JAVIER GARCÍA

Tres ministros firmaron dos mensajes al Poder Legislativo informando que un buque de la Armada, al retorno de una misión, repondría combustible en Venezuela y por orden del propio Poder Ejecutivo levantaría una carga para el Ejército. Consultada en el Parlamento por quien esto firma, la ministra de Defensa dijo que existió una confusión y que inició una investigación ya que el Ejército no tenía conocimiento ni esperaba ninguna "carga" de aquel país. El destinatario supuesto, por boca de su comandante, deslindó responsabilidad por el envío. Tres ministros informaron que ordenaban traer armamento para un Ejército que no lo esperaba.

Aquí hay un episodio confuso y grave. Ni la Armada Nacional ni el Ejército, que no participan en los trámites ni tenían conocimiento que se los invocaba como destino de algo que no habían solicitado, tienen responsabilidad en esta orden que da su Ministro.

¿Cómo es posible que se firme por tres Ministros dos mensajes al Legislativo informando que se traerá material para el Ejército y posteriormente consulten para saber si el Ejército lo sabe? ¿No leen los mensajes antes de firmarlos? ¿Y si los leen, cómo ahora pueden sentirse sorprendidos? ¿No se les ocurrió averiguar antes, cuál era ese material y quién lo había pedido? ¿Quién solicitó su traslado para el Ejército y el desconocimiento de éste? Las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional ensayaron una explicación diciendo que serían proyectiles para prueba de armamento que se estaría licitando. Sin embargo hay dos problemas: Primero que las pruebas de las que se habla ya se realizaron y segundo que ninguno de los armamentos que se están probando son de origen venezolano.

¿Cuál era el origen entonces?

Partimos del supuesto que el confuso traslado correspondía al material del que se habla, proyectiles, pero ¿qué seguridad hay cuando las irregularidades son tantas?

El transporte de armamento tiene obvios y complejos mecanismos que deben cumplirse estrictamente. Aquí no se observó ninguno. Aparece la intervención del embajador uruguayo en Venezuela gestionando el traslado de materiales de una fábrica de armamentos. Si así es, ¿cómo es posible que el Estado facilite el traslado y se haga cargo de sus costos, poniendo un medio de transporte militar a disposición de una empresa privada que está presentándose a una licitación para las propias fuerzas armadas? La empresa venezolana es de derecho privado pero tiene un solo accionista, el Estado venezolano. Se la puede conocer en la página oficial del "Ministerio del Poder Popular para la Defensa" de aquel país y por lo tanto el que envía los proyectiles es aquel gobierno.

Se empieza a conocer que los proyectiles serían una triangulación que sirvió para que armamento iraní que se presentó a la licitación del Ejército, contara con proyectiles que facilitó, ahora, Venezuela.

Es un episodio grave donde el gobierno uruguayo o alguien dentro del mismo, gestionó el traslado de un cargamento de municiones de una empresa privada involucrando y ordenando al Ejército y a la Armada a traer armamento en forma ilegal.

La Cancillería y el Ministerio de Defensa Nacional intervinieron facilitando un negocio privado que incluía una triangulación entre Irán, Venezuela y Uruguay y que casi queda oculta. Dicen tener la misma preocupación que nosotros, ¿cómo, entonces, firmaron los mensajes al Parlamento?

Todo ahora queda en duda y también a dónde iban las balas.