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Daniel Isgleas

Gonzalo Nin Novoa, hermano y secretario privado del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, pedirá a la Justicia que investigue de oficio las acusaciones que recibió por tráfico de influencias a favor de empresarios que negocian con el Ejército.

"Si alguien tiene algo, que se dirima allí y no en forma anónima", dice Gonzalo Nin Novoa. "No tengo nada que esconder y por eso pido que se investigue para ver qué hay", agrega.

Integrante de Alianza Progresista (AP), sector frenteamplista que lidera su hermano, fue vinculado en una denuncia anónima que llegó a la Presidencia de la República sobre la existencia de una organización conformada por altos militares en actividad, empresarios y proveedores del Ejército dedicada al tráfico de influencias y corrupción.

El jueves 22, el semanario Búsqueda informó que el Ministerio de Defensa tiene en su poder varios documentos que conforman una denuncia contra esas personas, donde se cuestiona el manejo de los dineros por parte del Ejército, especialmente en el área logística.

Así, según la denuncia, se plantean dudas sobre el proceso de compra de armamento y la contratación de una empresa constructora para las obras de acondicionamiento en varias unidades militares.

Además, en los documentos en poder de Defensa se afirma que este grupo de personas tiene "objetivos económicos" en el Ejército y que recibiría el apoyo de una figura de primera línea dentro del gobierno. El diario El Observador dijo ayer que una de estas personas es Gonzalo Nin Novoa.

Según la denuncia, el grupo empresarial hace sobrefacturación, cambio de rubros y blanqueo de gastos, con colaboración de mandos militares intermedios.

Uno de los negocios que se denuncia es la compra de 40 carros blindados que el Ejército debe reponer para misiones de paz de la ONU, lo cual se afirma en los documentos que no servirán para ese propósito.

Pero esos blindados proceden de Canadá y son del tipo Mowag 6X6. Son usados, pero se está en proceso de recuperación de su estado operacional en la empresa chilena Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae). Gracias a esto, su valor será de un 10% de lo que costarían nuevos, precisaron a El País fuentes militares.

GESTIONES. Simultáneamente con la difusión de esta información, el abogado Gustavo Salle se disponía a presentar ayer mismo un escrito ante la Justicia, solicitando que se investigue la denuncia.

Ayer, cuando Salle salía de su casa hacia el Juzgado, recibió una llamada de la abogada Hebe Martínez Burlé, quien le pidió que no presentara el escrito, puesto que el propio Gonzalo Nin concurriría a la Justicia el lunes. "Con Martínez Burlé tenemos una amistad de años y en atención a esa amistad que nos une le dije que no tengo problema en esperar unos días", dijo Salle. Añadió que eso fue luego de que ambos "asumimos el compromiso de que Nin se presente el lunes ante la Justicia".

Salle narró a El País que leyó los artículos de prensa y "como advertí que pasan los días y el Ministerio Público no reacciona frente a los hechos, me decido hoy (por ayer) a poner en conocimiento de la Justicia Penal los informes de prensa. Como ciudadano iba a pedir que hechos con apariencia delictiva en el gobierno fueran investigados por un poder independiente". Lo que tras la conversación con Martínez Burlé quedó sin efecto.

CORRECCIÓN. Una de las denuncias que tiene el gobierno alude al manejo financiero que lleva adelante el Ejército "encubierto por actos administrativos", dice Búsqueda.

En el centro de la polémica está el proceso de compras del Ejército. Actualmente, la fuerza de tierra se maneja mayoritariamente con el dinero proveniente de la ONU producto de la participación en las misiones de paz, y no con recursos presupuestales del Ministerio de Defensa. Esto tiene una diferencia fundamental: el dinero de la ONU entra directamente al Ejército y no es controlado ni por Defensa ni por el Ministerio de Economía.

Hace unos meses, se informó que la ONU adeudaba a las Fuerzas Armadas unos U$S 15 millones, y tiempo después la deuda se puso casi al día.

La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, se percató de esta situación y se puso a cubierto. Por eso hizo incluir en la Rendición de Cuentas aprobada en agosto -que regirá a partir del 1° de enero de 2008- una disposición ordenando que el Ministerio es el exclusivo ordenador de gastos.

Hermano-secretario. Gonzalo Nin siempre fue un hombre de bajo perfil. Cuando la campaña electoral de 2004, le hacía de chofer a su hermano en las recorridas por el interior. Lo acompaña políticamente desde 1994, cuando se conformó el Encuentro Progresista en época en que era ya su secretario personal. Nunca tuvo un cargo político de relevancia e ingresó al Frente Amplio hace dos años, cuando se incorporó la Alianza Progresista.

Nin ha participado en varios eventos sociales, incluso en reuniones realizadas en el domicilio del empresario Igor Svetogorsky. Es uno de los principales proveedores de armamento a las Fuerzas Armadas en una actividad que lleva 40 años, así como para otras dependencias del Estado, confió el propio empresario a El País.

Los anteriores gobiernos han hecho negocios legales con él. Incluso, este gobierno ha realizado más de una operación en la que el empresario participó como representante de varias empresas extranjeras fabricantes y proveedoras de armamento y logística militar.

Hace casi un año, en la Cámara de Diputados se discutía sobre la conveniencia o no de comprar dos radares españoles para la Fuerza Aérea a un costo de U$S 25 millones. Fue en ese marco que el Frente Amplio criticaba fuertemente al diputado blanco Jorge Gandini, que se oponía a esa compra. Ahí volvió a escena el nombre de Svetogorsky. El legislador escuchó que se le reprochaba que el gobierno del Partido Nacional había hecho negocios con ese empresario.

Gandini recordó que, efectivamente, eso fue así y que recientemente él había sido invitado a una fiesta en el domicilio del empresario. Pero añadió que cuando llegó a la fiesta se encontró con el vicepresidente Nin Novoa, con su hermano Gonzalo, la esposa del senador Eleuterio Fernández Huidobro, y otras figuras del gobierno del Frente Amplio. El oficialismo no hizo otros comentarios. Momentos más tarde, en aquella sesión de Diputados, se acercó a Gandini un diputado frenteamplista para agradecerle el olvido y que no lo hubiera nombrado, ya que también estaba en aquella reunión en casa de Svetogorsky.

La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, decidió no investigar la denuncia y descalificó la entidad de la documentación recibida. "Recibí una serie de fotocopias, sin firmas ni referencias. No le di trámite porque eso no era una denuncia. Una persona que hace afirmaciones tan fuertes y permanece en el anonimato, no me merece respeto", dijo Berrutti ayer a El País en el Parlamento, adonde concurrió por un festival de bandas militares.

Con cierta incomodidad por haber sido interrogada por varios periodistas sobre el caso, Berrutti desafió al denunciante. "Me gustaría que si tiene pruebas de esas denuncias, se presente ante el Juzgado. Los jueces también le van a exigir una firma responsable", sostuvo.

El jefe del Ejército, Jorge Rosales, coincidió con la ministra: "Eso (lo denunciado) es algo irrelevante".

A nivel político hubo varias repercusiones. El senador herrerista Gustavo Penadés planteará en la bancada que se siga de cerca la evolución de los hechos denunciados. Además, comentó a El País que espera que la ministra tome la iniciativa de informar al Parlamento cuando avancen las investigaciones.

Por su parte, el diputado nacionalista Javier García piensa convocar a la ministra a la comisión de Defensa. "En el Ministerio de Defensa están pasando cosas raras. Hace tres meses denuncié un embarque de municiones en un buque de la Armada. Se hizo una investigación administrativa y nunca se supo quién fue responsable. Después, se produjo un robo de armamento de la Fuerza Aérea y ningún jerarca ha sido llamado a responsabilidad", recordó García.

"El Ministerio debe estudiar a fondo esto. Las mayorías se pueden usar para varias cosas, pero vemos que en este caso se usan para tapar hechos", dijo.

El empresario Igor Svetogorsky ofreció en 2006 radares y repuestos de fabricación ucraniana al gobierno a un costo de U$S 9 millones. La oferta se desechó, optándose por comprar los radares españoles a un costo casi tres veces mayor, U$S 25 millones. El gobierno alegó que necesitaba los aparatos en forma urgente para la Cumbre Iberoamericana de noviembre de 2006 y terminó adquiriendo los españoles, cuyo fabricante se los prometió para 36 meses después, que se cumplen en 2009. Los que ofrecía Svetogorsky hubieran llegado en nueve meses.