SEBASTIÁN CABRERA

-El proyecto de reforma del Estado fija nuevas oficinas y reparticiones. Algunas incluso ya fueron creadas. ¿Hay una estimación de cuánto crecerá la plantilla de funcionarios públicos?

-Ahora no tengo cifras concretas. Estamos haciendo un estudio en cada lugar de trabajo y al final sabremos qué puestos se precisan y con qué competencias. Pero no partimos de la premisa de que queremos un Estado más chico y no decimos: vamos a tener 30% menos de personal. No me interesa, al barrer, si son más o menos funcionarios. Quiero tener los funcionarios adecuados en los lugares adecuados. En muchos lugares falta personal.

-Pero, a la vez, dicen que hay personal excedentario.

- Lógicamente. Por ejemplo, las bases de datos del Registro Civil no están digitalizadas. Cuando eso suceda, los procesos de expedición serán más dinámicos y se precisarán menos puestos de trabajo. Son procesos de reconversión industrial, que deben hacerse con rostro humano. Una concepción populista de izquierda podría ser: quedo bien con todos mis funcionarios y no hago el proceso. Una versión populista de derecha es: hay que bajar funcionarios, sin análisis adecuado de adónde faltan y adónde sobran. No debe haber procesos a rajatabla. Pero debe quedar claro que se sentirá la transformación. No es una reformita. ¿Qué pasa con la gente cuyo puesto de trabajo queda obsoleto? Algunos serán recapacitados, a otros les daremos incentivos para el retiro y bajaremos las edades jubilatorias.

-Se ha hablado de bajar la edad de retiro de 70 a 65 en el Estado. ¿Cuánto costaría?

-La OPP está haciendo estimaciones. A priori podría decir que no es un gran costo para el Estado, en la medida de que se pasa a pagar un 60% (de esos sueldos). Para que sea atractivo, debe aumentarse la tasa de reemplazo, lo cual sí pasa a ser un costo. Hoy en la Administración Central cerca del 10% de los funcionarios tiene más de 65 años, si se excluye los ministerios del Interior y de Defensa.

-En concreto, ¿qué se hará con los sueldos de los funcionarios públicos? ¿Qué va a cambiar con respecto a la situación actual?

-Ya hay cosas. Me da mucho fastidio cuando se dice que no hay nada. Ya se han simplificado los sueldos. En la Administración Central había un montón de compensaciones en un mismo sueldo. Hubo que hacer un gran laburo durante dos años para simplificar el gasto en cinco objetos. Ese es un producto brutal, aunque sigue siendo tierra de nadie la administración pública por el descontrol, la inequidad y la falta de motivación.

-El lunes pasado en la Agrupación de Gobierno, la ministra Marina Arismendi dijo que ella no cree que se pueda lograr en este gobierno la famosa meta de "a igual tarea, igual salario".

-Y no. Sería absurdo. No se puede, si uno mira lo que gana un funcionario de un banco que está a la mitad de su carrera y lo que gana uno que está a la mitad de su carrera en el ministerio de Educación y Cultura. Al primero no le voy a bajar el sueldo y al segundo no se lo puedo subir de golpe.

-O sea que las desigualdades seguirán.

-No, se van corrigiendo. No lo podemos hacer de un solo saque. Tampoco hay que llegar exactamente a igual función, igual remuneración. No es lo mismo cumplir una función con 100 personas a cargo que con diez, salvo que el país dependa de esas diez personas. Yo insisto: una socialdemocracia inteligente es cara.

-¿Qué pasará con los sueldos altos en el Estado?

- Hoy no estamos bien remunerados. Cuando voy a negociar con sindicatos de la banca o de las empresas públicas, negocio con gente que está muy por arriba de mi salario, lo cual produce situaciones absurdas. Es como que un CEO de una empresa negociara con empleados que ganan tres veces más que él. Este gobierno tiene la intención de subir los salarios de los cargos políticos de responsabilidad y de particular confianza. No ahora, porque los estaríamos subiendo para nosotros. Dejaríamos pronto un decreto para un próximo período de gobierno. Si vence el Partido Nacional, que ganen lo que tienen que ganar.

-También se habla de suprimir proventos. ¿Cómo?

-El tema de los proventos distorsiona mucho. Algunos serán sacados. Si yo decido políticamente no cobrar más un trámite, ese provento no te va más. Habrá que ver cómo se procesa: se salarizará ese provento, gastando dinero de Rentas Generales, o sea de la ciudadanía. Pero no cobrarás más ese provento por hacer el trámite ni porque me decís que es urgente. Todos los trámites serán urgentes: apretás el botón y ya está hecho. No me amenaces con que vas a hacer lento el trámite, que vas a demorar 48 horas, porque ahí te voy a evaluar y quedarás afuera.

-¿Eso no provocará problemas con los sindicatos?

-La mayoría de los funcionarios está en contra de este sistema perverso y la ciudadanía ni que hablar. COFE es una federación de sindicatos y sus representantes son de primera línea. Claro que hay resistencias sindicales. Hay sindicatos en la confederación que están defendiendo su propio interés y no necesariamente representan a los funcionarios.

-El proyecto de reforma del Estado habla de sociedades mixtas en las empresas públicas y derecho privado para áreas no estratégicas. ¿Qué cambia con respecto a la situación actual?

-Hay que reconocerle a la oposición que fue pasando cosas al derecho privado. ¿Por qué no pasar todo al derecho privado? Hay actividades estratégicas que generan dineros públicos y deben tener ciertos controles del Tribunal de Cuentas y del Parlamento. Además, en el derecho público se pueden declarar servicios esenciales y en el derecho privado no se puede obligar al trabajador a que abandone la huelga. Esto en Uruguay no está del todo bien discutido.

-Ustedes hablan de actualizar el derecho público.

-Exacto. Dejar en el derecho público no significa que la actividad sea ineficiente. Hay que agilizar el derecho público, sin que pierda la esencia de lo público, pero ganando la flexibilización empresarial propia del derecho privado. Nos estamos mandando una pruebita. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas tampoco nos debe hacer pasar por diez millones de controles legales, ritualistas. No critico al Tribunal, pero no debe estar obligado a observar bobadas.

-¿La reforma constitucional que se anuncia, incluirá cambios electorales?

-En eso no me meto. Sé que entrarán distintos temas. Dependerá de lo que decida la fuerza política.

Como parte de la reforma del Estado, el gobierno piensa crear una agencia que coordine las concesiones de obras y servicios a privados, al mismo tiempo que se elaborará una normativa general sobre el tema. La agencia incluirá un comité interministerial, se encargará de redactar los pliegos de las licitaciones, analizar planes de negocios y tener el "know how", dijo a El País el subdirector de la OPP, Conrado Ramos. Advirtió que hay que evitar "caer en irregularidades". A su juicio, una normativa general sobre concesiones a privados "puede aumentar el interés" de los inversores.

"Si nos vamos de este edificio (Libertad) y viene un hospital, ¿con qué plata vamos a reformarlo? Te asociás con una empresa que remodela esto y lo da llave en mano. Le vas pagando en canon. No le daríamos puestos a empleados públicos, pero sí a un montón de empleados privados", opinó.