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Cuando asuma en Defensa, Gonzalo Fernández tendrá sobre su mesa un informe de la Auditoría Interna de la Nación pidiéndole que investigue al Ejército por el posible manejo irregular de fondos por varios millones de dólares.

La compra de armamento, la adquisición y remodelación de vehículos blindados Mowag y la renovación de equipos de comunicaciones fueron hechos por el Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE) a propuesta de su Departamento Financiero Contable.

La Auditoría Interna detectó en las tres operaciones un manejo no ajustado a las normas vigentes, en ocasiones apartado de la Constitución. A la vez, descubrió la existencia de tres cuentas bancarias en Estados Unidos con varios millones de dólares depositados en ellas y otra en Uruguay sin mayores registros ni controles. Las cuentas bancarias manejadas son en los bancos Riggs, sin datos sobre saldos y clausurada en 2004; Wachovia, con US$ 1,3 millones cerrada a fines de 2005; y HSBC, con US$ 3 millones, clausurada en 2008; y una en Uruguay (Discount) sin datos y cerrada en 2006. Según la AIN, la cuenta en el banco HSBC de Estados Unidos era manejada por el agregado militar en Washington.

También por la ausencia de registros en las oficinas locales del Ejército, no se pudo determinar el fin de dos salidas de caja de un millón de dólares cada una de la cuenta del Discount Bank, informó la AIN.

BLINDADOS. Del análisis realizado en la compra de equipos de comunicaciones, la AIN constató que el ordenador del gasto no tenía la autorización necesaria del Poder Ejecutivo para efectuar la compra.

Respecto a los 40 vehículos Mowag, la AIN halló dos tipos de irregularidades: una violación de la Constitución y pagos sin contrato. En abril de 2007, el general Daniel Castellá, titular del CALE -la unidad a través de la cual se hace la mayoría de las compras- conoció en Chile la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), donde se acondicionaron los blindados. Según la AIN, con esta remodelación el Ejército violó la Constitución al no existir aprobación parlamentaria del convenio suscrito entre Uruguay y Chile en materia de cooperación en Defensa.

El pago por los 40 blindados se realizó mediante transferencia bancaria al HSBC en Washington. El acondicionamiento, los repuestos de Famae, los gastos varios y los fletes se abonaron con la cuenta del BROU. Sin embargo, la AIN constató algunas erogaciones sin un contrato que regulara la ejecución del gasto.

Hubo dos compras de fusiles, en 2007 por US$ 876.564 y en 2008 por US$ 5.629.188. El pago está pendiente y se realizará con el dinero depositado en la cuenta del BROU. A febrero, los fusiles aún no habían llegado, informó la AIN.

El pago de todas estas operaciones no tuvo la intervención del Tribunal de Cuentas, lo cual supone incumplimiento de normas constitucionales.

El Ejército entregó en su momento todos los antecedentes a la AIN y ahora aguardan que el Ministerio de Defensa corrija los procedimientos, dijeron a El País oficiales allegados al jefe de la fuerza, general Jorge Rosales. La AIN recomendó a Defensa "realizar una investigación administrativa" para "determinar si hubo manejo irregular de los fondos depositados en las cuentas".