PABLO DA SILVEIRA
El presidente de la República y el rector de la universidad estatal discreparon públicamente sobre la gratuidad. El presidente Vázquez dijo ser "un convencido" de que "quienes pueden pagar sus estudios universitarios" deben hacerlo. El rector Arocena se opuso desde una columna que publica en el sitio web de la Universidad de la República.
Lo primero que hay que hacer es aplaudir el hecho. En este país donde se evitan tantos debates y se cultivan tantos tabúes, es alentador que dos referentes de la izquierda ventilen sus discrepancias sin sentirse inhibidos por las responsabilidades que ejercen. Necesitamos muchos episodios como este para reducir nuestro déficit de debate democrático.
Pero si lo anterior merece ser festejado, no ocurre lo mismo con la calidad de los argumentos. La cosa es perdonable en el caso del presidente, que habló en el curso de una entrevista televisiva donde se tocaron muchos temas. Pero es menos comprensible en el caso del rector, que escribió un artículo centrado en el asunto. Arocena argumenta que no sería posible cobrarle a tres de cada cuatro estudiantes de la Universidad de la República, porque el 55% trabaja y otro 21 quiere hacerlo. El supuesto es que si esos estudiantes tienen empleo o lo buscan es porque son pobres, pero eso es falso. Hay muchas razones por las que los estudiantes trabajan, y sólo algunas tienen que ver con la pobreza.
Muchos estudiantes empiezan a trabajar antes de recibirse porque saben que los contactos son tan importantes como los títulos. El trabajo paralelo a los estudios aumenta la probabilidad de tener empleo tras aprobar el último examen. A la inversa, muchas empresas prefieren tomar estudiantes avanzados en lugar de profesionales, porque eso les permite formarlos de acuerdo a su estilo de trabajo y sus necesidades. Basta leer los avisos clasificados para percibir la magnitud del fenómeno.
Los estudiantes universitarios que trabajan o buscan trabajo suelen estar mejor que otros jóvenes que hacen lo mismo. Tomar su interés en trabajar como un indicador de apremio económico es un supuesto insostenible. Si los avisos clasificados no alcanzaran, un estudio publicado por CINVE muestra que los uruguayos más pobres casi no se benefician del gasto público en educación superior.
El rector Arocena parece percibir la debilidad de su propio argumento y rápidamente avanza otro: si las cosas no son tan sencillas, "¿qué aparato de inspección deberíamos montar para saber cuáles estudiantes pueden pagar y cuáles no?". Este problema era casi insalvable hasta hace poco, pero el actual gobierno lo resolvió. Ahora podemos usar el mismo instrumento que se usa en muchas partes del mundo: la declaración de impuestos de los padres. El IRPF ha allanado el camino.
El problema de la gratuidad de los estudios universitarios fue diagnosticado hace tiempo por un intelectual de fama mundial: dado que los ricos llegan a la universidad con más frecuencia que los pobres, una universidad gratuita "sólo significa que el costo de la educación de las clases altas es financiado con la recaudación de los impuestos que pagan todos". Quien hizo esta afirmación no fue Milton Friedman sino Karl Marx en un texto de 1875 llamado "Crítica del Programa de Gotha". Y es difícil refutarlo en este punto.