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BEIJING | EL PAÍS DE MADRID Y AGENCIAS

El gobierno de Beijing reprimió el domingo una manifestación uigur, la minoría musulmana de la región autónoma de Xinjiang. La policía disparó contra la multitud en las calles de la capital, Urumqi, causando al menos 156 muertos y 828 heridos.

Los incidentes son los más violentos desde la cruenta matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen hace 20 años. Los manifestantes pedían que se investigara el enfrentamiento que se produjo el mes pasado entre uigures y chinos han -la etnia mayoritaria del país- en una fábrica en la ciudad de Shaoguan (provincia sureña de Guangdong), en el que murieron dos miembros de la minoría musulmana.

El estallido de violencia en Urumqi, ciudad de 2,3 millones de habitantes, tuvo lugar tras lo que, según los manifestantes, comenzó como una protesta pacífica por parte de 1.000 a 3.000 personas -300 a 500, según China Daily-, que desembocó en la quema de vehículos, incendio de viviendas, choques con los antidisturbios y ataques a los miembros de la etnia han.

La agencia oficial Xinhua aseguró que se detuvo a varios cientos de personas, entre ellas más de 10 acusadas de incitar la revuelta, mientras que otras 90 son buscadas por la policía.

Las asociaciones de uigures en el exilio dijeron que la violencia empezó después que las fuerzas de seguridad reprimieran con extrema dureza la manifestación que se desarrollaba de manera pacífica. Xinhua afirmó que la situación ayer se encontraba "bajo control". No trascendió que se produjeran altercados en otras zonas de Xinjiang.

Nuer Baikeli, gobernador de la región autónoma, aseguró que los enfrentamientos fueron incitados por fuerzas extremistas en el extranjero.

"Después del incidente (de Shaoguan), las tres fuerzas en el exterior se esforzaron en agitar y aprovecharon la oportunidad para atacarnos, incitando las protestas callejeras", dijo en la televisión local. Las "tres fuerzas" a las que se refiere son movimientos que, según Beijing, promueven el separatismo, la acción militar y el extremismo religioso.

Otro responsable chino aseguró que "los disturbios fueron planeados por el Congreso Mundial Uigur, dirigido por Rebiya Kadeer. Esto fue un crimen de violencia premeditado y organizado", dijo, según Xinhua, sin citar su nombre.

Rebiya Kadeer es una mujer de negocios uigur que se exilió en Estados Unidos tras pasar varios años encarcelada en China. Los movimientos uigures en el exilio rechazaron la acusación del Gobierno.

"Nos están acusando para distraer la atención de los uigures de la discriminación y opresión que provocaron las protestas", dijo Dilxat Raxit, portavoz del Congreso Mundial Uigur en Suecia, según informó ayer la agencia internacional de noticias Reuters.

"Comenzó como una congregación pacífica. Había miles de personas gritando que acabe la discriminación étnica. Están cansados de sufrir en silencio". En China hay unos 8,3 millones de uigures.

Las tensiones entre los uigures y la mayoría han nunca están lejos de estallar en Xinjiang, una enorme región de gran riqueza mineral, limítrofe con ocho naciones del Asia central. Muchos uigures anhelan la independencia y algunos milicianos libraron de manera esporádica una campaña separatista.

Los uigures son el grupo étnico más grande en Xinjiang, pero no en Urumqi, la capital, que atrajo a migrantes han en grandes cantidades. La ciudad posee una abrumadora mayoría china, lo cual genera rencores entre los uigures, que se consideran marginados.

Las acusaciones de complot hacia los exiliados proindependentistas reproducen las que siguieron las revueltas en Tíbet en marzo de 2008, que, según Beijing, fueron impulsadas por "la camarilla del Dalai Lama", el líder espiritual de los tibetanos y premio Nobel de la Paz.

En tanto, la Casa Blanca se declaró "profundamente preocupada" por los disturbios, afirmó el portavoz, Robert Gibbs, en Moscú. Y agregó: "Por ahora, las informaciones no son claras sobre las circunstancias que rodearon las muertes y las heridas. Por tanto, resulta prematuro hacer comentarios o especular".

Beijing | Las autoridades chinas pidieron al Gobierno español que tome las medidas necesarias para que la justicia española deje de investigar sobre la represión de las manifestaciones de 2008 en la región del Tíbet, por la que acusa a ocho responsables chinos.

En un escrito enviado por las autoridades chinas a la Audiencia Nacional, difundido ayer por la principal instancia judicial española, el gobierno chino también denegó a un juez español viajar a ese país para interrogar a los investigados. El juez Santiago Pedraz envió el 5 de mayo una comisión rogatoria a las autoridades chinas en la que solicitaba interrogar en China a los ocho responsables, entre ellos el ministro chino de Defensa, Liang Guanglie.

Las autoridades chinas respondieron en el escrito denegando la solicitud de Pedraz y exigieron al gobierno español que "adopte las medidas inmediatas y eficaces para prevenir cualquier abuso del Tratado de asistencia judicial en materia penal, haciendo cesar cuando antes el supuesto caso", según el texto.

Para Beijing, la Audiencia Nacional "violó los principios básicos de jurisdicción e inmunidad de Estado que el derecho internacional establece".

El texto añade que se trata de "falsa querella" y que la solicitud de la justicia española "no pertenece a la cobertura del Tratado sobre asistencia judicial en materia penal entre varios países". AFP

828 Es el número de musulmanes heridos, algunos de gravedad, tras la represión policial china en la región autónoma de Xinjiang.