Alfonso Lessa

El Uruguay vive hoy con particular atención una instancia electoral crucial, en la que se habrá de elegir un nuevo gobierno, se renovará el total del Parlamento y además, se someterá a la voluntad popular dos iniciativas plebiscitarias.

La atención de todos, por tanto, está centrada allí, en una votación cuyo resultado indicará el rumbo del país por los próximos cinco años y establecerá las reglas del juego con las que se transitará ese camino, es decir si habrá gobierno -del signo que sea- con mayorías propias, o un Poder Ejecutivo que se verá necesitado de acuerdos para lograr encaminar sus proyectos en el Parlamento.

Se trata de una elección que fijará un nuevo mapa político y que -sumada a las internas de mayo- terminará de establecer las correlaciones de fuerzas internas de cada uno de los partidos, fortalecerá o debilitará liderazgos y, como siempre, tendrá ganadores y perdedores.

La trascendencia de lo inmediato, sin embargo, ha relegado en el análisis el hecho de que estos comicios marcan los 25 años ininterrumpidos y saludables de elecciones democráticas, después de la dictadura. Un hecho para nada menor, si se compara con las realidades e incertidumbres que vivió el país en algunos períodos y con lo que pasa en otras partes, algunas bastante cercanas.

Y no fue un cuarto de siglo cualquiera: fue un rico período que supo de desafíos políticos, crisis económicas y discusiones de todo tipo, es decir, una serie de acontecimientos con los cuales el sistema democrático, lejos de debilitarse se ha fortalecido.

En estos 25 años, además, han gobernado a lo largo de cinco períodos las tres colectividades políticas mayoritarias, una novedad en la historia del país. Hubo tres gobiernos colorados, dos de ellos de Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), uno de Jorge Bat- lle (2000-2005), uno blanco, de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y el actual del Frente Amplio (2005-2010).

En este cuarto de siglo, el país vivió diferentes modelos de coalición de gobierno, procesó una reforma constitucional que cambió radicalmente el sistema electoral, y afrontó varios plebiscitos del más diverso carácter, desde temas tan sensibles como las violaciones a los derechos humanos, a otros que tuvieron que ver con los servicios públicos y las empresas del Estado.

El país sufrió la pérdida de algunas de sus figuras más relevantes, como Wilson Ferreira, Líber Seregni o Hugo Batalla, entre otros, y presenció cambios en su sistema de partidos, la transformación de sectores y colectividades, así como variaciones en el comportamiento del electorado y también en la conducta de los actores políticos, a veces acompañando los cambios tecnológicos, a veces atrás de los mismos.

Durante este cuarto de siglo el Uruguay discutió el modelo de transición desde la dictadura y también afrontó episodio complejos y en particular uno de ellos que exhibió la fortaleza de su sistema político: la profunda crisis económica del año 2002. En aquella oportunidad, a diferencia de lo que pasaba al mismo tiempo en la vecina Argentina, donde la gente pedía "que se vayan todos", fueron los propios partidos y dirigentes políticos que -unidos en lo sustancial- pudieran sacar el país adelante con la aquiescencia de la gente.

Aquella crisis pudo haber tenido costos políticos individuales y aun sectoriales, pero no afectó al sistema: mostró un conjunto de partidos que ante la amenaza -y más allá de diferencias-, actuó con lealtad institucional.

Ocurra lo que ocurra hoy, el país necesitará rescatar en esta sexta elección consecutiva aquella actitud para seguir consolidando una democracia representativa que no sólo tenga en cuenta a las mayorías circunstanciales, sino que también -como esencia del sistema- contemple con respeto y tolerancia, a las minorías. Y que pueda articular los intereses de las mitades que se insinúan.