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Un grupo de ONG que se dedican a atender la situación de menores infractores, demandó al Estado uruguayo una investigación sobre la "condición inhumana" en que viven los internos del INAU.

Esta investigación es reclamada por el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay. A través de una nota fechada el miércoles 4, este comité acusó la "condición inhumana" de los adolescentes recluidos en instalaciones del INAU desde hace más de 10 años.

En ese sentido, expone situaciones como el involucramiento de menores en "redes de poder internas, ejerciendo formas de sometimiento grave", a cargo de los funcionarios. También señala el manejo con "discrecionalidad e impunidad" de los derechos humanos de los adolescentes, así como la falta de programas socio-educativos para la reinserción de los infractores en la sociedad.

Según el Comité de los Derechos del Niño, estas situaciones han sido objeto de preocupación en ámbitos internacionales, ante lo cual el Estado uruguayo "ha recibido cuestionamientos y llamamientos a atender esta realidad", en espacios de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

En virtud de ello, las ONG demandan una "investigación profunda de las situaciones irregulares" develadas en los informes que ellas y el Comité de Observadores del Consejo Consultivo Honorario de los Derechos de los Niños y Adolescentes (integrado por INAU y Unicef) han realizado periódicamente.

UNICEF. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también fue crítico con la situación que padecen los internos del INAU.

En un documento emitido ayer en referencia a los últimos acontecimientos en el INAU, Unicef acusa que "los establecimientos de máxima seguridad de la Colonia Berro no reúnen las garantías mínimas edilicias, ni sanitarias, ni cuentan con actividades educativas".

La nota destaca "que no existen proyectos educativos en diversos establecimientos del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj)".

Susana Falca, asesora de Unicef en el Área de Adecuación Legal e Institucional, indicó que "no existe un proyecto educativo para el establecimiento ni para cada adolescente. En algunos hay ausencias de actividades educativas", como en el Hogar Piedras, "donde los adolescentes pasan 23 horas del día encerrados". La nota también habla de la sobremedicación como un método inadecuado "ni digno" para el adolescente en conflicto.

Falca aclaró que en las visitas a los centros no se constataron ni se recibieron denuncias de abusos. Empero, apuntó que eso no implica que estas situaciones no puedan ocurrir.

Unicef se pronuncia con firmeza en su oposición a la rebaja en la edad de imputabilidad y en la aplicación de la privación de libertad sólo para quienes cometen "delitos graves como homicidio o violación". En contrapartida, cita el espíritu del Código de la Niñez el cual sostiene que deben priorizarse las medidas alternativas a la reclusión de los menores, sin que ello implique impunidad.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, anunció a la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) que firmó el pedido de venia para nombrar a Nora Castro como presidenta del INAU. El Senado podría resolver este asunto en su sesión del martes 10.

A Castro le fue ofrecido el cargo el pasado 27 de febrero, tras la renuncia de Víctor Giorgi a la presidencia del INAU.

Para que la designación se efectúe, la bancada del FA necesita de votos de la oposición para lograr las mayorías requeridas. El diputado Gustavo Bernini, coordinador de la bancada oficialista de la Cámara baja, declaró que la oposición estaría dispuesta a prestar sus votos. Pero, en el Partido Nacional aún no hay decisión sobre si se acompañará el pedido de venia, dijo a El País el senador Eber Da Rosa, de Alianza Nacional.

La ministra anunció a sus compañeros de bancada que está dispuesta a comparecer ante la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes para brindar explicaciones sobre la situación de los hogares del INAU. La convocatoria fue elevada por los dos sectores del Partido Nacional: Alianza Nacional y Unidad Nacional.

En Uruguay, al mes de enero de 2009, se encontraban privados de libertad unos 200 adolescentes en todos los establecimientos del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), según los primeros datos aportados por Unicef en su recorrida por los centros del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU). En un promedio anual la cifra se duplica llegando a los 400 menores "en conflicto con la ley", dice el documento de Unicef.

La acción se realizó en el ámbito de Comité de Observadores del Consejo Consultivo Honorario de los Derechos de los Niños y Adolescentes y del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay.

Las cifras son relativamente bajas en comparación a la de los países de la región, opinó Susana Falca, consultora en el Área de Adecuación Legal e Institucional de Unicef.

La experta comparó la situación de Uruguay con la de Costa Rica, aunque allí las cifras de conflictos generales son más graves que las de Uruguay. Empero, el número de adolescentes recluidos en ese país llega a 45.

Del total de adolescentes procesados se les aplicó como sanción la privación de libertad en Montevideo al 47%, en Maldonado al 69%, mientras que en Salto el nivel alcanzó el 17%.

En cuanto al tipo de delito, el relevamiento demuestra que en Montevideo la infracción más cometida es la rapiña con un 69%, en tanto el delito de hurto asciende a un 16%. En Maldonado, el hurto constituye un 64% de las infracciones cometidas; predominando también en Salto que alcanzó al 65% de los casos.

Según datos de 2006, del total de juicios iniciados por infracción a la ley penal, en Maldonado el 76% se les aplicó prisión preventiva, en Montevideo al 59% de los casos y en Salto al 30%.

En tanto, Falca apuntó que el porcentaje de menores reincidentes que no fueron sancionados con la privación de libertad oscila entre un 10% y un 13%.