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En su última sesión del año, la Cámara de Representantes aprobó la reforma del Código de Minería en medio de protestas e insultos proferidos desde las barras por parte de representantes de los productores rurales de la zona centro-este del país, que será la primera explotada en procura de hierro.

Con consignas como "patria sí, colonia no" y "no a la extranjerización", los productores colmaron la paciencia de la presidenta de la Cámara, Ivonne Pasada (MPP), que tras varias manifestaciones de inconducta desde las barras se vio obligada a ordenar el desalojo, por lo cual se ganó insultos.

Las nuevas disposiciones del Código de Minería, que serán consideradas en marzo por el Senado, fueron votadas por 51 diputados frenteamplistas e independientes. El diputado colorado Walter Verri y el blanco Luis Lacalle Pou dijeron que esta reforma "es para Aratirí", empresa que trabaja en cuatro departamentos.

El diputado oficialista Carlos Varela explicó a sus colegas que la reforma del Código asegura "transparencia" y establece "garantías" sobre los recursos mineros de toda la sociedad, con una serie de disposiciones que actualizan normas del Código original, que data de 1934. Indicó que para los grandes emprendimientos se fijan mecanismos de seguimiento a cargo de representantes de la comunidad y del gobierno.

Según esta ley, se ofrecerá hasta un 15% del mineral extraído para explotación de empresas nacionales antes de autorizar su exportación.

En el caso del hierro, Varela dijo que no es un recurso renovable y que su explotación tiene un alto valor económico y con alto grado de afectación al medio ambiente.

El diputado también informó que hay estudios que indican que en el subsuelo puede haber una "cantidad suficiente" de uranio como para justificar su explotación, y que en tal caso el proyecto de ley prevé un resguardo y cuidado para ese mineral.

En tanto, el nacionalista Álvaro Delgado compartió la idea de incorporar al Código normas "más garantistas fundamentalmente para el sector de los productores agropecuarios".

En la discusión en comisión se incluyeron iniciativas de Delgado. Una de ellas es que las explotaciones mineras tengan autorización especial de la Dinama para la recomposición del área tras la explotación. También planteó la creación de un defensor de oficio, una audiencia de conciliación para cuando deba definirse el valor de la servidumbre y una distribución diferente del canon para mejorar el ingreso de los productores de las zonas involucradas.

"Hubiera sido más prudente reformar el Código y luego autorizar megaproyectos de minería como el de Aratirí", subrayó.