EDUARDO BARRENECHE

-Los uruguayos tienen la percepción que la Justicia es demasiado lenta. ¿Cómo se modifica ese punto de vista?

-Vamos a decir que la opinión pública tenía razón. Estamos tratando de modificar eso en varias esferas de acción. En la Corte se realizaban los trámites más lentos del Poder Judicial. Antes estos duraban cuatro años y ahora unos meses. La duración actual de un expediente es de ocho o diez meses. Además tenemos un programa de fortalecimiento del Poder Judicial que supone la creación del expediente electrónico. Las notificaciones se harán a través de casillas electrónicas. Y las firmas de los expedientes serán digitales. Esto supondrá una disminución muy importante de los trámites. En materia Penal estamos en un proceso de transformación del Código de Proceso Penal. Una vez que este código sea aprobado por el Parlamento y el Poder Judicial tenga los recursos financieros para implementarlo, lograremos una agilización del proceso penal. El proceso penal, a pesar de ser escrito, tiene un tiempo de duración bastante pequeño en comparación con otros países de América Latina. Estamos en un promedio de 12 a 14 meses en la primera instancia.

-Otro punto débil del sistema judicial es la enorme cantidad de personas encarceladas sin sentencia. Algunas ONG señalan que el 60% de los 7.000 presos uruguayos carecen de condena. ¿Cómo se modifica esta situación?

-El Poder Judicial maneja unos números y desde afuera se formulan otros.

-¿Cuáles son esos porcentajes de presos sin condena según el Poder Judicial?

-Consideramos que los reclusos sin condena son un 30%. La diferencia radica en que quienes realizan las estadísticas del lado de afuera, incluyen dentro de los presos sin condena a aquel que ingresó ayer a la cárcel. Hay que tener en cuenta que el proceso de ese individuo dura un año. Si se elimina a las personas procesadas en el año anterior, tenemos el 30% de presos sin condena.

-De todas formas se trata de una cifra elevada.

-Es cierto. Pero es la menor de Latinoamérica. Con eso no quiere decir que sea buena. Esta cifra se disminuye no sólo aligerando el proceso penal, sino también con medidas legislativas que permitan que el 70% de los procesados no vayan presos sino que sufran medidas alternativas de prisión. Considero que hay que aumentar esas medidas alternativas. Pero para hacerlo necesitamos recursos. Una de ellas es la famosa pulsera electrónica en el tobillo. Si se le pregunta a cualquier persona que resultó procesada si prefiere usar la pulsera o ir a la cárcel, éste responderá que le coloquen el mecanismo y que lo monitoreen todo el día, hasta cuando vaya al baño. Si el procesado traspasa los límites, se le quita la pulsera y entonces irá a la cárcel. Otra medida prioritaria es construir más cárceles. Es la forma que tenemos para descongestionar los penales. Y tratar de separar a aquellos presos que generan problemas y lideran bandas de los procesados por protagonizar un accidente.

-En este momento un peligroso rapiñero convive en la cárcel con un primario. ¿Qué opinión le merece esta situación?

-(El sistema carcelario) no tiene forma de discriminar nada. Ni al procesado que tuvo un accidente con el auto y que atropelló a una persona con un sujeto que copó una casa y mató a dos personas. Eso es dañino para el sistema y para la recuperación de la persona que tuvo un accidente, que es un hecho eventual.

Sé que el Ministerio del Interior está trabajando fuerte sobre el problema carcelario.

-El 2007 fue un año récord en incautación de drogas y detección de traficantes. Sin embargo, los jueces que actuaron en esos casos debieron estudiar complejas maniobras delictivas en plazos cortos, mientras atendían en su turno rapiñas, homicidios, accidentes y hurtos. ¿Habría que crear juzgados especializados en drogas?

-Necesariamente se va a tener que llegar a la especialización en ese tipo de delitos. En Uruguay no sólo hay tráfico de drogas y lavado de dinero. También existe el problema del terrorismo, que en algún momento vamos a tener en el país. Además en Uruguay también hay tráfico de armas y de personas. Hay una serie de elementos de importancia que sería necesario que lo trataran jueces especializados. Estos magistrados necesitarán apoyo logístico y policía especializada que ya tenemos. Pero esta policía debe depender del juez.

-¿No es lo que ocurre en este momento? La Policía funciona como un brazo auxiliar de la Justicia.

-Es cierto. Pero la Policía se maneja con otros parámetros. El juez necesita que le averigüen una cosa. Sin embargo, por razones de trabajo, la Policía averigua otra. Entonces se demora la investigación que quiere el juez. Yo soy partidario de la Policía Judicial.

Nombre: Jorge Ruibal Pino

Nació: Montevideo, el 6 de junio de 1945

Edad: 62

Otros datos: Abogado, ex fiscal

Egresó de la Universidad de la República con el título de abogado el 15 de octubre de 1975. Fue designado como titular de la Fiscalía Letrada Departamental de Rivera el 21 de septiembre de 1977. Casi un año después, el 29 de agosto de 1978, se le designó para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental en Carmelo. Ruibal Pino renunció al Ministerio Público y Fiscal para ingresar al Poder Judicial en agosto de 1979, ocupando el cargo de Juez Letrado en la ciudad de Colonia. En 1980 se desempeñó como Juez Letrado de Maldonado y en 1981 lo hizo como Juez Letrado en lo Penal de Montevideo. En 1989 fue trasladado al Juzgado Civil de 2º Turno de la capital. En 1991 fue ascendido para integrar el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. En 1992 lo trasladaron al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno y desde 1998 integra el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno. La Asamblea General lo designó ministro de la Suprema Corte de Justicia el 20 de marzo de 2007, fecha en la que asumió.