PAYSANDÚ | SANDRA KANOVICH

La Junta Departamental solicitó informar a la Fiscalía Departamental, a instancias del edil nacionalista, Nicolás Olivera, por los desórdenes y molestias que soportan los vecinos de la Plaza Artigas como consecuencia de la concentración de jóvenes. La intención es dar intervención a un cuarto actor -además de la Intendencia, el INAU y la Jefatura de Policía- para que investigue si se están cumpliendo las normativas y establezca si los organismos responsables están omisos o no en sus deberes, explicó el edil a El País.

La definición se produjo después de que los vecinos fueran recibidos en la sesión del órgano deliberativo en la noche de jueves, para poner a sus integrantes al tanto de la situación. Olivera solicitó después que la información fuera remitida a la intendenta, al jefe de Policía, a la jefa del INAU y a la Fiscalía Departamental. "Lo que queremos es exaltar el celo de los organismos por el cumplimiento de sus obligaciones y que nadie quede cruzado de brazos", dijo Olivera.

Agregó que más allá de los aspectos de competencia municipal "existen circunstancias que pueden configurar delitos". "Si uno debe pagar un peaje para entrar a su casa es un delito de violencia privada, si a uno le rompen un vidrio porque pide que bajen el volumen de una radio, es por daño".

Tras la reunión sostenida el lunes entre la intendenta Helena Heinzen y los vecinos de la plaza, la Dirección de Tránsito comenzó a reforzar los controles en la zona. Los ruidos molestos por escapes libres y picadas, especialmente de motos, son una de las quejas de los vecinos. La Intendencia también definió señalizar con pintura las entradas de los garajes de las casas, a fin de que no queden dudas de los lugares en los que está prohibido estacionar.