Alejandro Nogueira

A mediados de la pasada semana el ex ministro Ignacio de Posadas llamó por teléfono a un alto funcionario cercano al presidente Vázquez para advertirle que se venía un fuerte revés para Uruguay en el G20 y podía ser declarado paraíso fiscal.

Se desencadenó la inquietud oficial, múltiples gestiones, pero la sangre prácticamente llegó al río. Que Uruguay ingrese en una lista de países dudosos -sea negra o gris oscuro-, no es un buen dato para el gobierno y cae en medio de un debate electoral acerca del secreto bancario y las objeciones a la banca privada instaladas por el candidato oficial del Frente Amplio, José Mujica.

De Posadas dio la alerta mientras Vázquez estaba en China y cundió la preocupación en el gobierno. El tema fue derivado desde Montevideo al canciller Gonzalo Fernández mientras que se encomendaba al embajador en Francia y ex ministro de Industria, Jorge Lepra, que iniciara gestiones ante la OCDE.

Pero el viernes 27 el presidente declaró, a poco de llegar a Chile para participar de la cumbre de líderes progresistas, que Uruguay no iba a hacer modificaciones al secreto bancario. "Durante mi gobierno el secreto bancario no va a ser tocado, hay que ser muy cuidadosos con este tema, porque puede tener un impacto negativo puntual", dijo Vázquez el pasado viernes luego de reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Viña del Mar.

La afirmación pareció dirigida a terciar en el debate electoral iniciado por José Mujica sobre posibles modificaciones al secreto bancario, lo que parecía a su vez alinearse con los reclamos del gobierno de Argentina de Cristina Fernández. Los comentarios de Mujica fueron cuestionados varias veces en esos días por su contendor en la interna de la coalición, Danilo Astori.

Y el mandatario fue más lejos en una declaración que cobra nueva luz ante el traspié en la OCDE: "Mientras yo esté al frente del gobierno del Uruguay, la economía y el relacionamiento con los actores económicos y financieros de nuestro país va a seguir siendo tratado como lo fue hasta ahora. Lo dije en el discurso del 7 de marzo: no va a haber cambios", afirmó Vázquez.

A LA LISTA. En los días previos, De Posadas incluso se contactó con el secretario general de OCDE, el mexicano Ángel Gurría, que le confirmó los sombríos pronósticos.

El mensaje de Gurría fue categórico: "Tienen hasta el dos de abril para hacer una declaración".

El alto funcionario confirmó que Uruguay estaba "en capilla" y que el tema excedía largamente a los reclamos y presiones de Argentina. Advirtió que otros países de Europa, especialmente Alemania y el Reino Unido, reclaman compromisos firmes de Uruguay. "Si no la hacen, van a la lista", remarcó Gurría a De Posadas.

Lo que se pedía a Uruguay era que suscribiera un compromiso similar al de Mónaco, anunciando diversos cambios en la legislación y en los procedimientos bancarios que tranquilizaran al G20 de que Uruguay no sería un refugio de capitales dudosos.

Lepra se movió ante OCDE e incluso obtuvo copia de la carta presentada por Mónaco y la puso a consideración del gobierno.

EFECTOS. Aún no está totalmente claro en la administración Vázquez los efectos de estar en esta lista de OCDE, pero usualmente las consecuencias son que las empresas extranjeras que tengan inversiones en Uruguay no puedan deducir pasivos, consolidar balances que le apliquen mecanismos de precios de referencia y que no se firmen tratados de protección de inversiones. Incluso los efectos de la ausencia de compromisos por parte de Uruguay en esta materia pueden ser castigados por cada país del G20, a su forma particular.

PRESIONES. La historia de los pujos de los países desarrollados en pos de la liquidación de los paraísos fiscales, a la que se sumó Estados Unidos hace media docena de años, se materializó en la creación de Gafisud para desarrollar en el continente mecanismos de control al lavado de activos, al socaire de la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, de la venta ilegal de armas y del lavado de dinero, ilícitos principalmente de origen impositivo.

Por entonces -era el gobierno de Jorge Batlle- el propio De Posadas realizó gestiones en Estados Unidos a partir de la realidad del estado de Delaware, uno de los principales paraísos fiscales del mundo, radicado precisamente en ese país.

La tesis uruguaya, respaldada entonces por el gobierno, fue que las regiones con exenciones fiscales surgían, no para amparar de dineros ilegales, sino por la existencia de países con altas cargas tributarias cuyos contribuyentes buscan soluciones menos onerosas.

Se sostuvo asimismo que el receptor número uno en el mundo de esos dineros es el propio Estados Unidos y que el principal proveedor de vehículos jurídicos para recibir esos fondos es, también, Estados Unidos. El estado de Delaware tiene su principal fuente de ingreso por ser sede de centrales de las principales tarjetas de créditos, de grandes compañías de seguros y de empresas que crean empresas bajo régimen de exención fiscal que rige en esa jurisdicción.

Por entonces Estados Unidos aflojó su presión y el entonces secretario del Tesoro, Paul O`Neil, declaró públicamente que su país no sería guardián de los fiscos de otros países y que creía en la libertad de los mercados. Hoy Estados Unidos está en otra línea, y también Europa.

"La combinación de una crisis financiera internacional en un contexto de período electoral no nos debe hacer perder de vista, que no debemos generar problemas donde no los hay porque las consecuencias las pagan los más desfavorecidos". La frase fue pronunciada ayer por el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara en la conferencia que convocó para referirse al secreto bancario.

Luego de varias declaraciones del precandidato del Frente Amplio, José Mujica, acerca de negociar con otros países la eliminación del secreto bancario, Bergara convocó a una conferencia de prensa "en el contexto de la obligación legal del BCU de contribuir a preservar la estabilidad, la solidez del sistema financiero", dijo Bergara.

El funcionario aclaró que en el Central no se ha recibido ninguna señal del exterior que cuestione la solidez y la estabilidad del sistema financiero.

"El alcance del secreto bancario debe analizarse con seriedad, profundidad y no debe cruzarse como medio de cambio (por otra cosa) porque es no entender la lógica del secreto bancario", afirmó Bergara.

Agregó que el secreto bancario "es un tema tan delicado y complejo que (su discusión) no puede darse en cualquier momento".

Ante una pregunta sobre qué es lo delicado del secreto y cómo afectaría una mala discusión del mismo, Bergara señaló que el sistema financiero es "muy particular" en cuanto a que "descansa no solamente en fundamentos, en aspectos objetivos" sino también en aspectos "subjetivos como la reputación y el respeto a las reglas".

"Si la discusión no se hace de la mejor manera se puede afectar ese factor subjetivo que hace a la estabilidad del sistema. Por lo tanto, uno tiene que sopesar en cada momento beneficios y costos de esta discusión", afirmó.

Al menos tres veces dijo que los países medianamente serios tienen "algún sistema de secreto bancario. Es un tema de instrumentación (del mismo), no de principios".

También expresó que el desarrollo del sistema financiero en el Uruguay no se ha dado por la existencia del secreto bancario.

Bergara hizo un raconto del origen del secreto bancario -en un decreto ley de 1982- y recordó que en ese entonces abarcaba también a los créditos. Luego se fue flexibilizando: quitándoselo a los créditos, permitiendo que la Justicia lo levante en casos de pensión alimentaria o lavado de dinero y más recientemente con la posibilidad de que la Impositiva pida a la Justicia su levantamiento por presunción de evasión de tributos. Bergara estuvo flanqueado por el director del Central, Jorge Gamarra quien no realizó comentarios.