EDUARDO BARRENECHE

"¿Por qué me vienen a buscar?", preguntó el teniente general retirado Gregorio Álvarez a los cuatro policías de Interpol que golpearon en la mañana de ayer en la puerta de la casa de un sobrino del ex dictador.

"Usted fue procesado por la ley 18.026 (delito de desaparición forzosa de personas) y tenemos la orden judicial de llevarlo con nosotros", respondió uno de los integrantes del Comando de Interpol.

"Muy bien. Ustedes están cumpliendo con su trabajo", afirmó Álvarez y caminó junto con los seis efectivos de Interpol.

La historia de la detención de ex dictador comenzó a la hora 7.15. A esa hora el juez penal de la causa, Luis Charles, citó a su despacho al director y subdirector de Interpol-Uruguay, Carlos Campos y Julio del Río, respectivamente, para entregarles la orden de detención de Álvarez.

Al regresar a la sede de Interpol, Campos informó a sus mandos ministeriales sobre la directiva judicial que había recibido minutos antes.

Luego formó equipos para ejecutarla. Tres móviles con seis hombres se dirigieron hacia la casa de Álvarez ubicada en Pedro Campbell y Américo Ricaldoni (Parque de los Aliados).

A la hora 8.30 sonó el timbre en la vivienda. La esposa del ex dictador abrió la puerta y comunicó a los policías que su esposo se encontraba en el domicilio de un sobrino ubicado en el barrio La Blanqueada.

Dos equipos de Interpol se dirigieron hacia esa vivienda, mientras que el tercero se desplazó hacia la casa de una hija de Álvarez en las cercanías del Prado, ya que cabía la posibilidad que este podría estar allí.

Eran casi las nueve de la mañana cuando los dos vehículos de Interpol estacionaron frente a la casa del sobrino del dictador en Mariano Moreno y Emilio Raña.

Los familiares de Álvarez abrieron la puerta. Enseguida salió el ex dictador a hablar con los policías. No hubo gritos ni protestas.

Tras informarle sobre los motivos por los cuales se lo buscaba, Álvarez dejó entrever que ya sabía que en cualquier momento la Policía lo iba a detener.

Subió en uno de los vehículos junto con los integrantes del Comando de Interpol.

"¿A dónde me lleva?", preguntó a uno de los oficiales superiores.

"Primero a la sede de Interpol y luego a Cárcel Central", le informó el policía siguiendo los trámites de rigor como si Álvarez fuera un detenido más.

A la hora 9.30, el director Campos informó al juez Charles y a sus mandos del Ministerio del Interior que había cumplido con la orden de detención del ex dictador.

Álvarez debió esperar unos 40 minutos en la sede del organismo policial mientras se tramitaba su detención.

A la hora 10.10, Charles ordenó el traslado a Cárcel Central donde efectivos de Policía Técnica realizaron su fichaje. Luego fue derivado a la cárcel de Domingo Arena donde se encuentran recluidos otros uniformados por violaciones a los derechos humanos durante el período de facto: los militares retirados José Gavazzo, Jorge Silveira, Luis Maurente y Gilberto Vázquez, el sargento Ernesto Soca, y los policías José Sande y Ricardo Medina, por la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo, Adalberto Soba. Ernesto Rama, otro procesado por este caso, está internado en el Hospital Militar.

COORDINACIÓN. En la mañana de ayer, Charles emitió una segunda orden de detención contra el capitán retirado de la Armada, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, acusado de coautor de reiterados delitos de desapariciones forzadas, en la misma causa por la que fue procesado Álvarez.

Larcebeau Aguirregaray vive en Colonia. El Comando de Interpol coordinó su captura con las principales autoridades de la Jefatura de Policía de ese departamento.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El País que los policías colonienses detuvieron a Larcebeau Aguirregaray y lo trasladaron hasta Montevideo donde también fue encarcelado en la prisión construida para represores de la dictadura.

Gregorio Alvarez entregó el gobierno el 12 de febrero de 1985, dos semanas antes de que asumiera Sanguinetti como el primer presidente electo democráticamente tras la dictadura. El interinato lo cumplió el titular de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego. En el acto de asunción el 1° de marzo, quien lo impuso fue su vicepresidente Enrique Tarigo. "No quiero recibir el gobierno de ninguno de la dictadura", decía Sanguinetti a sus allegados.