En la mañana del 14 de abril de 1972, los tupamaros cometieron los siguientes asesinatos: el del subcomisario Oscar Delega y el agente Carlos Leites, ametrallados en un patrullero policial, el del Capitán de Corbeta Ernesto Motto, ultimado desde un automóvil mientras esperaba un ómnibus, y el del Prof. Armando Acosta y Lara, ex director interventor de Enseñanza Secundaria y subsecretario del Interior del ex Presidente Jorge Pacheco Areco -acribillado a balazos a la salida de su domicilio- (Julio M. Sanguinetti, "La Agonía de una Democracia", p. 255).

Terminaba de instalarse, el 1° de marzo anterior, un nuevo gobierno democrático, presidido por el señor Juan M. Bordaberry. Éste, incluso, había levantado todas las medidas prontas de seguridad adoptadas por Pacheco. No había, pues, dictadura alguna. Y mandaba el gobierno. No las Fuerzas Armadas, si bien éstas, desde septiembre del año anterior, estaban al frente de la lucha contra el terrorismo del MLN.

Se acentúa entonces la réplica militar, así como su eficacia. Y el 18 de mayo, día del Ejército, los tupamaros asesinan a cuatro soldados que custodiaban, dentro de un jeep, la casa del comandante en jefe del Ejército, general Florencio Gravina: Saúl Correa Díaz, Osiris Núñez Silva, Gaudencio Núñez y Ramón Jesús Ferreira. Estaban tomando mate, cuando alboreaba la mañana. No pudieron amagar a defenderse, siquiera. Sus edades oscilaban entre los 21 y los 35 años.

Todo esto hay que decirlo claramente, ante el proyecto de ley que prevé indemnizar a los familiares de las víctimas de la represión de la dictadura y honrar su memoria en lugares públicos. Habría, incluso, un pedido de perdón oficial, en la ley o por fuera de ella, por el llamado "terrorismo de Estado". Que por cierto lo hubo. No es un invento de nadie. Pero hay que aclarar que ello supone modificar sustancialmente el proyecto que, sobre esta materia, remitió el Poder Ejecutivo en marzo de 2007, que incluía en la reparación a los familiares de militares, policías y civiles que "perdieron su vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre 1962 y 1976". La modificación ha corrido por cuenta de un grupo de legisladores oficialistas, que distinguen entre ultimados buenos y malos.

"Buenos", una vez más, los que sin justificación alguna se alzaron en armas contra las instituciones y gobiernos democráticos y nos precipitaron en brazos de la execrable dictadura. Y "malos", quienes, antes de ella, ofrendaron su vida en cumplimiento de su deber de defender dichas instituciones. Aclaremos que, a nuestro juicio, este no es un problema de indemnizaciones pecuniarias.

La tragedia de una madre que perdió a su hijo, o de una hija que perdió a su padre, no se borra ni se mitiga con una reparación pecuniaria. Muy tardía, además. Ello, al margen de que los homicidas hayan sido terroristas o torturadores uniformados.

Sin embargo, si se va a tratar de indemnizar lo no indemnizable, lo que está rematadamente mal es la discriminación ya señalada. Gente y periodistas hay, sin embargo, por su juventud, por confusión conceptual o por ambas razones, que no lo ven así. Reclaman que los militares -muertos ya casi todos los responsables- pidan perdón por su asalto a las instituciones y por todos sus excesos delictivos posteriores, pero no exigen idéntico "mea culpa" a los tupamaros, por sus crímenes. Que también los perpetraron, sin justificación alguna. Y que fueron quienes tiraron la primera piedra, lo cual, que quede claro, no exime de culpa alguna a los militares.

Tiempo ha habido, de sobra, para que unos y otros lo hicieran, pero se han resistido a reconocer sus trágicos errores y a obrar en consecuencia. Al ñudo es, pues, tal exigencia. Y al error anterior se suma el de establecer dos categorías de terrorismo: el del Estado, imperdonable por supuesto, ejercido contra "civiles indefensos" -no lo estaban antes de que el ejército los despojara de sus armas-, y el de esos "angelitos" que inauguraron la violencia en el país.

Estos, si los militares no los hubieran derrotado, hubieran instaurado una feroz dictadura de neto cuño totalitario marxista. Que, como la cubana, quizás seguiría hoy vivita y coleando, para desgracia de nuestra sociedad. A no decir más macanas, pues.

Reparación sí, pero para todos. Lo otro carece de justificación ética e histórica. Y rechina con la igualdad ante la ley.