CANELONES PATRICIA MANGO

Una psicóloga a la que la Intendencia no le renovó su contrato, entablará una demanda contra la administración municipal. Tiene otros dos juicios en proceso contra jerarcas, por "acoso moral", en los que le reclama U$S 75.000 a cada uno.

Silvana Giachero trabajó ocho años en la Intendencia de Canelones hasta fines de agosto, cuando fue cesada. La profesional afirma que sufrió "acoso moral" que se manifestó en "insultos", "traslados" y el despido. Por esta causa planteó demandas contra la directora municipal de Recursos Humanos, Cristina González, y contra el subdirector interino de Administración, Juan Britos.

Si bien eran juicios "contra las personas", explicó la denunciante, la Intendencia "envió a sus abogados, José Cerdeña y Natalia Carvajal a la audiencia de conciliación".

Luego, al confirmarse la no renovación de contrato, notificada en uso de la licencia médica, Giachero entabló una tercera demanda, esta vez contra la administración municipal.

Silvana Giachero ingresó a la función municipal hace ocho años y fue asignada a Servicios Médicos.

En el último año de la administración de Tabaré Hackenbruch trabajó para la selección de personal de Teletributos y en virtud de "los buenos resultados" obtenidos, se le asignó la evaluación psicológica de los funcionarios de Necrópolis.

Según su relato, una vez que finalizó -ya en la actual administración- la directora de Recursos Humanos, Cristina González, le informó que sería parte de la Unidad de Selección y Capacitación.

Esto le demandó un estudio intensivo del tema, "hice dos años en uno", comentó, pero las tareas, "no eran acordes" a su función.

La psicóloga afirma que su situación se complicó más cuando ingresó Juan Brito en calidad de subdirector interino de Administración. La gota que derramó el vaso fue un llamado externo a concurso para integrar el Cuerpo Inspectivo Municipal y la llegada de 32 personas a rendir la prueba psicolaboral sin previo aviso, pruebas que debía tomar Giachero.

Dada la forma pidió por carta ser descartada de esa selección porque "ponía en juego la evaluación y el futuro laboral de más de 30 personas" señaló. A los pocos días "fui trasladada" y de acuerdo a su testimonio, González la insultó: "me trató de inepta y atorranta entre otras cosas" y "me costó otro traslado", "amenazas de despido y dos expedientes de sanción" uno de González y otro de Brito. Giachero volvió a Contralor Sanitario y comenzó a notar la "persecución" ya que, según expresó, "ni mis compañeros me saludaban por temor".

"Me di cuenta que mi situación era grave"- dijo- y eso "me costó una enfermedad". Pidió liencia médica.

En mayo de este año se terminó su contrato y luego de 60 días de prórroga se le notificó que no le sería renovado.

La psicóloga deslizó que hubo situaciones que atentaron contra su ética profesional. "No puedo prestar mi título para justificar determinados traslados", disparó. "Me costó mucho esfuerzo y esas cosas van contra mi ética" dijo. Giachero sostiene que en la actual administración recibió "insultos, agravios, pedidos de sanción y traslados" por denunciar el abuso y "decir `no` con `cintura` para no ponerme a nadie en contra".

La denuncia está radicada en Adeom (gremio municipal). El acuerdo de estabilidad de enero de 2006 entre Adeom e IMC indica que en caso de no renovarse un contrato sin causa justificada "se ocupará la IMC", rememoró. La ex funcionaria destacó que en Uruguay no hay legislación contra el acoso moral "pero es un delito y hay normas que protegen al empleado" sostuvo.

El caso de Giachero se suma a otros de no renovación de contrato. El dirigente de la Lista 39 de Adeom, mencionó a Marisol Pereira, que estaba internada en una mutualista y la institución le informó que debía enviarla a Salud Pública porque la Intendencia le había dado de baja. Otro caso es el de un funcionario de 64 años con un problema de salud que le impedía trabajar. "Al no renovarle el contrato tampoco pueden tramitar la jubilación por discapacidad" señaló.