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EDUARDO BARRENECHE

Otra vez el gremio de la construcción recibió beneficios de un organismo público. La IMM pagó $ 5 millones en el 2007 al BPS por el incumplimiento de aportes del Sunca. El sindicato no devolvió el dinero. Ahora reclama $ 500.000 a la comuna.

En estos dos años, la Intendencia en ningún momento exigió al Sunca el reintegro del dinero. La administración Ehrlich debió enfrentar ese pago porque la ley de tercerizaciones así lo obligaba por ser "responsable solidario" de las obligaciones laborales contraídas por el sindicato, indicaron a El País fuentes del BPS.

El pago de la deuda del Sunca por parte de la Intendencia de Montevideo podría pasar inadvertido si el sindicato no insistiera ahora en cobrar unas partidas que supuestamente la comuna le adeuda desde el 2007 por convenios incumplidos. Estos acuerdos, que comenzaron a partir del 2001, permitían a obreros que integraban una bolsa de trabajo del gremio a que trabajaran en obras viales o de albañilería en el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro. Todos los convenios obligaban al Sunca a efectuar los aportes patronales al Banco de Previsión Social.

Hace un mes atrás, una delegación de Sunca concurrió al despacho del intendente Ricardo Ehrlich para negociar el pago de la deuda reclamada por el sindicato.

El responsable de organización del Sunca, Richard Ferreira, dijo a El País que, en ese encuentro, presentaron documentación al intendente Ehrlich que probaba que el gremio "no debía nada" a la comuna montevideana. "Ocurría lo contrario. Es la Intendencia que tenía deudas con el Sunca. Andaban en torno de los $ 500.000", dijo.

Las negociaciones no se limitaron sólo a Ehrlich. Los dirigentes gremiales también se reunieron con el secretario General, Alejandro Zavala, y con el director de Recursos Financieros de la comuna, Enrique Cabrera. "En la medida de que la Intendencia le daba los recursos económicos al sindicato, éste hacía los aportes al BPS que correspondía. Si el sindicato no realizaba los aportes, los trabajadores no hubieran cobrado aguinaldo en su momento. Habría un reclamo de los obreros por el hecho de no cobrar ese beneficio", dijo el gremialista.

Consultado sobre si la Intendencia pagó al Sunca esa supuesta deuda luego de las negociaciones con Ehrlich, Ferreira respondió que el gremio "aún no recibió ningún pago".

Desde la Intendencia no se tiene información acerca de pago alguno hecho por el Sunca a la institución por aportes no realizados en el 2007 al BPS, indicaron a El País fuentes municipales. En las resoluciones firmadas desde el 2007 a la fecha por el intendente Ehrlich, que se encuentran en la página web de la Intendencia, tampoco figura el ingreso de un pago hecho por el sindicato.

CLAVE. Una resolución municipal, fechada el 21 de agosto del 2007, reconoce que en la IMM el Sunca tiene facturas para liquidar por un monto de $ 1.260.696. "Mientras que la deuda paga al BPS por esta Administración, derivadas de las obligaciones no asumidas por el Sunca asciende a la suma de $ 5.095.552 (unos US$ 246.000 al tipo de cambio de ese año)", señala el documento.

La resolución también expresa que, en el marco de los convenios vigentes con el gremio, la Contaduría General de la Intendencia "no puede autorizar ningún pago hasta que se reintegre el monto abonado por la comuna".

Los convenios firmados entre la Intendencia y el Sunca desde el 2001 hasta el 2007 tenían una finalidad social: generaban puestos de trabajo para la "bolsa" del sindicato y la comuna contaba con mano de obra calificada para sus trabajos viales. Además, intentaba favorecer la inserción laboral de muchos trabajadores.

El atraso del Sunca fue tratado el 5 de julio del 2007 por el directorio del BPS. Éste emitió una resolución donde obligaba a la comuna a que pagara las deudas del Sunca o no le otorgaba los certificados especiales de que estaba al día con los aportes.

Cuando la Intendencia exigió al gremio la devolución del dinero, éste suspendió totalmente todas las obras.

En la resolución municipal de agosto del 2007, la directora de Acondicionamiento Urbano, Hyara Rodríguez dejó constancia que el municipio "se ve seriamente perjudicado ante la detención de tareas por parte del Sunca".

SOCIAL. El director de Espacios Públicos y Edificaciones de la Intendencia, Daniel Espósito, explicó que el retiro del sindicato se debió a que la bolsa de trabajo "dejó de tener" obreros. Por lo tanto, dijo, el convenio con la IMM "cesó". Es decir, "el Sunca dejó de tener capacidad operativa para seguir trabajando en las obras" de la comuna.

En un momento, dijo, "el gremio debía tener por lo menos cinco cuadrillas trabajando y no las podía mantener. Estas no tenían capataces. Los últimos trabajos lo hicieron en el marco del Plan de Presupuesto Participativo en el 2006 y 2007 y luego no tuvieron más gente".

Según Espósito, la razón que llevó a que los obrero se retiraran de la Intendencia es que el sector privado de la construcción pagaba mejores salarios. "La Intendencia pagaba al Sunca un poco más por encima del laudo. La actividad privada abonaba cifras bastante más elevadas. Los buenos oficiales se fueron todos a trabajar a obras de Maldonado", expresó.

Consultado Espósito acerca de la deuda que el municipio reclamó al Sunca en el 2007, el director municipal dijo que ese asunto lo manejó la Dirección de Recursos Financieros. "El Departamento de Acondicionamiento Urbano sólo trató con el Sunca el tema vial", concluyó.

Una auditoría dispuesta por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) detectó una serie de irregularidades en la construcción de tres policlínicas hechas por el Sunca en Canelones.

La edificación de los centros asistenciales costaron cuatro veces más de lo previsto, según el informe de ASSE publicado por El Observador del jueves 6.

La construcción de las policlínicas en barrios de escasos recursos de Canelones se enmarcó en un convenio firmado entre los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social y el sindicato de la construcción.

La auditoría dijo que "hubo un manejo irregular de los fondos destinados" para la construcción de las policlínicas y que ello "ocasionó un daño económico" para el Estado.

El documento también cuestionó el cobro de horas no trabajadas por parte del Sunca. Además, se determinó que los trabajadores no tenían idoneidad para el trabajo y que no fueron inscriptos en el BPS.

El dirigente del Sunca, Iván Hafliger, rechazó que el sindicato se haya quedado "con plata mal habida". Agregó que "sería ilógico que ubicara personal a través de su bolsa de trabajo en convenio de este tipo y los tuviera en negro".

Hafliger dijo que en la construcción hay jornales que se cobran aunque no se trabajen porque el obrero "está a la orden", ya sea por razones de mal tiempo, demora en el envío de materiales, situaciones que no son responsabilidad del trabajador.

El presidente del Sunca, Pedro Porley, dijo que "no se cobraron jornales por horas no trabajadas" y expresó que los costos de las obras fueron superiores a los planeados originalmente porque "hubo dificultades" en el suministro de materiales que "retrasaron" el cronograma de trabajo.

El jueves 20, Hafliger señaló a El País que las críticas contra el Sunca se enmarcan dentro de la campaña electoral.

La políticas de convenios de la IMM con organismos sociales estuvo ayer en el agenda de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental.

La edila colorada Cristina Ferro dijo que la IMM "tuvo que pagar el BPS por el Sunca. La comuna liberó al gremio una serie de partidas pese a su incumplimiento del convenio. Esa es una irregularidad total", subrayó.

El asesor del director de Cultura, Mauricio Rosencof, respondió que estaban al día con los aportes y ofrecieron entregarle datos a la edila Ferro sobre el tema. "Estamos al día", aseguró Rosencof a El País.