1/1:  20080620 205x198 (AP)

MADRID | AGENCIAS

En medio de las críticas de algunos líderes como Hugo Chávez y Evo Morales a la aprobada "Directiva Retorno", España -que alberga más de cinco millones de inmigrantes- se comprometió a explicar a los países de Latinoamérica la nueva norma.

La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, defendió la directiva europea al considerar que "garantiza los derechos de los inmigrantes", pero sostuvo que su país hará "un esfuerzo diplomático de información" de la normativa en América Latina. "Lo que hace falta es una mayor información sobre la concreción y en qué se traducen estas políticas, especialmente las del gobierno de España", añadió la vicepresidenta.

Particularmente, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer que le explicará a su par venezolano la nueva ley aplicable a los inmigrantes ilegales -votada el miércoles por el Europarlamento en Estrasburgo, Francia-, porque hubo "muchas interpretaciones" al respecto, que no siempre "tienen mucho que ver con la realidad y con lo que esa directiva dice". Aún no se informó cómo se llevará adelante esa tarea informativa.

El gabinete de Zapatero está "absolutamente seguro" de que los países latinoamericanos "compartirán y apoyarán" la decisión de la UE, expresó De la Vega, quien insistió en que la medida, que sólo fija un tope, "no es aplicable a España", cuya ley sitúa en 40 días el plazo de detención.

Según el gobierno socialista español, los extranjeros deben ajustarse a las circunstancias que vive el país, que atraviesa una crisis económica, marcada por un menor crecimiento y menor empleo que en años anteriores.

A los trabajadores extranjeros -y en especial a muchos uruguayos en España- les afecta sobre todo en el sector de la construcción, hiperdesarrollado en España y, en consecuencia, el más golpeado por la desaceleración económica.

A esto se suma el hecho de que este año se ha producido el mayor aumento de la población española desde 2004, alcanzando los 46 millones de habitantes. De ese total, 5,22 millones son inmigrantes, es decir, un 11% de la población total. De 2004 a lo que va de 2008, el aumento de población nacional fue sólo del 0,4%, mientras que los extranjeros crecieron más de un 15%, según el avance del último padrón municipal de enero de 2008, del Instituto Nacional de Estadística (INE) español.

La decisión europea de dar luz verde a la directiva sobre repatriación de personas indocumentadas impactó fuertemente en varios gobiernos latinoamericanos que se proponen lanzar acciones internacionales para intentar su revisión, tema que debatirán en la cumbre del Mercosur, el 1° de julio en Argentina. De hecho, este bloque lamentó ayer la nueva ley migratoria de la UE en un comunicado conjunto.

La declaración más fuerte fue la de Chávez, que el jueves amenazó con cancelar las exportaciones de petróleo a "cualquier país" que aplique la detención y repatriación de inmigrantes indocumentados, y aseguró que igual que Europa decide devolver a sus países de origen a los ilegales, Venezuela podría decidir "el retorno de las inversiones europeas".

Al respecto, Zapatero dijo que explicará la medida a Chávez para que "no haya ninguna reacción". "El ministro español de Asuntos Exteriores (Miguel Angel Moratinos) lo hará si es necesario para que la relación de Europa con todos los países latinoamericanos siga siendo positiva",

Varios líderes de la Unión Europea (UE) -entre ellos el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Javier Solana, y el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, cuyo país preside la UE- calificaron ayer de desproporcionada la reacción del presidente venezolano.

El presidente boliviano, Evo Morales también criticó la decisión de la UE y advirtió que la medida provocará "graves conflictos", no sólo en Europa, y anunció que convocará a una campaña internacional América-África, para que los líderes de la UE "revisen" la directiva.

Por su parte, el presidente peruano Alan García propuso que los países miembros de la OEA se reúnan, a fin de definir una postura continental ante las nuevas leyes europeas. Para ello anunció que pedirá al Secretario General del organismo, José Miguel Insulza, que convoque a una asamblea general.

Perú evalúa el envío de misiones especiales ante los gobiernos europeos, por lo que descartó represalias como "bloqueo o cierre de fronteras``. Lo mismo hará Bolivia al enviar funcionarios consulares a Europa del 7 al 11 de julio.

Con la misma preocupación, el Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, se mostró preocupado por la decisión europea, y aludió al "Compromiso de Montevideo", aprobado en la Cumbre Iberoamericana celebrada aquí en 2006, que "abrió el camino a soluciones ordenadas del problema migratorio".

Los países de origen de los inmigrantes y las organizaciones de Derechos Humanos, coinciden en señalar que la "Directiva Retorno" viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos de los Inmigrantes" y la "Convención de Derechos del Niño" de la Organización de Naciones Unidas.

Las nuevas reglas aprobadas por el Europarlamento contra la inmigración ilegal, que comenzarán a aplicarse en 2010, incluyen un máximo de detención de los "sin papeles" de hasta 18 meses, antes de la expulsión.

Además, se establece que quienes sean expulsados no podrán volver a ingresar a Europa por un plazo máximo de cinco años.

Una de las medidas consideradas más graves por las organizaciones de derechos humanos es la que habilita la posibilidad de retener a menores no acompañados e incluso expulsarlos del país.

La nueva ley también garantiza asistencia jurídica a todos los inmigrantes indocumentados. Hasta su aprobación, ocho de los 27 países de la UE podían retener por tiempo ilimitado a los ilegales sin prestarles esta ayuda.

Enrique Iglesias

sec. general iberoamericano

"Me preocupan mucho las implicaciones que tendrán estas normas", que pueden "producir grandes injusticias", que "minan el clima de confianza, armonía y respeto indispensable para una cooperación internacional efectiva y justa en gobernabilidad migratoria".

Alan García

presidente de perú

"Esto es absolutamente injusto, discriminatorio y poco cristiano", dijo al comentar la aprobación de la nueva normativa. García manifestó su extrañeza por la media en plena tendencia mundial hacia la globalización de los mercados.

José Miguel Insulza

secretario general de la oea

"Se trata de una medida represiva, que afecta directamente a muchos latinoamericanos`` (...) Es una paradoja que mientras se negocian acuerdos comerciales importantes, se adoptan medidas unilaterales que tratan como delincuentes a los inmigrantes ilegales``.