MADRID | EL PAÍS DE MADRID

La crisis económica ha provocado un cambio radical en la política del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se apresta a dar incentivos económicos para repatriar a un millón de inmigrantes regularizados.

Al impulso para la contratación de miles de extranjeros en sus países de origen, hace menos de un año, se suma ahora un incentivo en dinero para que los inmigrantes que están en España se marchen.

Desde julio, el gobierno español ofrecerá a aquellos extranjeros regularizados que se encuentren en seguro de paro incentivos económicos para su salida voluntaria de España.

Los inmigrantes que acepten el retorno a sus países podrán cobrar todo el seguro de paro en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Lo que aún no se ha determinado es cuál de esos dos pagos se hará efectivo antes de que los extranjeros abandonen España y cuál cuando lleguen a su tierra natal. Todos los trámites se efectuarán a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, ha estimado que abarcará a más de un millón de extranjeros. Sus cálculos se basan en la consideración del crecimiento del paro laboral actual, en combinación con el hecho de que quienes decidan acogerse a la oferta del Ejecutivo se llevarán consigo a familiares, que también ostentan un permiso de residencia.

A cambio de recibir los incentivos, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes. Cumplido ese plazo podrán solicitar su retorno, aunque el gobierno español se reserva el derecho a complacer o no su petición.

Estas medidas reflejan las expectativas de España de que en tres años la situación económica, que hoy se halla en apuros, mejorará y "entrará en una fase expansiva y de creación de empleo", en expresión de Corbacho.

La oferta española para los inmigrantes tiene una segunda parte que limita su alcance a los ciudadanos de los 19 Estados no comunitarios que tienen convenio de Seguridad Social con España, para que los retornados no pierdan sus derechos (de salud y jubilación, entre otros), adquiridos durante su estancia en el país. Eso excluye, por ejemplo, a los extranjeros procedentes del África subsahariana.

Corbacho ha encargado a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que mantenga conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y con entidades financieras para que los repatriados reciban "acompañamiento" en su restablecimiento en sus países de origen. Esto se efectuará en forma de microcréditos para que los inmigrantes puedan crear sus propios negocios.

"No tratamos de mandar a una persona en paro a su país sin más. Queremos preservar sus derechos y darle dos oportunidades: la de establecerse en su tierra y la de volver a España en el futuro".

En tal sentido se suma otra medida gubernamental a las anteriormente señaladas. Si, transcurridos de tres a cinco años, el extranjero decide retornar a España, podrá recuperar su situación administrativa que tenía antes de la repatriación, es decir, la residencia permanente y las ventajas relativas a la Seguridad Social.

Antes de que finalice julio los grupos parlamentarios accederán al borrador del decreto de retorno y, seguidamente, el gobierno deberá aprobarlo.

En España residen entre 70.000 y 80.000 uruguayos. Se estima que unos 10.000 carecen de permiso de residencia. Según informó la Casa Uruguay en Madrid, la situación laboral más difícil se da en el rubro de la construcción que es el que emplea a más uruguayos y a gran cantidad de ecuatorianos.