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LONDRES | THE ECONOMIST

A comienzos de año, el Rey de Arabia Saudita realizó una ceremonia para recibir el primer lote de arroz, que era parte de la primera cosecha producida bajo lo que se conoce como la iniciativa del Rey Abdullah de inversiones agrícolas sauditas en el exterior.

Fue cultivado en Etio+pía, África, donde un grupo de inversores sauditas está gastando US$ 100 millones para producir trigo, cebada y arroz, en tierras que les fueron alquiladas por el gobierno. Los inversores están exonerados de impuestos en los primeros años y pueden exportar la totalidad de la cosecha hacia su país. Mientras, el Programa Mundial de Alimentación (WFP, por su sigla en inglés) gasta casi el mismo monto que los inversionistas (US$ 116 millones) para proveer 230.000 toneladas de ayuda alimentaria entre 2007 y 2011 a 4,6 millones de etíopes que considera están amenazados por el hambre y la desnutrición.

El programa saudita es un ejemplo de una potente aunque polémica tendencia que arrasa al mundo pobre: países que exportan capitales, pero importan alimentos, están subcontratando a la producción agrícola a países que necesitan capital, pero tienen tierra disponible. En vez de comprar alimentos en los mercados mundiales, los gobiernos y empresas con influencia política adquieren o arriendan tierras en el exterior, crecen las cosechas allí y las envían de retorno.

Los partidarios de esos tipos de acuerdos argumentan que proveen nuevas semillas, técnicas y dinero para la agricultura, que es la base de las economías de los países pobres, que han sufrido el desastre de la insuficiencia de inversiones durante décadas. Los opositores denominan a esos proyectos "ocupaciones de tierras", sostienen que las extensiones agrícolas estarán aisladas de los países anfitriones y argumentan que los agricultores pobres serán expulsados de las tierras que han cultivado durante varias generaciones. Lo cuestionable es que los proyectos son grandes, riesgosos y polémicos. En Madagascar, contribuyeron al derrocamiento del gobierno.

Las inversiones en agricultura en el exterior no son nuevas. Después del colapso de la Unión Soviética, en 1991, inversionistas extranjeros corrieron a arrebatar las que fueron granjas colectivas y propiedad del Estado. Antes de ello, hubo famosos ejemplos de intentos europeos de establecer granjas pioneras en las ex colonias, como fue el fracasado intento británico, en la década de los `40, de convertir partes del sur de Tanzania, África, en una ilimitada pradera productora de maníes. La frase "república bananera" originalmente se refirió a las dictaduras serviles que mandaban en los países cuyas economías estaban dominadas por plantaciones de frutas propiedad de extranjeros.

Pero, varios aspectos de la actual moda son nuevos. Uno es la escala. Un gran acuerdo por tierras era de unas 100.000 hectáreas. Ahora, los más grandes son varias veces esa extensión. Corea del Sur ha firmado, sólo en Sudán, acuerdos por 690.000 hectáreas, Emiratos Árabes Unidos por 400.000 hectáreas y Egipto se ha asegurado un acuerdo similar para producir trigo. Un jerarca de Sudán dice que su país destinará casi la quinta parte de sus tierras cultivables a gobiernos árabes, en el país más grande de África.

No sólo los estados del Golfo Pérsico compran los predios agrícolas en África. China se aseguró el derecho de producir aceite de palma que usará como biocombustible, en 2.8 millones de hectáreas del Congo, lo que será la plantación de aceite de palma más grande del mundo. Está negociando para desarrollar cultivos destinados a biocombustibles en dos millones de hectáreas en Zambia, un país donde las granjas chinas producen la cuarta parte de los huevos que se venden en la capital, Lusaka. De acuerdo con una estimación, un millón de peones agrícolas chinos trabajarán en África este año.

El Instituto Internacional de Investigación y Política Alimentaria (IFPRI, por su sigla en inglés), señala que, desde 2006, un total de entre 15 millones y 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas en países pobres ha sido objeto de transacciones o conversaciones que involucran a extranjeros. Equivale a las tierras agrícolas de Francia y a un quinto de las tierras de agricultura de la Unión Europea. Haciendo un cálculo conservador sobre el valor de las tierras, IFPRI estima que esos acuerdos tienen un valor de entre US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones, por lo menos diez veces más que un paquete de emergencia para la agricultura anunciado por el Banco Mundial y 15 veces más que el nuevo fondo de seguridad alimentaria creado por EE.UU.

CUANTIOSO. Si se parte de la base de que la tierra, cuando esté desarrollada, tendrá un rendimiento de dos toneladas de granos por hectárea (el doble del promedio africano, aunque menos que el de Europa, EE.UU. y zonas ricas de Asia), producirá entre 30 millones y 40 millones de toneladas de cereales por año. Es una parte significativa del comercio mundial de cereales que es de unas 220 millones de tonelada anuales y sería más que suficiente para saciar el apetito de importaciones de granos en Medio Oriente. El analista de Nomura Securities, Richard Ferguson, argumenta que lo que está ocurriendo es la tercera gran ola de outsourcing, que sigue a la de la industria manufacturera en los `80 y la de tecnologías de la información en los `90.

Contrariamente a proyectos antiguos, los actuales se enfocan principalmente en alimentos esenciales o biocombustibles: trigo, maíz, arroz y jatrofa. En contraste, las incursiones agrícolas en otros tiempos eran para cosechas de café, té, azúcar o bananas. En el pasado, las inversiones extranjeras en agricultura habitualmente eran privadas. Ese proceso continuó. La empresa sueca Alpcot Agro compró 128.000 hectáreas en Rusia. Huyndai Heavy Industries, de Corea del Sur, pagó US$ 6.500.000 por la participación mayoritaria en Khoroi Zerno, una empresa propietaria de 10.000 hectáreas en Siberia. El banco estadounidense Morgan Stanley compró 40.000 hectáreas en Ucrania y Pava, una procesadora de granos rusa, tiene intención de vender 40% de su unidad de tierras a inversionistas del Golfo Pérsico, dando acceso a 500.000 hectáreas.

Gracias a crecientes valores de la tierra y precios de los commodities, la agricultura es uno de los pocos sectores atractivos durante la crisis. Pero, la mayoría de los nuevos negocios ha sido entre gobiernos. Los adquirentes son gobiernos extranjeros o empresas estrechamente ligadas a estos, como son los fondos de riqueza soberanos. Los vendedores son gobiernos anfitriones que entregan tierras de las cuales son propietarios nominales.

Eso ha determinado que la actual ronda de adquisiciones de tierras sea diferente en sus características y escala. Cuando los inversionistas privados ponían dinero en cultivos para la venta directa, contribuían al auge del comercio mundial y a la actividad económica internacional. Pero ahora, los gobiernos invierten en cosechas para alimentos esenciales en un impulso proteccionista para eludir los mercados mundiales.

EN ASCENSO. ¿Por qué lo hacen y cuáles son las consecuencias? "La seguridad alimentaria no es un tema solo de Abu Dhabi o los Emiratos Árabes Unidos", señala Eissa Mohamed Al Suwaidi, del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. "Se ha convertido en un asunto candente en todos lados". Confirma lo que todo el mundo sabe: los acuerdos por tierras son respuestas a la agitación de los mercados de alimentos.

Entre el comienzo de 2007 y mediados de 2008, el índice de precios de alimentos de The Economist subió 78%; los porotos de soja y el arroz se dispararon más de 130%. Mientras, los stocks de alimentos cayeron. En los cinco principales exportadores de granos, el ratio de stocks y consumo más exportaciones cayó al 11% en 2009, por debajo de su promedio de diez años que fue superior al 15%.

No solo fueron los incrementos de precios lo que preocupó a los importadores de alimentos. Algunos de ellos son exportadores de petróleo y sus ingresos estaban en auge. Podían pagar precios más caros. Pero, no podían darse el lujo de aceptar estallidos de vedas a las exportaciones que impusieron grandes y pequeños productores de granos, como India, Ucrania y Argentina, para impedir que los precios de los alimentos crecieran en sus países. Acciones de ese tipo suscitaron temor en el Golfo Pérsico de que un día los países importadores no podrían asegurarse suficientes suministros a ningún precio.

¿Qué debían hacer? La respuesta obvia fue invertir en la agricultura propia. Los países que podían, lo hicieron. El gasto en infraestructura rural es el tercer mayor rubro del plan de estímulo de US$ 585.000 millones de China. Para Europa, los altos precios confirmaban que la política agrícola proteccionista común debía preservarse.

Sin embargo, los exportadores de petróleo más ricos no tuvieron esa opción. Arabia Saudita se hizo autosuficiente en producción de trigo al destinar innumerables cantidades de dinero a crear campos de cultivo de granos en el desierto. Pero, en 2008, abandonó su programa cuando descubrió que los agricultores estaban consumiendo agua a un ritmo catastrófico. Si Arabia Saudita estaba produciendo más alimentos de lo que debía, y no confiaba en los mercados mundiales, la única solución era encontrar tierras cultivables en el exterior. Otros estados del Golfo Pérsico hicieron lo mismo. También lo hicieron China y Corea del Sur.

Los que venden son sagaces. Sudán permite que los inversionistas exporten el 70% de la cosecha, pese a que es receptor de la mayor ayuda alimentaria del mundo. Pakistán ofrece medio millón de hectáreas de tierras y promete a los inversores 100.000 hombres para protegerlos. Los acuerdos dan a los países pobres la oportunidad de cambiar décadas de inversiones insuficientes en la agricultura, que llevaron a que el crecimiento promedio del rendimiento de cereales cayera de entre 3% y 6% por año en los `60, a entre 1% y 2% actualmente, según el Banco Mundial.

20 Son, aproximadamente, los millones de hectáreas agrícolas arrendadas por extranjeros en los países pobres desde el 2006.

40 Serán, a lo sumo, los millones de toneladas de cereales que se producirán por año en tierras compradas a los países pobres.

Los gobiernos anfitriones sostienen que las tierras que ofrecen en venta o arriendo están vacías o son propiedad estatal, pero no siempre es verdad. La tierra puede ser formalmente propiedad del Estado, pero tener a personas que han cultivado allí por muchas generaciones. Sus derechos consuetudinarios son reconocidos localmente, pero muchas veces no por la ley, ni tampoco por los acuerdos de inversiones extranjeras.

Por tanto, los acuerdos muchas veces enfrentan a dos grupos en los países anfitriones y la cuestión es cómo se resuelven esos conflictos. "Si se busca que la gente invierta, hay que hacer concesiones", dijo el vocero del presidente de Kenia. El problema es que las concesiones, con frecuencia, son unilaterales. Los propietarios según uso consuetudinario, son expulsados de la tierra que creen les pertenece. Los que tienen pequeñas extensiones son presionados para que firmen la cesión de sus derechos a cambio de un monto insignificante.

Eso es preocupante en sí y deriva en tanta oposición local que impide la implementación de algunos acuerdos. Joachim von Braun, director del IFPRI, argumenta que la mejor manera de resolver los conflictos es con una fórmula, por la cual los inversores extranjeros firman un código de conducta para mejorar los términos de los acuerdos para los locales.

Buenas prácticas podrían significar respetar los derechos de uso, compartir beneficios entre los habitantes locales, aumentar la transparencia y ajustarse a las políticas comerciales nacionales.

Hay suficientes motivos para el escepticismo sobre estos acuerdos. Si logran revertir la larga declinación de la agricultura en los países pobres, estarán justificados. Pero, como cualquier gran emprendimiento deberán pasar muchos años para ver su impacto total.

China ha instalado once estaciones de investigación en África para impulsar el rendimiento de las cosechas de alimentos esenciales. El África Subsahariana gasta mucho menos que India en investigación y desarrollo agrícola. Aun sin nuevas variedades de semillas ni sofisticados sistemas de irrigación por goteo, la inversión debería ayudar a los productores. Una de las mayores limitaciones de la agricultura africana es la incapacidad de pedir dinero prestado para fertilizantes. Si los nuevos propietarios ayudaran a agricultores a obtener crédito, marcarían la diferencia.

Debe mantenerse cierta desconfianza. La agricultura en África es difícil. Si se juzga la escala de los proyectos, los inversionistas parecen apostar a crear grandes granjas tecnológicamente sofisticadas. Éstas han dado buen resultado en Europa y las Américas. Paul Collier, de la Universidad de Oxford, dice que África necesita ese modelo: "La agricultura africana con peones está cada vez más rezagada ante el avance de la frontera de la productividad comercial".

Pero, los resultados de grandes establecimientos en África han sido pobres. A los que les ha ido mejor se apartan de los cultivos de alimentos esenciales y pasan a producciones de más valor, como flores y frutas. Sistemas de producción mecanizada que cultivaron alimentos terminaron con frecuencia con la maquinaria abandonada y herrumbrándose, en medio de la maleza que vuelve a crecer. Además, los grandes productores tienen conexiones y dedican más tiempo a hacer gestiones para obtener favores especiales que al trabajo duro.

En Madagascar, la hostilidad a un acuerdo que hubiera arrendado 1.300.000 hectáreas -la mitad de la tierra cultivable de la isla- a la surcoreana Daewoo Logistics, hizo estallar las llamas de la oposición y contribuyó al derrocamiento del Presidente. En Zambia, el principal líder de la oposición ha hablado en contra del proyecto propuesto por China para cultivar dos millones de hectáreas con destino a biocombustibles. El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Camboya protesta porque nadie tiene idea de los términos en los que Kuwait ofrece arrendar tierras.

El director de la FAO, Jacques Diouf, califica a algunos proyectos de "neocolonialistas". Anticipándose a las críticas, un jerarca del Ministerio de Agricultura chino insiste que no buscan comprar tierras en el exterior, pero agrega: "si hubiera solicitudes, nos gustaría dar asistencia". Según una estimación, desde 2007, China firmó 30 acuerdos de cooperación agrícola por más de dos millones de hectáreas.