Julio María Sanguinetti

La tan discutida ley de Caducidad fue aprobada por una amplia mayoría parlamentaria en diciembre de 1986 y, sometida a un referéndum, la ciudadanía la ratificó el 16 de abril de 1989. Veinte años más tarde, en ocasión de la elección de noviembre de 2009, se volvió a proponer su nulidad y el cuerpo electoral ratificó nuevamente la ley. O sea que no existe norma con mayor legitimidad, formal y sustancial, en la historia de nuestro derecho.

Dos pronunciamientos del cuerpo superior de la soberanía nacional, deberían cerrar definitivamente todo debate.

Por esa razón, el constitucionalista más respetado del Frente Amplio, al que representó en el Senado en el período pasado, el Prof. José Korseniak, dice: "Yo enseño hace 40 años en la Facultad de Derecho que el artículo 82 de la Constitución dice que la Nación, que es la soberana, ejerce directamente su soberanía a través del cuerpo electoral e indirectamente a través de los tres poderes representativos".

"Como principio que todo el mundo entiende, un órgano inferior no puede derogar lo que hizo un órgano superior. En este caso, el Parlamento, que es inferior al cuerpo electoral, no puede ni derogar ni anular lo que hizo un órgano superior como es el cuerpo electoral. Esto es lo que yo sostengo jurídicamente, aunque me duela y no me guste".

O sea que, jurídicamente, el tema ya no tiene retorno. Pero más allá de lo estrictamente jurídico, ¿no existe en la democracia un respeto mínimo por las instituciones y los pronunciamientos del Cuerpo Electoral? ¿Con qué autoridad política y moral un grupo de legisladores considera que puede estar por encima de la ciudadanía?

Estamos ante un caso notorio de mesianismo político. De gente que cree que puede pasar por encima de nuestro sistema de instituciones. Y no hay modo de detenerlos en una acción que posee un preocupante furor vengativo.

Como escribió Carlos Maggi hace un tiempo: "Declarar inexistente una ley que se aplicó durante 23 años, anuncia un alto grado de desprecio por las garantías establecidas. Estamos viendo las dictaduras legales que afligen el continente".

Es que la seguridad jurídica es uno de los derechos humanos fundamentales: no es posible reírse de la cosa juzgada, revivir delitos que ya fueron anulados, desaplicar una ley que ya se aplicó, imponer retroactivamente una ley penal y despreciar los pronunciamientos del Cuerpo Electoral. Es demasiado.

Ahora se invoca una ley internacional que por cierto no está por encima de los principios de nuestra Constitución. Y mucho menos retroactivamente, hacia un pasado definitivamente saldado.

La nueva ley, presuntamente interpretativa, por vía oblicua vuelve a desconocer una decisión del cuerpo electoral al revivir un recurso de nulidad que fue expresamente desechado.

El país ha vivido 25 años de pacífico goce de las libertades públicas. Se han sufrido algunas violaciones a los derechos humanos, como los recientes episodios ocurridos en las cárceles, pero no por motivaciones políticas o desafuero de algún oficial.

La ley no generó la sensación de impunidad militar que se anunciaba, al punto que las Fuerzas Armadas han estado subordinadas fielmente a los poderes constituidos desde el 1º de marzo de 1985.

La ley, con todo lo discutible que se quiera, indudablemente fue pacificadora y por eso el Uruguay no vivió las tribulaciones que en su tiempo sufrió la Argentina ni los recortes institucionales de Chile, donde hasta el dictador siguió como Comandante en Jefe del Ejército.

La ley fue tan pacificadora como la amnistía a los guerrilleros y presos políticos que habían integrado las organizaciones que, por medio de la violencia, pretendieron derribar la Constitución democrática.

En 25 años, no hubo rebrotes guerrilleros ni desbordes militares. Predominó una ética de la paz que igualó ante la ley a todos aquellos que, de una manera u otra, habían desbordado los marcos legales, en nombre de su teoría revolucionaria unos o de su doctrina de seguridad los otros.

¿Cuál es la diferencia moral entre matar a un guerrillero o asesinar a un civil como el Prof. Acosta Lara? ¿Cuál es la pretendida superioridad ética de secuestrar y torturar a un empresario, juzgado por un tribunal revolucionario sin garantía alguna, sobre la aprehensión y maltrato de un presunto miembro de una organización delictiva?

Todas esas acciones fueron abominables y son parte de un tiempo que el país quiso dejar en el pasado.

Se optó por el perdón y la paz. Para todos y sin distingos. Y así lo sigue diciendo el pueblo y así lo decimos quienes estuvimos en contra del golpe de Estado con la misma claridad y firmeza con que antes habíamos estado contra la guerrilla que nos trajo la violencia y nos llevó adonde nos llevó.

No es posible que se persista en estos intentos divisionistas del pueblo uruguayo, que procuran su fragmentación en nombre de una autoridad moral que se han autoasignado.

¿Hasta cuándo?