábricas militares argentinas.
Según esos informes, en Paraguay, miembros del Ejército abastecen de armas a traficantes que las envían a Brasil.
Desde Uruguay, en tanto, llegan a Brasil armas nuevas y usadas, informó Torgan.
En Surinam, añadió, las armas son sacadas de los arsenales mediante falsos robos. Luego son enviadas a traficantes brasileños que cambian una parte por droga en Colombia y el resto lo envían a grupos criminales de Rio de Janeiro y Sao Paulo.
AFP
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