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P. MELENDREZ / E. DELGADO

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) buscará que sea el Parlamento y no ella el que defina qué casos pasarán a los juzgados especializados en crimen organizado, y para eso elabora un proyecto de ley que le enviará en los próximos días.

De esta decisión dependerá la suerte de expedientes de amplia repercusión pública, como las irregularidades en los casinos municipales de Montevideo -por lo que fue procesado entre otros Juan Carlos Bengoa-, la quiebra del Banco de Montevideo en lo que tiene relación con Juan Peirano Basso; la denuncia por defraudación tributaria de la DGI contra el contratista deportivo Francisco Casal e integrantes de su grupo, y la indagatoria sobre pago de coimas en el aeropuerto de Carrasco por lo que fueron procesados varios aduaneros y despachantes.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para definir qué casos pasan a los nuevos juzgados especializados en crimen organizado. (Ver entrevista a Miguel Langón)

El gobierno y el Poder Judicial coincidieron el año pasado en la necesidad de crear juzgados que se ocupen exclusivamente de las investigaciones de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, corrupción y delitos económicos.

Pero la indefinición sobre los expedientes que deben pasar a los nuevos juzgados puede derivar en contiendas de competencia con los magistrados penales de las sedes especializadas.

JURISDICCIÓN. El artículo 414 de la Rendición de Cuentas creó dos juzgados contra el crimen organizado, los cuales trabajarán en conjunto con dos fiscalías especializadas, para las cuales fueron designados por el Ministerio de Educación en forma interina los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe.

Los nuevos juzgados y fiscalías tienen jurisdicción en casos en los que se presume existen organizaciones delictivas, como en expedientes sobre narcotráfico, lavado de activos; terrorismo; quiebras fraudulentas; insolvencia societaria; falsificación de moneda, pornografía y prostitución infantil, según lo que establece la ley.

En diciembre, la SCJ designó a los jueces penales Graciela Gatti y Jorge Díaz para ocupar los cargos, y también emitió una acordada en la cual estableció que todos los casos en trámite que abarquen los delitos mencionados anteriormente deberán ser derivados a los nuevos juzgados, a excepción de las causas que están próximas a emitir una condena o que serán archivadas.

Sin embargo, la resolución del máximo tribunal del Poder Judicial no definió la situación y, muchos jueces penales que tramitan casos vinculados con la competencia prevista para las nuevas sedes no tienen claro si deben continuar la indagatoria o declinar competencia.

El presidente de la SCJ, Jorge Larrieux, señaló a El País que el problema radica en que la Rendición de Cuentas del año pasado, que creó los nuevos juzgados, "es muy parca, porque no contempla qué es lo que pasa con los asuntos que están en trámite". Sumado a eso, la acordada emitida por la SCJ en diciembre no resolvió ese aspecto, porque principalmente buscó "poner en funcionamiento" los dos juzgados especializados.

PROYECTO. Por su parte, el ministro de la Corte Jorge Ruibal Pino, anunció a El País que "se va a remitir un proyecto de ley para que el Parlamento se expida" sobre cuáles son los casos que deben cambiar de juzgado.

Pero mientras ese tema se resuelve, Larrieux indicó que la solución para este inconveniente puede ser aprobar una nueva acordada o, simplemente aguardar que se plantee una contiende de competencia, que deberá ser resuelta por la SCJ.

Ruibal dijo que los ministros de la SCJ no tienen un criterio "uniformizado" que será resuelto en los próximos días.

Ruibal Pino indicó que existen dos alternativas: que los juzgados penales no remitan ningún caso a las nuevas sedes y que éstas inicien su trabajo en base a denuncias nuevas, o que se envíen todos los casos en curso menos los que están para emitir sentencia. "Parecería que la solución más correcta es que los expedientes que ya tienen citación para sentencia se queden en donde están, y los demás se distribuyan. Pero hay que ver qué cantidad son, porque si son 20 o 30 casos está bien, pero si son 200 expedientes ya no está bien", opinó Ruibal Pino.

Como antecedente, Ruibal recordó que en el año 1984, cuando se crearon los Juzgados de Familia, fue aprobada una ley en la que se decidió que esas sedes comenzaran su trabajo sólo con casos nuevos.

CRITERIOS. Los dos jueces especializados dijeron a El País que tienen un criterio definido sobre los expedientes que corresponde que se tramiten en sus juzgados, pero no los adelantaron puesto que coincidieron en que eso puede ser entendido como que prejuzgaron y ser recusados por ello.

De surgir diferentes posiciones entre jueces y planteos de contiendas de competencias, será la Suprema Corte la que defina qué sede judicial tramite un caso. Si una de las partes de un expediente reclama sobre el juzgado que considera debe intervenir, será un tribunal de apelaciones el que resuelva al respecto.

La jueza Gatti dijo que desde que la designaron estudia el tema y tiene un criterio para aplicar en teoría, puesto que aún no se tuvo que pronunciar en ningún caso.

"No es una posición que pueda transmitir porque sería un caso de prejuzgamiento, llegado el momento si me tengo que pronunciar lo haré", afirmó la jueza. "Obviamente tengo un criterio que considero apropiado, pero sería un grueso error decir que tengo una posición definitiva sin haber escuchado las eventuales partes que puedan plantear el tema", añadió.

En tanto, el juez Díaz también dijo que tiene una posición clara sobre los expedientes que debieran tramitar los juzgados especializados contra el crimen organizado, pero no puede adelantarla, "porque eventualmente estaría prejuzgando y me pueden recusar".

"Me voy a tener que pronunciar sobre este punto llegado el momento en expedientes judiciales. Si me remiten un expediente que considero que no tienen que remitirme o reclamo un expediente que tienen que remitirme y no me lo mandan, plantearé una contienda de competencia. Admito que puede haber otras posiciones por supuesto", concluyó Díaz.

La jueza Graciela Gatti tiene 44 años. Inició su carrera como magistrada en 1992, en el cargo de jueza de Paz de Montevideo. Luego fue designada como jueza departamental, donde ejerció en el Interior del país en Carmelo, Paso de los Toros y Maldonado, entre otros destinos. En 2003 ingresó como jueza letrada nacional en el juzgado Laboral de 14° Turno. Posteriormente la Suprema Corte la designó como titular de la sede Penal de 7° Turno. Ha realizado diversos cursos de capacitación a nivel local e internacional en materia de lavado de activos.

El juez Jorge Díaz tiene 41 años y es juez desde hace 15. Antes de llegar a ejercer como magistrado letrado penal de Montevideo, recorrió varios departamentos en las primeros escalones de la judicatura. Se desempeñó en varias localidades de Canelones (San Ramón, Barros Blancos, Lagomar y la Ciudad de la Costa), Mercedes, Tacuarembó y Paysandú. Realizó cursos de especialización en el combate del crimen organizado y el lavado de activos en el exterior, los cuales lo favorecieron a la hora de dirigir las investigaciones sobre tráfico de drogas.