ROMA | EFE Y AP

El gobierno conservador italiano decidió ayer apretar las tuercas a los inmigrantes irregulares al aprobar en el primer Consejo de Ministros del nuevo mandato de Silvio Berlusconi que la inmigración clandestina sea considerada un delito.

La reintroducción de la inmigración clandestina como un crimen, que ya rigió en la anterior etapa de Silvio Berlusconi como premier italiano, se traducirá en penas que van desde los seis meses a los cuatro años. Se trata de un hecho histórico en un país que sufrió una gigantesca emigración en tiempos de posguerra.

Los extranjeros que sean condenados a penas de dos años podrán ser expulsados del país y se otorgarán mayores poderes a los alcaldes en caso de peligro público. Además, serán clausurados los centros abusivos habitados por gitanos, a quienes se les verificará si tienen un ingreso monetario suficiente, o serán igualmente expulsados.

Franco Frattini, ministro de Asuntos Exteriores, manifestó que la iniciativa será presentada en un proyecto de ley que se enviará al Parlamento, adonde la derecha cuenta con una amplia mayoría.

En tanto, el titular de Interior, el dirigente de la Liga Norte Roberto Maroni, declaró que "las nuevas medidas harán más fácil la expulsión" de los inmigrantes, además de acelerar los procesos judiciales y de deportación.

Maroni, al igual que otros ministros, comparecieron en rueda de prensa para explicar durante más de una hora las medidas adoptadas que, además de la lucha contra la inmigración, incluyen el combate a la mafia, la supresión de ciertos impuestos o el enésimo intento de arreglar la crisis de la basura en Nápoles.

Fue precisamente en esa ciudad adonde se desarrolló durante cuatro horas el Consejo de Ministros, en el que Berlusconi advirtió que los vertederos serán "zonas militarizadas" (ver aparte).

El primer ministro englobó la cuestión de la inmigración dentro del tema de la seguridad, catalogándolo como "un tema grave, que afecta a todos los italianos", a la vez que enfatizó que "el derecho a no tener miedo es un derecho básico y un Estado, que quiere ser tal, debe garantizarlo a sus ciudadanos". El tema clave de la campaña electoral del líder italiano fue precisamente el de la seguridad, que le dio una victoria aplastante contra la corriente de centroizquierda que gobernaba el país.

Las 30 medidas aprobadas ayer, además de la tipificación de la inmigración ilegal como delito, penalizan a los italianos que cooperen con los "sin papeles", ya que se confiscarán las viviendas de quienes las hayan alquilado a inmigrantes sin documentos en regla. Los arrendadores podrán asimismo ser condenados entre seis meses y tres años de cárcel.

Por otro lado, se endurecen los requerimientos para los denominados "matrimonios de conveniencia", para una más rápida obtención de la ciudadanía italiana. Los dos aspirantes a esposos deberán convivir antes por dos años.

Pero el celo del nuevo gobierno va más allá y alcanza incluso a los ciudadanos comunitarios, ya que entre las medidas aprobadas figura la obligación de cumplir con una serie de requisitos para poder residir sobre el suelo italiano. Por ejemplo, se reclama que "los ciudadanos tengan unos ingresos adecuados para poder mantenerse y mantener a su familia y que no obligue al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social", explicó el titular de Interior. También se controlarán las eventuales enfermedades de los ciudadanos comunitarios, "para evitar que pasen a la comunidad".

El ministro declaró que tal medida está recogida en la norma sobre libre circulación de los ciudadanos europeos y dijo que todo se ha hecho con "pleno y total respeto de la normativa comunitaria".

Berlusconi confirmó que las nuevas normas entrarán en vigor dentro de dos meses y que "darán resultados muy positivos". Dentro de estas reglas se incluyen, además de las citadas, veinte contra el crimen organizado, como la agilización del proceso para entregar al Estado los bienes confiscados a la mafia y "ponerlos a disposición de la comunidad".

El Consejo de Ministros tuvo también una vertiente económica, con la supresión del impuesto de bienes inmuebles para la primera casa y una reducción fiscal sobre las horas extraordinarias y las primas ligadas a la productividad. Esas medidas tendrán un costo de entre 2.700 millones y 2.800 millones de euros.

Mientras se celebraba el Consejo, se desarrollaron en Nápoles nueve manifestaciones, unas para exigir que no se creen vertederos en ciertos lugares; otras de inmigrantes contra las medidas que consideran racistas y otras para reclamar puestos de trabajo.

nápoles Berlusconi abordó ayer el tema de la basura designando a un veterano funcionario para lidiar con el problema de la basura en Nápoles y anunció la creación de vertederos de residuos custodiados por militares en un esfuerzo por limpiar la ciudad.

El funcionario que recibió el encargo es Guido Bertolaso, director del Departamento de Protección Civil de Italia, quien ha estado a cargo de resolver emergencias en Italia en las dos últimas décadas.

"Necesitamos enfrentar una emergencia que parece ser la más urgente y grave, y es la de Nápoles", sostuvo Berlusconi. "Estamos convencidos de que esto traerá nueva vida para Nápoles".

La crisis en Nápoles comenzó en diciembre cuando recogedores de basura dejaron de trabajar diciendo que los vertederos de residuos estaban llenos. Se trata de un problema que data de muchos años, resultado de malos gobiernos, de la negativa de la población a aceptar la instalación de nuevos vertederos y, según los funcionarios, de la infiltración de la mafia.

Pero esta vez, la situación se ha descontrolado en Nápoles, una ciudad de más de un millón de habitantes, donde en la madrugada del lunes se registraron cerca de 90 focos de incendio en basurales, atribuidos a vecinos de la ciudad furiosos con la situación.

Berlusconi, que dijo que desea curar las heridas de una ciudad que ama, prometió que el ejército enviará efectivos para custodiar vertederos de basura y advirtió de fuertes multas contra quienes violen las leyes sanitarias o se nieguen a recolectar residuos. AP