DANIEL ISGLEAS

Una estructura de mando politizada y cada vez con menor peso de los militares, racionalización de servicios comunes a las fuerzas castrenses y enunciados sin mayor contenido, forman parte de la nueva ley de defensa nacional que quiere el gobierno.

La propuesta está en el Parlamento y es una de las reformas que la administración Vázquez quiere aprobar este año. Se espera un intenso debate por sus contenidos. Estos son sus aspectos medulares:

1. Un sistema de Defensa Nacional en el gobierno.

La nueva estructura de poder planteada por este proyecto de ley muestra tres patas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Consejo de Defensa Nacional. En conjunto, se denomina "el sistema de defensa nacional". El Ejecutivo dirigirá la política y estrategia de las operaciones militares en caso necesario y, en tiempos de paz, determinará la política y objetivos de la defensa. Al Legislativo le competen las funciones que actualmente tiene según la Constitución. Y al Consejo se lo ve como "articulador de políticas sectoriales", lo cual hasta ahora se ha venido haciendo mediante órdenes directas.

2. Creación del Consejo de Defensa Nacional en el Poder Ejecutivo.

Por su denominación, recuerda al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) de la dictadura, que implementó la doctrina de seguridad nacional. Como aquel órgano, este analizará aspectos de la economía, las relaciones exteriores y la defensa. Pero hay una variante: asesorará al presidente sin la palabra técnica de los jefes de las Fuerzas Armadas que, eventualmente, podrán ser convocados, lo mismo que los legisladores u otro cualquier ciudadano. Hay predominio político en las decisiones. Una situación de crisis se interpretará exclusivamente con visión política para, a partir de entonces, dar las directivas a los militares.

3. El Estado Mayor de la Defensa es otro ámbito de poder que se crea en el Ministerio de Defensa.

Representa un poco más de lo que ya hay, pero politizado. En los hechos, revive el Estado Mayor Conjunto (Esmaco) de épocas pasadas, pero con otro nombre. La estructura de poder en el Ministerio se sostendrá en cuatro áreas básicas: la política de defensa, la administración general, el Estado Mayor de la Defensa y, en último lugar, las tres fuerzas combinadas con tareas de ejecución de políticas exclusivamente. El Estado Mayor de la Defensa tendrá mucho protagonismo político. Su futuro jefe podrá ser un general en actividad o retiro, lo cual deja en carrera a personas como el subsecretario Jaime Igorra, el embajador Gerónimo Cardozo, y el general Oscar Pereira, todos quienes pasaron a retiro con problemas con los mandos militares o que tienen ideas renovadoras para los militares. Pereira, por ejemplo, planteó eliminar las Fuerzas Armadas y formar una Guardia Nacional.

4. Las misiones militares en el exterior.

Cuando se trate de misiones de paz, quedan libradas a los criterios de interés geopolítico. Y en el caso de maniobras militares con fuerzas de países amigos, se actuará en función de las necesidades de defensa militar del país. Es decir, preparación y entrenamiento por si acaso. No hay cambios respecto a lo actual.

5. Recursos humanos militares y civiles.

La iniciativa establece que los ciudadanos deberán estar preparados para la defensa. Durante la vigencia del estado de guerra, las personas estarán a la orden del Consejo de Defensa Nacional. A la vez, establece que el servicio militar y la instrucción serán voluntarios, y que el Poder Ejecutivo fijará los criterios de preparación y disponibilidad. Y no hay más referencias al tema en el articulado. Es un enunciado genérico que debe ser rodeado de contenido.

6. La organización y misión de las Fuerzas Armadas.

Se habla de un nuevo criterio de organización para lograr la "eficacia y eficiencia", según dice la iniciativa. Para ello se menciona la "acción conjunta" de las tres fuerzas y se dispone "la unificación de las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza". Para mencionar dos ejemplos de tantos, las unidades de infantería de combate o la aviación militar. La Fuerza Aérea dispone de aeronaves, pilotos, mecánicos, repuestos, escuelas de instrucción de vuelo, presupuesto y estructura completa. Pero también la Armada los tiene, en el comando de la Aviación Naval, de Laguna del Sauce. Se puede esperar entonces la desaparición de la Aviación Naval y su unificación con la Fuerza Aérea Si se piensa en racionalizar servicios y no duplicar esfuerzos financieros, podría esperarse también que en breve la Fuerza Aérea tenga sus propias baterías antiaéreas para defender las bases.

Hay un capítulo completo dedicado a la Justicia Militar. La iniciativa que promueve el Poder Ejecutivo plantea el traslado de funciones de la justicia militar a la justicia ordinaria, pero en los hechos será la delegación de un problema jurídico del Poder Ejecutivo al Legislativo. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que esa transferencia de competencias es inconstitucional. Luego de conocer esta posición, el Ministerio de Defensa Nacional consultó a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República si este traslado de competencias podría ser hecho por ley o si debía serlo a través de una reforma constitucional. La respuesta demoró y el Ministerio envió igual la iniciativa al Parlamento como estaba. En consecuencia, un problema jurídico en puerta para los legisladores.

Durante la campaña electoral de 2004, el Frente Amplio planteó la necesidad de impulsar un amplio debate nacional sobre defensa. Particularmente, se consideró que los temas de la defensa nacional no son patrimonio exclusivo de los militares y que, en cambio, compete al conjunto de la sociedad. En marzo de 2005, comenzaron los contactos para elaborar una política de Estado sobre defensa. En 2006 se concretó un amplio debate nacional al respecto. Hubo mesas temáticas con veinte sesiones de trabajo. Según datos del Poder Ejecutivo, la mayoría de participantes de esas mesas, el 23,33%, fueron organizaciones sociales.