El abogado Gervasio Guillot, hijo del ex presidente de la Suprema Corte, negó ante el Juez Rolando Vomero y ante la Fiscal Olga Carballo haberle dicho al magistrado Gustavo Mirabal que era un "objetivo militar inminente".

Ayer compareció ante la sede que investiga el atentado a Mirabal, al haber trascendido que le habría comunicado al juez que ordenó las extradiciones de los tres oficiales uruguayos a Chile, que un grupo de militares había mandado decir que se cuidara.

El abogado dijo que "nunca salieron de su boca esas palabras", y que no entiende cómo lo "metieron en esto". Sin embargo, el juez Mirabal dio su testimonio a la sede que investiga los hechos y relató que Guillot le pidió tener una reunión urgente con él y allí le comunicó ese mensaje de parte de un grupo de militares.

Ante la contradicción de las versiones es probable que el Juez Vomero efectúe un careo entre el juez y el abogado.

De todos modos, fuentes allegadas a la investigación dijeron a El País que es muy difícil esclarecer el caso. "No hay bala, no hay testigos, nadie vio quien disparó. Lo único que tenemos es el zumbido de una bala", afirmó el informante. Agregó que con esa única pista sólo existen líneas de investigación, pero ninguna prueba.

En ese sentido, se citó a Guillot para que diera los nombres de los militares que habían hecho ese comentario sobre el juez, con el objetivo de interrogar a los uniformados.

Desde el gobierno se consideró "inquietante" la situación, pero el hecho de que los supuestos agresores no tengan eventualmente "a cargo tropas" lleva a suponer que la reacción pudo surgir de ex oficiales que actuaron en forma "individual". Por su parte, allegados a militares retirados rechazaron la posibilidad de que algunos de sus miembros hayan promovido o participado del hecho. Y evaluaron la alternativa de que el atentado provenga de otros sectores, que buscan alterar el clima político del país.

La circunstancia motivó que la entrega de los militares Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli a Chile para ser juzgados por el secuestro de Eugenio Berríos, se adelantara. Si bien estaba prevista para el viernes pasado (21 de abril) se concretó el martes 18. El Ministerio del Interior se enteró de la denuncia de Mirabal el mismo domingo en que ocurrió, por parte del ministro de la Suprema Corte, Daniel Gutiérrez.

LEVANTAN SECRETO. Por otra parte, la Cámara de Senadores levantó ayer el secreto de una comisión relativa al caso Berríos que sesionó en el año 1992, a la cual concurrieron a informar al cuerpo, los entonces ministros de Defensa, Mariano Brito y del Interior, Juan Andrés Ramírez.

La moción fue presentada por el senador herrerista Luis Alberto Heber y ampliada por la senadora (AU), Susana Dalmás, con la autorización del presidente del cuerpo. No obstante, senadores frentistas advirtieron a El País que parte del expediente había desaparecido de los archivos del Palacio Legislativo.

De este caso derivó semanas atrás el inicio de un sumario al Juez Alvaro González, que llevó la investigación de la muerte de Berríos adelante, por cinco años.

La Suprema Corte decidió iniciar el proceso disciplinario al magistrado luego que el actual juez de Pando, Pedro Salazar sugirió archivar el expediente que González no profundizó en la investigación que llevó a cabo.