CLAUDIO FANTINI

Para los republicanos, en Honduras no hubo un golpe de Estado, sino el desplazamiento institucional de quien estaba violando sistemáticamente la Constitución. Ergo, el gobierno de Roberto Micheletti es legítimo. En cambio la bancada oficialista en el Capitolio entiende que, al no haber mediado un juicio político y ser deportado por lo militares de un país en el que ninguna ley legitima la deportación, Manuel Zelaya fue objeto de un golpe de Estado y, por ende, la salida de la crisis debe incluir su restitución en el cargo de presidente.

Obviamente, la mirada demócrata sobre Honduras es más nítida que la republicana. Para la administración Obama, los golpistas son golpistas, aún cuando el presidente derrocado haya llegado al poder prometiendo economía abierta y libre comercio con los EE.UU., dando luego un giro copernicano para navegar sobre la corriente del petróleo y los petrodólares venezolanos. Mientras que para los conservadores, Washington debe mantener la doble moral con la que siempre juzgó a aliados y enemigos.

Estas posiciones tan abiertamente contrapuestas no agotan las actitudes asumidas frente al caso hondureño. Si a los republicanos no les importa que los golpistas hayan violado la ley para derrocar a un presidente chavista, a los chavistas no les importa que su aliado hondureño haya estado avanzando hacia la neutralización total del Congreso y de la Corte Suprema, para construir un presidencialismo absoluto.

La derecha de EE.UU. consiente la violación de leyes, mientras que el bloque regional chavista no entiende que en la democracia constitucional los poderes del Estado son tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y no sólo uno (Ejecutivo), por tanto la anulación de la voluntad de legisladores y magistrados, o sea la neutralización de dos de los poderes por parte de uno de ellos, también adultera el Estado de Derecho. Por eso Chávez desprecia más la posición de Obama y de Oscar Arias que la de los republicanos.

El presidente de Costa Rica entiende que el de Micheletti es un gobierno de facto y que Zelaya debe ser restituido en la presidencia, pero mediante un diálogo con los otros poderes, para que la división impulsada por Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, no sea reemplazada por el presidencialismo absoluto de Venezuela.