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EDUARDO BARRENECHE

El Ministerio del Interior pretende que la tecnología se instale en las cárceles en 2008. La cartera estudia la compra de tobilleras electrónicas para presos en libertad condicional y "scanners" químicos y de rayos X que eviten el cacheo a visitas.

El objetivo de la adquisición de nuevas tecnologías es uno solo: disminuir la densidad en las cárceles y mejorar la seguridad durante las visitas de los familiares, afirmó a El País la asesora de la ministra Daisy Tourné en asuntos penitenciarios, María Noel Rodríguez.

"A nadie le gusta que lo cacheen. Tampoco a los funcionarios hacerlo", explicó.

Otra medida tendiente a mejorar la eficacia de la administración carcelaria será la unificación del sistema penitenciario. En el 2008, el Ministerio del Interior pretende, en una primera etapa, pasar todos los penales de las Jefaturas de Policía a la Dirección Nacional de Cárceles. Luego transformar a esa institución en un servicio descentralizado. En una tercer etapa, las cárceles saldrían de la jurisdicción del Ministerio del Interior.

Las "tobilleras electrónicas" para reclusos, son un sistema de posicionamiento global (GPS) que permite a la Policía seguir al preso con salidas transitorias, dijo Rodríguez.

El juez de la causa delimita un área donde podrá desplazarse el recluso y si este viola esos los límites, el sistema se activa. El Ministerio del Interior comunica el hecho al magistrado y este cancela las medidas transitorias. "Ahora estamos recibiendo algunas ofertas y muestras de tobilleras electrónicas de empresas argentinas, israelíes, españolas y nacionales", dijo Rodríguez.

Indicó que la compra de estos equipos está prevista a "corto plazo", porque ya cuentan con la aprobación de la Suprema Corte de Justicia.

Otra acciones complementarias a la privación de libertad sería que los jueces ordenen más trabajos comunitarios para los penados de delitos leves. "Se trata de medidas que nos ayudará a descomprimir las cárceles", agregó la asesora ministerial.

En este momento, los penales uruguayos alojan a 7.200 personas. En el Complejo Carcelario (Comcar) de Santiago Vázquez se encuentran recluidas unas 3.000 penados cuando el establecimiento fue construido para albergar a 1.000.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Ricardo Bernal expresó a El País que la cartera estudia la adquisición de equipos de alta tecnología para neutralizar el ingreso de drogas y armas en las cárceles.

"El problema de siempre es el alto costo de estos dispositivos. Pero se analiza la compra de scanner que detectan drogas en el cuerpo de una persona y equipos de rayos X para observar el contenido de los objetos", dijo el jerarca gubernamental.

El "scanner biológico" se trata de un cubículo donde ingresa el familiar del recluso durante una de las visitas.

Varios chorros de aire comprimido envuelven a la persona. Si esta manipuló drogas en las últimas horas o lleva algún tipo de alucinógenos escondidos en su cuerpo, el equipo lo detecta.

CAMBIOS. Los primeros penales de las Jefaturas que pasarán a la Dirección Nacional de Cárceles serán los de San José y Colonia, afirmó la asesora María Noel Rodríguez.

Además de poseer carencias estructurales, la cárcel de San José se encuentra a muy poca distancia del Penal de Libertad. Además, el Ministerio del Interior prevé la inauguración a corto plazo de una cárcel nueva en el pueblo maragato de Juan Soler.

Según Rodríguez, se cerrará la cárcel departamental de San José y la población reclusa se distribuirá en la Dirección de Cárceles y en el nuevo establecimiento.

Otra cárcel que seguirá el mismo camino administrativo y será gestionado por la Dirección de Cárceles será la de Piedras de los Indios (Colonia).

El proceso continuará con la penitenciaría de Canelones. Por sus enormes dimensiones, esta cárcel necesitará en breve un incremento presupuestal que se hará a través de una Rendición de Cuentas.

El Ministerio del Interior "aprovechará" esa oportunidad para transferirla a la Dirección de Cárceles, dijo Rodríguez.

"Esperamos que en el 2008 terminemos el pasaje de todas las cárceles departamentales a la Dirección Nacional", expresó la asesora ministerial. En este momento, el Estado Mayor del Ministerio del Interior elabora un plan de acción para impulsar la transferencia de recursos presupuestales y humanos de las Jefaturas departamentales a la Dirección Nacional de Cárceles. Dicho plan también determinará la creación de cárceles regionales porque desde Montevideo "no es posible" mantener el control de establecimientos ubicados a 300 kilómetros, dijo.

DESCENTRALIZACIÓN. Antes del golpe militar, las cárceles uruguayas dependían del Ministerio de Educación y Cultura. Esta cartera "no tiene condiciones" de recibirlas y el país carece de un Ministerio de Justicia. "Me parece riesgoso que, mientras el sistema no esté fortalecido, colocarlo fuera de la órbita del Ministerio del Interior", indicó.

A juicio de Rodríguez, las etapas para sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior serían las siguientes: unificar el sistema carcelario; generar un área "más civil" dentro de dicha cartera y colocar las cárceles y el Patronato de Liberados y Encarcelados dentro de esa área. "Luego habría que crear un servicio descentralizado que se encargue de los penales. No renunciamos a la idea de que el sistema penitenciario esté fuera del Ministerio del Interior", dijo.

Expresó que es posible que en un futuro se inaugure en Uruguay un Ministerio de Justicia como ocurre en la mayoría de los países de la región. "Ese sería el lugar indicado para ubicar a las cárceles", advirtió.

El lunes 10, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) realizó un diagnóstico negativo del sistema carcelario. "Más allá de los esfuerzos realizados por la actual administración, no se ha logrado superar el estado de violaciones de los derechos humanos" en los penales, señala el documento.

El Serpaj planteó que el Ministerio del Interior "debía solucionar la carencia de agua y la alimentación insuficiente y de mala calidad nutricional" y "actuar en forma urgente para cesar la violencia intracarcelaria que ha provocado que este año murieran nueve reclusos en la cárcel de Libertad y cinco en el Comcar".

María Noel Rodríguez, asesora del Ministerio del Interior, replicó que Serpaj comete una "generalización injusta". "No es posible" hacer un diagnóstico veraz de cárceles "visitando a tres penales".

"Tampoco reconoce que se crearon 2.000 nuevas plazas durante este gobierno", dijo.

Rodríguez indicó que el Ministerio del Interior reconoce el estado del Comcar y "abre el juego" para buscar una solución entre todos los actores.

"Es alto el vandalismo existente dentro de las cárceles", explicó Rodríguez.