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GUILLERMO ZAPIOLA

Nadie va a leer los recién editados tres tomos de la "Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de estado en el Uruguay (1973-1985)", pero es material que periodistas e historiadores deberían tener obligatoriamente en su biblioteca.

Se trata de un apabullante trabajo colectivo que se acerca al par de miles de páginas, coordinado por el historiador Álvaro Rico e impulsado por la Universidad de la República, la Comisión Sectorial de Investigación Científica y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El equipo de investigadores estuvo integrado por Jimena Alonso, Magdalena Figueredo, Rosita Fuentes, Carla y Fabiana Larrobla, Aldo Marchesi, Carlos Demasi, Graciela Sapriza, Gabriel Bucheli, Mariana Iglesias, Isabel Wschebor, José Luis González, Vanesa Sanguinetti, Valentina Curto, Viviana Ruiz, Ariela Peralta, Jaime Yaffé y Vania Markarián.

Habría que, tras leer los tres tomos, hacer una búsqueda complementaria en archivos diversos para comprobar que está todo, pero lo que hay es muchísimo, un formidable trabajo de búsqueda y ordenación que reúne centenares y probablemente miles de documentos sobre uno de los períodos más sombríos de la historia uruguaya del siglo XX. Se ha escrito mucho pero puntual, parcial, a menudo flechado, sobre el período de la dictadura (como relato de divulgación, puntualmente discutible pero globalmente muy atractivo, lo mejor que se ha publicado hasta ahora debe ser el cuarto tomo de Orientales de Lincoln Maiztegui), pero falta todavía el trabajo académico, abarcador y riguroso que examine y reflexione sobre ese trecho de la historia reciente. Quienes se aboquen en el futuro a escribir ese libro o libros aún inexistentes deberán acudir imprescindiblemente, como una de sus fuentes ineludibles, a esta investigación de Rico y su equipo.

El primer tomo (Las violaciones del derecho a la vida, Asesinatos políticos y Detenidos desaparecidos) es lo del título. Empieza con un fichado por orden alfabético de las víctimas de las fuerzas represivas, con datos sobre su vida, circunstancias de su detención y muerte y referencia a los documentos militares, policiales y judiciales acerca de su destino; casos de personas que aparecen como "fallecidas" en listados oficiales de presos políticos; información sobre policías y militares asesinados en los mismos años, y otras situaciones más indirectamente vinculadas con las circunstancias políticas o sobre las que se dispone únicamente de datos muy parciales. El mismo tomo reúne lo que se sabe sobre los desaparecidos, las gestiones realizadas en su procura y los hallazgos realizados.

El segundo tomo (Las violaciones a la integridad física y la libertad de las personas) examina las diversas situaciones de los presos ("comunes", políticos, rehenes, detenidos por medidas de seguridad), aporta un listado reconocidamente parcial de lugares públicos y clandestinos de detención policial y militar, se extiende en el trato a mujeres y menores de edad detalla casos de tortura física, las violaciones a los derechos civiles, los hechos de vigilancia y censura en los ámbitos culturales y los medios de comunicación, el control de la educación, el seguimiento de las actividades de los grupos religiosos, la vigilancia de la actuación de extranjeros, la interferencia con actividades de uruguayos exiliados, las ofensivas diplomáticas para mejorar la imagen de la dictadura en el exterior.

El tercer tomo tiene un título equívoco (Las violaciones a los derechos políticos, la represión a los partidos y grupos políticos de izquierda), pero el texto mismo deja claro que no solamente la izquierda fue reprimida por la dictadura: también hay abundante documentación sobre la vigilancia y represión a los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales que también se opusieron a la dictadura. El tomo incluye abundantes documentos con los informes de los servicios de inteligencia sobre grupos opositores y organizaciones gremiales, los intentos de crear un sindicalismo "servicial", la intervención de la Universidad, la represión en secundaria y UTU, los órganos políticos y administrativos que el "proceso" se fue dando, el (mal) funcionamiento de la justicia militar, el texto de leyes posteriores que han intentado reparar parte del estropicio.

Lo dicho más arriba: tal vez no esté todo (el propio texto reconoce que falta información en muchos casos), pero lo que está habrá que tenerlo en cuenta en el futuro.