IGNACIO DE POSADAS

Cuando algo está bien, hay que reconocerlo, felicitarse por ello y elogiarlo. La DGI acaba de publicar una "Carta del Contribuyente" en la cual se describen derechos del contribuyente y al hacerlo, se procura una ubicación más ponderada para el Fisco. Llegar a un ejercicio equilibrado de autoridad en materia de la administración de tributos no es cosa fácil. Juegan en la materia varios factores en tensión.

Para empezar, hay un enorme desequilibrio de poder entre las partes. El estereotipo del contribuyente rico, poderoso y sofisticado frente al inspector, munido de apenas una birome, un formulario y una calculadora, hace rato ya que no existe más. Hoy en día, el Fisco tiene infinitamente más poder que el contribuyente y los medios técnicos para obtener la información que desee. Es más, como el grueso de las inspecciones se da en empresas formales que mucho tienen para perder si malquistan a la DGI, la presión es enorme. Coadyuvan para ello dos factores más: 1) Una normativa muy deficiente; y 2) Una cultura cargada de fantasía.

Los esfuerzos que, de tanto en tanto, se han hecho para tener un cuerpo normativo tributario que sea, a la vez, claro, coherente y equilibrado, son subsecuentemente deformados por el vicio, consuetudinario de legislar y regular al golpe del balde y en idioma esotérico (técnica usada a propósito para generar temor en el contribuyente). Al tiempo que es frecuente el agite de fantasmas bajo la figura de ricos evasores o de espejismos, bajo la mula de que todo se arreglará si se mejora la recaudación.

La resultante de esos y otros factores es una realidad que clama a gritos por un marco de justicia y equilibrio entre el Fisco y los contribuyentes, para lo cual la iniciativa de la DGI resulta brillante, a la vez que merecedora de profundización y perfeccionamiento. Hay una serie de prácticas ilegítimas que ocurren en actuaciones de la DGI por exceso de celo (y de normas defectuosas), para las cuales no hay previsión (protección) expresa en la novel carta. Señalo algunos ejemplos:

-No especificar clara y precisamente el objeto de la inspección.

-No labrar acta de todas las solicitudes y manifestaciones de los inspectores en el curso de las actuaciones.

-Solicitudes acumulativas, en etapas sucesivas, de información, frecuentemente sin expresión de causa.

-Desconocimiento de las fronteras entre lo comercial y lo personal.

-Inducir a negociaciones acerca de la materia inspeccionada y un desenlace en la línea de "algo siempre hay que pagar".

-Presionar a comerciantes para que delaten a sus clientes (p.e. quiénes compraron bienes de alto valor).

En fin, hay otros "vicios", cuya enumeración taxativa no vale la pena hacer, hasta el menos aceptable de todos que es el uso de medidas cautelares con la finalidad no de garantizar eventuales derechos, sino de presionar para alcanzar un acuerdo negociado.

Pero comienzo tienen las cosas (y suele ser lo más difícil). La DGI está dando el mensaje de que quiere ir a una realidad basada en los principios jurídicos consagrados por nuestra Constitución, que no dan al Fisco poder para desconocer los derechos de los contribuyentes ni erigen a la recaudación tributaria en un fin esencial del Estado. Sobre aquella base, bien haría el gobierno en llamar a la cátedra y a quienes viven estas realidades desde la óptica de los contribuyentes, para dar a la carta el contenido garantista cuyo deseo expresa la DGI y es absolutamente necesario para restablecer el equilibrio entre Fisco y contribuyentes.