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Argentina acusó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de causar daños irreversibles al río Uruguay, y de poner en peligro la salud de la población ribereña con la radicación de Botnia.

Al iniciarse las audiencias finales de esta larga contienda ante el máximo órgano judicial de la ONU, con sede en La Haya, la representante de la delegación argentina cargó contra Uruguay por permitir la construcción de la papelera de la finlandesa Botnia, en servicio desde noviembre de 2007, sin previa consulta con su vecino.

La fábrica supone "una violación flagrante por parte de Uruguay de las obligaciones del estatuto del río Uruguay" de 1975, establecido por ambos países para proteger el medioambiente y los recursos fluviales, declaró la consejera jurídica de la cancillería Susana Ruiz-Cerutti, en el primer día de alegato argentino.

"Cada día", la planta, cuya vida útil está estimada en 40 años, "desprende una enorme cantidad de contaminantes en el agua y en el aire", prosiguió la agente argentina, subrayando los "daños irreversibles para el ecosistema del río".

La emanación de sulfuros de hidrógenos, que causan "olores insoportables", entraña además riesgos para la salud de los habitantes de Gualeguaychu y del balneario Nandubaysal, al otro lado de la ribera, acusó. "Huele a huevo podrido", aseguró Ruiz-Cerutti, para quien esta planta "nunca sería autorizada en Europa".

"Tenemos confianza en los argumentos propios", declaró al término de la audiencia el secretario argentino de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni.

"Es la planta equivocada en el lugar equivocado", criticó, asegurando que la población ribereña padece "las consecuencias" de su actividad, contradiciendo - afirmó -, los "estudios uruguayos" sobre su inocuidad.

Por parte uruguaya, el embajador en La Haya, Carlos Mora, declinó hacer declaraciones: "Sólo el ministro de Defensa (Gonzalo Fernández, ex canciller) hablará con la prensa en Uruguay", dijo.

Recientemente, Fernández aseguró sentirse confiado en que la Corte "desestimará la demanda".

El alegato argentino se prolongará hasta el jueves, mientras que la delegación uruguaya, liderada por el embajador en Estados Unidos, Carlos Gianelli, iniciará su defensa el próximo lunes, también durante cuatro días.

Durante la tercera y última semana de audiencias, que finalizarán el 2 de octubre, ambas partes dispondrán de dos días cada una para responder a los argumentos de la otra. La CIJ no emitirá su veredicto hasta dentro de unos meses.

La demanda de Argentina data del 4 de mayo de 2006, cuando denunció al país vecino por haber autorizado "unilateralmente" la construcción de dos fábricas de celulosa cerca del puerto fluvial de Fray Bentos, violando, a su entender, el estatuto de 1975.

Desde la llegada del caso a manos de la CIJ, sus magistrados desecharon en dos ocasiones implantar medidas cautelares.

La primera hacía referencia a la petición de Argentina de suspender las obras de la fábrica, mientras Uruguay reclamó en vano a la corte que ordenara la reapertura de un puente fronterizo bloqueado los asambleístas de Gualeguaychú. (AFP)