1/1:  20090418 600x566 ()

El Poder Judicial gasta mensualmente $ 5 millones en el arrendamiento de más de 130 locales donde funcionan juzgados, tribunales y demás oficinas en todo el país.

El Poder Judicial utiliza en todo el país 289 edificios. De ese total, 149 son propiedad del Poder Judicial mientras que los 133 restantes son alquilados a particulares u otras dependencias del Estado.

Los gastos en arrendamiento se dividen en $ 2.555.000 (57%) en el interior y $ 2.445.000 (43%) en Montevideo, de acuerdo con cifras oficiales del Poder Judicial correspondientes al presupuesto del pasado mes de febrero a las cuales accedió El País.

Montevideo es el departamento que cuenta con más sedes judiciales: 72. De ellas, 39 son arrendadas y 33 son propiedad del Poder Judicial. En contrapartida, en Flores y Paysandú todos los juzgados son bienes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El presupuesto anual es de unos $ 3.362.000.000, cifra de la cual el 80% se destina a sueldos. El restante 20% se divide en servicios (2,5%) y arrendamiento de edificios (2,5%). El 15% es utilizado para solventar la compra de papel, insumos de oficina y viáticos.

Edificar o comprar. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez informó a El País que el lineamento general es evitar nuevos arrendamientos e ir construyendo y adaptando locales del Poder Judicial, aunque sin desprenderse inmediatamente de algunos inmuebles alquilados, ante la posibilidad de que se creen nuevos juzgados.

"Los ministros de la Corte estamos tratando de dar de baja alquileres. La tendencia es construir o comprar, edificar o adaptar, más que alquilar", explicó. "No nos desprendemos de algunos edificios alquilados porque prevemos un crecimiento del numero de oficinas", afirmó Gutiérrez.

La inauguración del Palacio de los Tribunales, donde se ubican los juzgados y tribunales civiles fue una solución locativa. Los otros dos emprendimientos en la capital son el Centro de Justicia de Familia, donde era la sede de la DGI y que se inauguraría este año; y el Centro de Justicia Penal, en el ex edificio de Manos del Uruguay, que se habilitaría en 2010.

Con estos edificios, "por unos cuantos años quedará solucionado el problemas locativo en Montevideo", concluyó Gutiérrez.

El Palacio de los Tribunales, inaugurado el año pasado frente a la sede de la Suprema Corte, ha sido motivo de diversos planteos del Colegio de Abogados del Uruguay, que considera que el edificio tiene algunas carencias. El mes pasado, representantes de la gremial se reunieron con delegados de la comisión que administra esa sede, a quienes le plantearon la necesidad de buscar una solución para la carencia de baños para el público y de calefacción del moderno edifico.