Violaciones a disposiciones que obliga a los organismos públicos a actuar como agentes de retención del IVA, y la falta de aportes a la seguridad social, son algunas de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en las FF.AA.

El Tribunal de Cuentas (TCR) divulgó ayer en su página web el informe de la auditoría que realizó sobre los procedimientos seguidos por las Fuerzas Armadas en las contrataciones realizadas con fondos provenientes de las misiones de paz de la ONU y los aplicados para la construcción de la Unidad Cercelaria N° 8, donde están alojados los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.

Si bien las misiones de paz se cumplen desde 1992, el período analizado por el TCR comprende los últimos cinco años, y dentro de ese quinquenio se investigaron los años 2003, 2004 y 2007, como muestra representativa del período.

El TCR señala que los fondos recibidos de la ONU tienen la calidad de recursos del Estado, por lo que le son aplicables las normas del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), "asumiendo por tanto la naturaleza de fondos presupuestales".

En el punto "constataciones", el informe señala aspectos que son comunes a las tres fuerzas. Por ejemplo, que los fondos de la ONU que se han utilizado como "propios" hasta mediados de 2005 los recibía el Ministerio de Defensa y que a partir de esa fecha pasaron a ser recibidos por el Comando General del Ejército (CGE).

Según el TCR, las adquisiciones que se efectuaron con dichos fondos fueron realizadas por cada Comando de acuerdo a sus propios procedimientos internos. Además, estos fondos no fueron expuestos como recursos ni como fuentes de financiamiento en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y como consecuencia, no se presentaron en la Rendición de Cuentas del gobierno. Las compras no se han sometido a la intervención preventiva del TCR o de su contador delegado, ni cuentan con la intervención previa del contador central. Tampoco se realizaron retenciones del IVA a los proveedores, de acuerdo al derecho 319/06. Este decreto designó agentes de retención del IVA al Estado, entes autónomos, servicios descentralizados y demás personas públicas estatales.

Ejército. El informe del TCR dice que los fondos ingresan directamente desde el exterior a la cuenta N° 152/30857 del BROU. Según el Departamento Financiero Contable del Comando del Ejército, desde 2003 existe una partida en efectivo en "depósito abovedado" en la sede del CGE, cuyo monto es de aproximadamente un trimestre de viático del personal desplegado en misiones de paz. Además, para pagos en efectivo de montos menores se dispone de un fondo permanente en la Habilitación de Fondos ONU del Departamento Financiero Contable del Ejército, el cual es retirado de la cuenta del BROU en la medida que las necesidades de pago lo impongan. Agrega que permanecen fondos en caja "incumpliéndose" con las leyes 17.296 (artículo 36) y 17.555 (artículo 80), y tampoco se dictaron resoluciones de adjudicación según lo dispone el artículo 14 del Tocaf.

Fuerza Aérea. El TCR dice que de los procedimientos de compras resultan algunos errores de procedimientos, como la presentación de cotizaciones por parte de firmas a las que no les fuera solicitada la misma o trámites en los que la fecha de la resolución de adjudicación es anterior a la de la oferta. Señala además que las adquisiciones en el exterior se realizan a través de la Oficina de Abastecimiento de Misiones con sede en Miami, no figurando las solicitudes de cotización en los antecedentes pero sí las cotizaciones vía fax. En algunas compras se constataron irregularidades y/o errores de procedimientos.

Armada. El TCR dice que los fondos transferidos por el CGE no son depositados en el BROU y se mantienen en la caja fuerte del comandante en jefe. Agrega que los trámites de adquisiciones no culminan con una resolución de adjudicación "competente donde conste su financiación". No se dictaron resoluciones sobre los gastos realizados con fondos de la ONU y se "contraviene" las leyes 17.296 y 17.555 al no depositarse los fondos recibidos de la ONU en el BROU.

La construcción de la cárcel especial para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos, costó U$S 500.000, fue financiada con fondos de las misiones de paz de la ONU y se pagó en efectivo.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, las empresas contratadas para esta obra fueron: Radmor SA (cobró en total U$S 434.023,9 ), Godray SA (U$S 31.625,38), Sensormatic (U$S 31.840), Extintores Romagnolis SA ($ 6.396) y Solutions ($ 24.918).

Por la obra, no se efectuaron retenciones de IVA en los pagos a proveedores, violando un decreto del Poder Ejecutivo de septiembre de 2006.

No se proporcionó documentación respaldante de la autorización del gasto.

No se utilizaron los procedimientos de contratación vigentes del Tocaf.

Entre las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas formula en su informe, figura incluir en la próxima instancia presupuestal las modificaciones necesarias para exponer como ingresos los fondos provenientes de la ONU, como así también todo otro recurso que dispongan de unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa. Asimismo, se recomienda habilitar los créditos correspondientes para la aplicación de esos fondos.

También recomienda realizar las contrataciones administrativas de las que deriven gastos y pagos con los fondos de la ONU.

Otro punto, es someter los gastos y pagos efectuados con fondos de la ONU a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas o de su contador delegado ante el Ministerio de Defensa.

El Tribunal de Cuentas recomienda además depositar en el Banco República los fondos que actualmente se hallan en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa, sin perjuicio del mantenimiento de las "cajas chicas".

La última recomendación que hace el Tribunal es que se recabe la opinión del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, a efectos de determinar si corresponde realizar aportes por las retribuciones abonadas al personal que actúa en las misiones de paz de la ONU.

Las futuras autoridades del Ministerio de Defensa no han resuelto aún cómo reasumirán la administración de los fondos provenientes de la ONU. Se adelantó a El País que se atenderán las recomendaciones tanto del Tribunal de Cuentas como de la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

En una primera impresión, la oposición se mostró proclive a respaldar el dictamen del Tribunal. El diputado blanco Javier García dijo a El País que lo primero debe ser asegurar el pago de dinero sin atrasos a los efectivos que se ausentan del país para participar en las misiones de paz. "Eso hasta ahora no ha sucedido con regularidad", sostuvo García.