Aunque el paro es una medida gremial aceptada en nuestro Derecho y reconocida en todo el mundo, también es natural que a quienes paran se les descuenten los días no trabajados. Así reza en las reglas de la Organización Internacional del Trabajo y así se practica en nuestro país con una sola excepción: la Universidad de la República.

La inmoralidad de esa situación resalta en momentos en que dichos funcionarios distorsionan las tareas universitaria con paros que buscan lograr un trato favorable a sus intereses en la rendición de cuentas. El colmo acaba de ocurrir con la ocupación de la Facultad de Medicina y la merma de servicios en el Hospital de Clínicas, actos extremos no avalados por los gremios docentes y estudiantiles.

Esta historia de paros gratuitos de los funcionarios es de larga data en una Universidad siempre demandante y ávida de recursos, pero generosa a la hora de descontar los días no trabajados a sus propios huelguistas. Los funcionarios universitarios, unos 7.000 en total, cifra bastante abultada por cierto, se han convertido -como ocurre en otras reparticiones del Estado- en los verdaderos amos de ese servicio público. Son muchas las ocasiones en que por decisión de Afur, la gremial que los agrupa, le cerraron las puertas en la cara a docentes y estudiantes, arruinando períodos de exámenes, suspendiendo clases y causando todo tipo de perjuicios a esa casa de estudios.

Esta experiencia tan negativa con los funcionarios parece no haber hecho carne en su rector, Rodrigo Arocena. En efecto, cuando se habla de reformar la ley orgánica de la Universidad, lastre para su funcionamiento con medio siglo de antigüedad, al rector no se le ocurre mejor idea que proponer la creación de un cuarto orden docente en el cogobierno universitario. Sí, ampliar el ineficiente cogobierno de estudiantes, docentes y egresados que es una de las causas principales del atraso de nuestra Universidad ¡incorporando a los funcionarios a la conducción universitaria!

De prosperar esa iniciativa, los paros gratuitos llevarán el sello oficial y la dictadura de los funcionarios se consolidará y perpetuará.

¡Pobre Universidad de la República!