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CANELONES | PATRICIA MANGO

La Intendencia promueve, a través de la Junta Departamental, prohibir las fumigaciones aéreas que son frecuentes en áreas rurales. De prosperar la iniciativa, sólo se autorizarán para casos excepcionales. Los infractores serán sancionados.

Una fumigación aérea que "sobrevoló" una escuela rural y un área densamente poblada, en 2008, motivó a que los habitantes de Santa Rosa realizaran varias denuncias y alertaran a las autoridades departamentales sobre el peligro que ocasiona este tipo de prácticas.

Como consecuencia se formó una comisión en la Intendencia de Canelones integrada por los departamentos de Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental y Planificación y Urbanismo y ediles de los diferentes partidos. Después de varios meses de análisis la comisión pedirá la prohibición de fumigaciones aéreas. "Dado que hay una población diversa y dispersa, es conveniente restringir ese tipo de prácticas" advirtió Luis Aldabe, director de Desarrollo Productivo de la IMC. El jerarca aclaró que no hubo intoxicaciones pero, dijo, que "no se puede asegurar" que no haya llegado pesticida a las viviendas de pobladores de la zona.

La comisión está evaluando además la eventual obligación de pedir autorización para plantaciones de productos transgénicos y pretende avanzar en resoluciones vinculadas a grandes áreas forestadas. Según Aldabe "se camina hacia un cambio en la categorización de suelos" ya que muchos son considerados suburbanos cuando en realidad son rurales.

ANTECEDENTES. La iniciativa original surgió del ejecutivo comunal. Con un artículo único se establecía la prohibición y la facultad del intendente de aplicar excepciones en caso de situaciones extraordinarias de emergencia sanitaria o alimenticia. Pero el proyecto tenía carencias a nivel jurídico. "La acción de un particular no puede prohibirse mediante una resolución, que es, en sustancia un acto administrativo" explicó a El País Fernando Lúquez, edil del Partido Nacional.

Lúquez aclaró que sí puede hacerse por decreto departamental, en virtud de lo que dispone el artículo 10 de la Constitución. "Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

Por eso, el proyecto nuevamente volvió a la comisión de Medio Ambiente para su reevaluación. Pero, de aprobarse el nuevo proyecto que redactó Lúquez, las fumigaciones estarán finalmente prohibidas.

El segundo artículo del documento establece la posibilidad de que privados soliciten una autorización para la fumigación y la competencia de decidir recaerá sobre el intendente, si la Junta Departamental le da su anuencia.

Previamente, la solicitud debe obtener los dos tercios del total de votos de los concejales del municipio. El informe en el cual se basará la decisión de autorizar las fumigaciones incluirá la opinión vecinal, calidad y cantidad de productos fitosanitarios y asesoramiento profesional. Toda fumigación aérea que se haga sin autorización concedida por la autoridad competente será considerada una infracción y quien la cometa será denunciado ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, "en conformidad por lo dispuesto en el Art. 15 de la Ley 17.283 del 28 de noviembre de 2000", explicó Lúquez.

La Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental, tendrá ambos para evaluar y decidir cuál enviar al plenario. Fuera de que el proyecto "se lleve o no" dijo Lúquez, "importa resaltar que prohibir determinadas acciones de los particulares, amerita un acto legislativo, no es solamentr una decisión del intendente".