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L. BALDOMIR Y F. TISCORNIA

Uruguay podría ser sancionado con penas similares a las de los paraísos fiscales por no comprometerse a adoptar estándares de intercambio de información según resolvió el G20. Se prevén impactos pero el gobierno hará gestiones para evitarlo.

La identificación de Uruguay por parte de la OCDE como país no cooperante podría afectar la radicación de inversiones, ya que los privados podrían buscar evitar ser pasibles de otras penalizaciones.

Por eso, el ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, dijo anoche a El País que el gobierno "está trabajando e intercambiando información con las máximas autoridades de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para mejorar el posicionamiento de Uruguay". Remarcó que Uruguay "no es un paraíso fiscal" porque eso "es otra cosa, básicamente que no haya tributación para extranjeros".

García señaló que "por ahora" no se van a realizar más comentarios ya que se quiere mantener una posición "de cautela", mientras intercambia información con la OCDE.

El hecho es que las sanciones que podrían aplicarse afectan la definición de instalar o no inversiones en el país.

Incrementar la solicitud de información a los contribuyentes e instituciones financieras sobre las transacciones, aplicar mayores retenciones de impuestos sobre la fuente de la renta y negar deducciones en los gastos por pagos a beneficiarios residentes en países que no cooperan con intercambio de información, son parte de la batería de medidas para castigar a los países que no estén dispuestos a dar información fiscal, que manejó el G-20 ayer en un comunicado.

Además, prevé rever la política de tratados impositivos, pedir a las instituciones internacionales y bancos de desarrollo regionales la revisión de sus políticas de inversión y otorgarle mayor peso a los principios de transparencia fiscal e intercambio de información al definir programas de ayuda bilateral.

El gobierno ya vio lo que podría ocurrir, cuando Portucel le exigió que firme un tratado para evitar la doble tributación con Portugal para poder radicar su inversión, dijeron a El País fuentes privadas. De esa manera la empresa se asegura poder deducir sus gastos en Uruguay del pago de impuestos en Portugal o que no sea cargada con una mayor tributación por estar en un país que no coopera.

Uruguay sólo tiene acuerdos para evitar la doble tributación con Hungría y Alemania pero el de éste último no prevé intercambio de información. El gobierno está negociando la firma de tratados de ese tipo con Chile, México, España y Portugal.

LISTA NEGRA. El problema para Uruguay se generó ayer luego que en el marco de las reuniones del G20 en Londres, la OCDE publicó una lista en la que lo coloca entre las "jurisdicciones" que "no se han comprometido" en la implementación de "los estándares impositivos acordados internacionalmente" en 2004 y que buscan el flujo de información fiscal.

En la misma lista hace una diferenciación entre las "jurisdicciones que han implementado sustancialmente" lo acordado; las "jurisdicciones que se comprometieron" a adoptar los estándares "pero no lo han implementado sustancialmente hasta ahora", la de los denominados "paraísos fiscales"; "otros centros financieros"; y los que "no se han comprometido" aún a intercambiar información, donde se coloca a Uruguay.

El experto en Fiscalidad Internacional y ex pro-secretario de la Presidencia, Leonardo Costa, dijo a El País que esto "es peor que (estar en) una lista de paraísos fiscales; es una lista negra, es gravísimo". Agregó que "es muy parecido a lo que es la lista de países no cooperantes del GAFI". Este es el organismo internacional para el combate al lavado de dinero.

En 2003 Argentina quiso incluir a Uruguay en esa lista pero gestiones del gobierno lo impidieron. Costa señaló que la inclusión ahora "es una sanción de Argentina y Brasil sin que nos pudiéramos defender".

Costa indicó que el ser incluido en la lista de países no cooperantes en intercambio de información tributaria, "complica" la llegada de nuevas inversiones extranjeras y también la situación de las ya existentes.

En la misma dirección, Eliana Sartori, senior manager del departamento de tributación internacional de PricewaterhouseCoopers, señaló que "evidentemente no es bueno estar en una categoría de países que no cooperan pero no hay una receta de cuáles son las consecuencias inmediatas". La inclusión en la lista "tiene más que ver con flexibilizar o no el secreto tributario y bancario de los países que con ser o no ser paraíso fiscal", dijo Sartori.

Para el tributarista Alberto Varela de Ferrere Abogados, las consecuencias "no van a ser tan graves" y de hecho señaló que es "excelente" que Uruguay "no haya suscrito la no colaboración en materia de información tributaria".

"Nosotros tenemos un problema hasta constitucional para dar información tributaria", dijo, ya que allí se garantiza el "derecho a la privacidad" salvo que sea por "interés general".

Varela se preguntó qué obtiene Uruguay a cambio de "desnudar el fisco". Señaló que Uruguay sólo grava la renta de fuente uruguaya (mientras que otros gravan la renta generada en el exterior) por lo que la información del exterior no le es útil. Y además sostuvo que para Uruguay no hay un "interés general" que motive brindar la información. Por ello sentenció: "Si Uruguay adhiriese después de esta medida a dar información al exterior no sería por interés general sino por imposición de la fuerza y realmente eso es ceder soberanía".

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), establece como condición para que un país sea considerado paraíso fiscal el que tenga baja o nula tributación. Si esa característica no se cumple, no se analizan los otros requisitos. Pero en caso que se cumpla se analizan otros tres requisitos para determinar si esa nación es un paraíso fiscal. El encuadrar dentro de solo uno de estos tres hace caer al país en esa condición: que dichos lugares cuenten con límites al intercambio de información, que exista falta de transparencia o que no existan requerimientos de que se ejerza una actividad económica real. Dentro de la lista de OCDE, que es referencia mundial, están, por ejemplo, Panamá, Islas Caimán, Bahamas, Bermuda y Barbados. Uruguay integra la lista de paraísos fiscal de la OCDE pero países como Venezuela, Portugal, Ecuador, Italia, México y Argentina sí lo incluyen en sus listas por diversos motivos. Uruguay sostiene que la reforma tributaria eliminó la chance de serlo.

Para el director general de Rentas, Nelson Hernández, el reporte de la OCDE "es una advertencia". El funcionario dijo a El País que "en términos futbolísticos es una tarjeta amarilla".

Señaló que la lista "si bien no implica (que Uruguay sea) un paraíso fiscal, es un punto de atención a la competencia de distintos países para gravar las rentas generadas internacionalmente".

El funcionario recordó que la reforma tributaria "prevé que dentro de convenios bilaterales para evitar la doble imposición, se pueda compartir información e incluso realizar actuaciones fiscales conjuntas". Ese intercambio de información (que dejaría a Uruguay mejor parado) "se podría incluir en los acuerdos, es parte de la negociación, es una moneda de cambio", agregó.