TREINTA Y TRES | MARCO RIVERO

Una mujer de Santa Clara del Olimar denunció a su marido por violencia doméstica y abuso sexual. Ambos trabajaban y vivían en un establecimiento rural. Ante la disyuntiva, sus patrones optaron por mantener el empleo del hombre.

María Luisa perdió su trabajo debido a la situación de violencia doméstica en la que se vio envuelta. Si bien sus patrones la apoyarán económicamente por algún tiempo, ahora que dio el paso de separarse de su marido y denunciar la situación, debe además encontrar un nuevo empleo.

La mujer, de Santa Clara de Olimar, es madre de seis hijos, dos de los cuales viven con ella.

Hace unas semanas denunció a su marido por violencia doméstica y por abuso sexual contra la hija de ambos, de seis años de edad.

En las denuncias fue apoyada por la Oficina de la Mujer y la Familia de la Intendencia de Treinta y Tres.

Juzgado. "Hicimos dos denuncias: una de violencia doméstica hacia la señora, y la otra por la presunción de abuso sexual a su hija", dijo Selva Machado, directora de la oficina municipal de la Mujer y la Familia. Respecto a la segunda, "todavía desde el juzgado no tenemos la contestación oficial del veredicto, pero sabemos que no se dio lugar a la denuncia", señaló.

Tras la intervención judicial, y luego de haber declarado en dos ocasiones en la sede letrada departamental, el hombre fue dejado en libertad sin que se hallaran elementos probatorios de los abusos, pese a que la niña declaró que había sido víctima reiteradamente.

La denuncia por violencia doméstica sí implicó la toma de medidas por parte de la jueza actuante, quien dictó medidas cautelares para el hombre, que no podrá acercarse a su familia por 120 días.

Para Machado el tema no está terminado, y ya se empieza a pensar en una apelación, cuando se considere oportuno.

"Como en cualquier instancia judicial en este país, se puede volver a plantear el tema, y nosotros lo vamos a volver a plantear, a su debido tiempo y luego de que la justicia, como debe ser, nos comunique el veredicto y en que quedó el expediente", indicó. A raíz de esta situación María Luisa perdió su empleo.

Convivencia. La pareja trabajaba en el mismo establecimiento rural, ella como cocinera y él como casero.

La familia vivía en un entorno solitario, en el medio del campo. Ante la revelación de la problemática familiar, los patrones decidieron prescindir de los servicios de la mujer, aunque se comprometieron a ayudarla en la transición.

"Hicimos un abordaje con quienes eran sus empleadores, ellos van a hacer una contención económica por algún tiempo, para que María y sus hijos sigan contando con lo que percibían en su trabajo. En ese tiempo tenemos que buscar la manera de reorganizar sus ingresos", dijo Machado.

"Tanto en Treinta y Tres, como en el lugar donde ella vive, es difícil lograrlo", agregó.

"Contamos con que alguna persona que necesite en estos momentos alguien para trabajar se comunique con nosotros para poder conseguirle empleo a María, para que ella y sus hijos sigan viviendo dignamente".

Además de buscar soluciones para la situación económica de María Luisa y sus hijos, se considera necesario darles un apoyo especializado, en particular a la hija que afirmó haber sido abusada sexualmente.

"Hicimos coordinación con la Red Uruguaya de violencia Doméstica y Sexual, para tratar de que esta niña sea contenida de alguna manera por personas especializadas en esa problemática", dijo Machado.

Selva Machado advirtió sobre la seguidilla de casos en los que las víctimas han sido niños abusados, pero que además han sufrido otro tipo de consecuencias más graves.

"Creo que tendríamos que empezar a realizar cosas para prevenir, y si hay denuncias proteger. ¿Qué vamos a esperar, a la muerte, o casi la muerte, para ejercer ciertos derechos? Tenemos que empezar a revertir esta situación", subrayó.

La Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica señala, entre las consecuencias de este mal, que "interfiere con el desempeño laboral de la mujeres", ya que provoca un "mayor ausentismo y menor productividad, que determinan menores ingresos". "De un cuarto a una mitad de las víctimas de la violencia doméstica dicen que han perdido un trabajo debido en parte a la violencia doméstica. Un estudio ha mostrado que el 96% de las víctimas de la violencia doméstica que tienen empleo experimentan problemas en el trabajo relacionados con la violencia doméstica", se afirma en un documento de la ONG Employment Justice Center, de Estados Unidos. Además, la dependencia económica es una de las razones que inhiben en la mujer la denuncia de las agresiones.