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EDUARDO DELGADO

Una encuesta realizada a 26 legisladores -19 diputados y siete senadores- mostró consenso entre los consultados en la necesidad de cambios en el sistema penal.

El 92% está en desacuerdo con el actual Código de Proceso Penal (CPP), que establece un sistema inquisitivo, escrito y con una investigación judicial reservada realizada por el juez.

El 77% de lo parlamentarios tampoco coinciden en que el juez que dicta un procesamiento y que dispone la eventual privación de libertad del indagado deba ser el mismo magistrado que dicte la condena, como sucede con el actual sistema.

En tanto, el 84,6% está de acuerdo sobre un cambio en el Código de Proceso Penal que establezca un sistema acusatorio, debido a que ofrece más garantías y permite mayor transparencia.

El 73% considera que la reasignación del gasto público para priorizar el aumento del gasto en Justicia es lo más conveniente para financiar un nuevo sistema acusatorio, con juicios orales y públicos, mayor número de fiscales, jueces, defensores públicos e infraestructura para salas de audiencias. Ningún legislador propuso aumentar los impuestos como alternativa al incremento del gasto en Justicia.

En tanto, el 65% respondió que el aumento en las penas no contribuye a disminuir la delincuencia sino que sólo aumenta el número de reclusos, lo que genera un hacinamiento carcelario. El 58% cree que el sistema de prisión preventiva debería modificarse, porque mantiene encarcelados a reclusos que aún no han recibido una condena firme, privándolos de su libertad. Mientras que el 76% estuvo de acuerdo con la aplicación de penas alternativas a la reclusión, con la excepción de una gran variedad de tipos penales.

Por su parte, el 81% opinó que las cárceles no deberían estar en el ámbito del Ministerio del Interior y el 61,5% se opone a la privatización de las prisiones.

La pregunta con respuestas más divididas fue la referida a los motivos que impiden instaurar en Uruguay un sistema acusatorio. La mayoría, 38%, considera que no se hace porque se priorizan inversiones en otras áreas más redituables políticamente.

De los legisladores que respondieron las preguntas, 13 pertenecen al Frente Amplio, nueve al Partido Nacional y cuatro al Partido Colorado. Los diputados consultados integran las comisiones de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y Derechos Humanos; mientras que los senadores son de la Comisión de Constitución y Legislación. Todos integran la comisión bicameral Especial para el seguimiento de la situación carcelaria.

Los resultados de este barómetro legislativo están incluidos en el libro "Reforma al sistema penal y carcelario en Uruguay", que se presentará el próximo miércoles en el Salón de fiestas del Palacio Legislativo y es editado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).

La publicación incluye textos, entre otros, del fiscal de Corte, Rafael Ubiría; del ministro de tribunal de apelaciones penal, Alberto Reyes; del abogado Diego Camaño y de la ex fiscal Penal, Olga Carballo. En el texto aparecen coincidencias en la necesidad de un imperioso cambio en el sistema penal uruguayo, del inquisitivo actual a uno acusatorio, con mayor igualdad entre las partes (fiscales y abogados defensores).

El prólogo del libro, escrito por el comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé, sostiene que el sistema penal uruguayo y en especial, el subsistema penitenciario, "se encuentra inmerso en una profunda crisis", que nos coloca ante dos alternativas: actuar "en clave nacional y asumiendo el problema desde sus raíces o, simplemente, seguir confiando en los parches". También aboga por la adopción de un modelo procesal penal garantista, basado en los principios de oralidad e inmediación, con una activa participación de la víctima y la sujeción física del imputado.