Prohibirle a egresados universitarios que salgan del país en los primeros años después de recibirse es el atentado contra la libertad contenido en un proyecto gubernamental que cobra fuerza en estos días. Normas de este género sólo se conciben en países con gobiernos totalitarios en donde la libertad ambulatoria está limitada, como todavía sucede en Cuba y Corea del Norte, por citar dos ejemplos. El director de la Oficina Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, y el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, impulsan esta veda absurda capaz de sentar un oprobioso precedente en nuestro país.

Es cierto que la fuga de cerebros es un drama que aqueja al Uruguay y que cientos de profesionales jóvenes emigran cada año en busca de oportunidades en el exterior. Ante esa tendencia no se los puede criminalizar, como si la responsabilidad fuera de ellos, cuando la culpas es de un país que no les da los estímulos que requieren para labrarse un futuro. La gente emigra contra su voluntad, cuando no tiene más remedio y la situación en que vive no le deja otro camino que aventurarse a vivir en un país extraño, lejos de su familia y sus tradiciones.

Es responsabilidad del gobierno -no sólo del actual sino de los que vengan- crear fuentes de trabajo, incentivos y posibilidades atractivas para arraigar a tan valiosos ciudadanos.

En esa dirección deben buscarse las soluciones y no por el lado de prohibirles emigrar (¿Cómo hacerlo? ¿No expidiéndoles pasaporte? ¿Arrestándolos en el aeropuerto?).

La pobreza de argumentos de quienes quieren cerrarles las fronteras es tal que llegan a decir que los egresados adeudan su formación universitaria y que deben compensar ese costo de alguna manera antes de partir. Este razonamiento no sólo es absurdo sino fácil de rebatir cuando se piensa que son los mismos proponentes de la prohibición de emigrar quienes se oponen cerrilmente al cobro de una matrícula universitaria aun a aquellos estudiantes que están en condiciones de pagarla.

Con este proyecto liberticida se busca cobrarles después a la fuerza, y no antes o durante los estudios en forma voluntaria. Es inaceptable.