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L. NICROSI / S. CABRERA

El proyecto por la segunda terminal de contenedores es parte de la puja interna en el FA. Mientras el MPP que apoya a Mujica votó a favor de la iniciativa, Asamblea Uruguay y el PS, que respaldan a Astori, plantearon rever el tema.

Así lo dejaron establecido estos dos grupos el lunes, durante la reunión de la bancada de senadores del oficialismo.

Empero, luego de un largo debate, quedó planteada la decisión de los representantes del MPP de seguir adelante con la iniciativa y hoy llevarán esa posición a la reunión de la Comisión de Transporte del Senado.

Si los senadores del Partido Nacional aprueban el proyecto que el oficialismo votó afirmativamente el pasado miércoles, la iniciativa se llevará al plenario del Senado el 12 de mayo. Los senadores blancos acordarán hoy su posición, pero -según supo El País- hay fuertes dudas sobre el texto propuesto. Algunos blancos, como el senador Enrique Antía, entienden que las marchas y contramarchas obedecen a las pujas internas y la "desconfianza" del MPP al manejo que hizo el gobierno de este tema (ver nota aparte).

En caso de que los nacionalistas presenten objeciones, el oficialismo está dispuesto a analizar las eventuales modificaciones para llegar a un acuerdo. Pero, si no se logra, la intención mayoritaria de la izquierda es aprobar el proyecto.

El diferendo en el seno del Frente por la construcción de la segunda terminal de contenedores se inició meses atrás ante las dudas que plantearon varios integrantes del Espacio 609 (del que el MPP es parte) a los contenidos del proyecto.

Según explicó el senador Víctor Vaillant, las dudas se basaban en si era o no necesaria una nueva terminal de contenedores ante la crisis internacional; si era o no conveniente que el 100% del capital de la nueva terminal fuera privado y el Estado percibiera un canon fijo y otro variable; qué pasaría cuando terminara la concesión por 30 años y la condición del MPP respecto a que la subasta se realizara en el próximo gobierno.

En varios encuentros mantenidos por el grupo liderado por el precandidato José Mujica con el presidente del Puerto, Fernando Puntigliano, y con el ministro de Transporte, Víctor Rossi, las diferencias se acortaron. El gobierno aceptó incluir en el articulado los planteos del MPP, al tiempo que el sector de Mujica vio satisfechas sus dudas con informes y estudios entregados por la ANP.

La aceptación de la condición del MPP de que la subasta se realice el año que viene, permitió que el sector vote afirmativamente el proyecto. Vaillant dijo que la propuesta para que la subasta se realice después del 1° de marzo de 2010, resulta "razonable por respeto al próximo gobierno".

No obstante, las reticencias iniciales del MPP a aprobar la propuesta fueron el caldo de cultivo para que dentro de la izquierda circularan distintas versiones. Los sectores afines al precandidato Danilo Astori apoyaron el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo desde el inicio del proceso.

Pero en las últimas semanas, las reservas en el MPP sobre el proyecto fueron para los astoristas una oportunidad inesperada. Algunos rumores suspicaces -que no llegaron a una declaración con nombre y apellido, pero que aumentaban los decibeles en los corrillos-, sugerían que la reticencia de los adeptos a Mujica era más interesada que ideológica, lo que llevó al precandidato a instar a votar el proyecto y cortar de cuajo cualquier insidia.

Por su parte, el ministro Rossi dijo a El País que "lo importante" es darle al proceso "todas las garantías" para que la aprobación del proyecto cuente con "un alto respaldo". Defendió la limitante de impedir que los actuales operadores se presenten a la licitación, por estar contenida en la Ley de Puertos, aprobada en el gobierno de Lacalle.

Directivos de Montecon -operador especializado en contenedores en el área de muelles públicos- irán esta tarde a la comisión de Transporte y pedirán a los senadores que se despejen los puntos poco claros del proyecto de ley.

La firma pretende que se especifique la ubicación de la segunda terminal, las características del proyecto técnico y planteará que sea realmente "competitivo". Montecon coincide en que debe excluirse de la subasta a los operadores de la primera terminal (Terminal Cuenca del Plata) debido a que la ley de puertos, los decretos reglamentarios y el contrato de gestión indican que los concesionarios deben operar en un marco de libre competencia con los otros operadores.

"Si se presenta y gana (la subasta de la segunda terminal), quedaría en un completo monopolio. Violarían normas anteriores a este proyecto", dijo a El País Alejandro Gorostidi, director ejecutivo de Montecon.

Y agregó que aún no existe un proyecto concreto de ingeniería y localización, y sí un proyecto de ley "escueto que se ha ido modificando". Gorostidi cree que lo lógico "es que la ANP indique que en tal lugar se hará la terminal y lo señale con el dedo". "No es lo mismo un lugar u otro y las diferencias pueden ser de cientos de millones de dólares", advirtió.

El empresario pidió que "no se genere una pelota pinchada", ya que la nueva terminal debe agregarle competitividad al puerto: "Eso quiere decir que deben cerrar los números para vender los servicios a una tarifa competitiva a nivel regional. El proyecto que le sirve al puerto debe garantizar una terminal competitiva".

Montecon se presentará a la licitación, considera el tema como "muy importante" y respalda desde el inicio la necesidad de una nueva terminal para aumentar la infraestructura debido al incremento del movimiento de contenedores. Pero Gorostidi lamentó que el tema se haya mezclado con la campaña y los tiempos electorales.

El proyecto autoriza a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a construir "por sí sola una sociedad anónima con acciones nominativas que tendrá por objeto la construcción, administración, conservación y explotación de una nueva terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo por un plazo de 30 años".

La sociedad anónima formalizará un contrato con la ANP, la que fijará las condiciones de la concesión. En el contrato, la ANP establecerá mecanismos para mitigar posibles impactos negativos sobre el empleo relacionado con la adjudicación de una nueva terminal. El contratista deberá contar en su planilla de empleados con al menos un 70% de residentes en Uruguay.

Al finalizar el plazo contractual, la ANP accederá a la plena disposición del área otorgada, los bienes, construcciones e instalaciones fijas o móviles.

La ANP designará un síndico adicional al órgano de contralor interno que se renovará cada dos años. Su designación recaerá sobre una persona con notoria solvencia técnica en la materia a partir de una terna propuesta por la Unión de Exportadores, cuyas competencias quedarán definidas en la reglamentación de la ley.

El contratista pagará mensualmente a la ANP un canon fijo durante todo el plazo del contrato; canon por TEU Movilizado, un monto mínimo básico proporcional a los contenedores movilizados en el mes de US$ 12. Otro canon variable a los contenedores que se desconsoliden en el mes de US$ 20 y un cuarto canon de monto variable de US$ 20 por los contenedores que se consoliden en el mes.