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JESÚS DUVA | EL PAÍS DE MADRID

Casi 2.100 españoles están encarcelados en 56 países diferentes. De ellos, 80% fue arrestado por tráfico de drogas; los contrataron mientras hacían filas en busca de empleo y les prometieron dinero y seguridad. El consulado español los visita, les da asistencia y dinero, pero ellos a veces se quejan por el trato que reciben. Año a año, España destina más de dos millones de dólares en atender a los ciudadanos que tiene presos en el exterior.

Antonio, un ex empleado de una empresa de andamiajes, fue en busca del paraíso, pero lo que encontró fue el infierno. Un día del año pasado, un holandés le ofreció 13.500 dólares por llevar unos kilos de cocaína desde Bolivia hasta Turquía. "Es un trabajo fácil y seguro", le dijo. "Nosotros tenemos a policías comprados. Tú sólo tienes que coger el paquete y dejarlo donde te digamos. No te preocupes por nada".

Y Antonio, un treintañero en paro, venció las reticencias de su novia Beatriz y se embarcó en una aventura arriesgada e incierta que acabó en la cárcel de Maltepe, en Estambul. "A veces pienso en quitarme la vida", escribe en una desesperada carta enviada al diario El País de Madrid en demanda de ayuda.

Antonio Martínez García es uno de los casi 2.100 españoles -más de 1.700 hombres y de 300 mujeres- privados de libertad en cárceles extranjeras. Sus gritos de auxilio suelen quedarse tras los barrotes. En el mejor de los casos, sólo llegan a sus familias, que a través de la línea telefónica representan su cordón umbilical con el mundo exterior. Son la única voz amiga que reciben, en el mejor de los casos, 10 minutos por semana.

La mayoría de las veces, las únicas visitas que reciben estos reclusos son las de los funcionarios consulares españoles que van a verlos al menos una vez cada seis meses. Pero eso es bien poco consuelo. Y además estos funcionarios actúan frecuentemente con "ausencia de tacto y trato distante", según un reciente informe de la Fundación Ramón Rubial. Eso motiva "muchas quejas", como admite la última Memoria del Defensor del Pueblo, que, sin embargo, concluye que tras las investigaciones oportunas "se suele concluir con una correcta actuación de la Administración".

"Yo estoy aquí por un delito de narcotráfico", confiesa Antonio. "Como saben, nuestro país está sufriendo una gran crisis económica. Yo estaba en el paro. Desde hacía varios meses, mi pareja y yo buscábamos trabajo, pero no había manera de encontrarlo. Un día conocí a una persona que me ofreció hacer un viaje con una maleta en la cual iba a transportar cocaína. Al contárselo a mi pareja, ella se horrorizó... y yo tampoco estaba muy seguro de hacerlo. Dos días después me llamó esta persona y me ofreció 13.500 dólares. Tal como estábamos, ese dinero nos salvaba de mucho. Y emprendí un viaje que nunca tuvo retorno y, por supuesto, tampoco un final feliz. Eso ha destruido mi vida, la de mi pareja, la de mi familia y la de mis amigos. Me estoy jugando una condena de entre 10 y 15 años de cárcel".

Beatriz, la novia de Antonio, aclara que él fue arrestado nada más llegar al aeropuerto de Estambul con tres kilos de cocaína. Y el 19 de junio de 2009 dio con sus huesos en la prisión de alta seguridad de Kartal Maltepe, la misma en la que purgó condena el turco Ali Agca tras herir a tiros al papa Juan Pablo II en mayo de 1981.

"Cada cuatro o cinco meses recibo del consulado de España 371 dólares. En la prisión sólo nos dan dos comidas diarias, y el resto de las cosas tiene que salir de mi bolsillo. Mi familia y mi pareja no me pueden enviar nada por los problemas económicos que sufren. No tengo ni para comprar lo necesario para el aseo diario. Estoy al límite de todo", escribe Antonio Martínez. "Él me dice que les dan muy mal de comer y todos los días lo mismo", dice su novia.

El recluso se queja de que recibe un trato distante y displicente por parte del consulado español: "El consulado sólo me ha proporcionado una vez la ayuda a detenidos. Además, la ayuda no te la dan por las buenas, sino que mi madre tuvo que mover tierra y mar para tramitar todos los papeles necesarios. ¡Tuvo que mandar tres veces los documentos hasta que me dieron la ayuda! Yo he enviado al consulado faxes y cartas..., y todo en vano", se lamenta.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores replica que Antonio ha sido visitado en dos ocasiones desde que está entre barrotes -una vez, en junio de 2009, y otra, en octubre-, además de haber recibido la ayuda económica prevista (un máximo de 163 dólares al mes).

"España es el único país de la Unión Europea que da estas ayudas a los presos", recalca el mismo portavoz ministerial. En el informe remitido recientemente al Congreso español consta que Asuntos Exteriores y Cooperación gastaron durante el primer semestre de 2009 unos 1.143.000 dólares en ayudas a detenidos y presos en el extranjero.

"El ministro Miguel Ángel Moratinos muestra muy poco entusiasmo por los presos españoles en el extranjero", afirma la senadora Rosa Vindel López, del Partido Popular, que durante años ha recibido infinidad de cartas de queja y de peticiones de ayuda de estos compatriotas. Vindel denuncia que el gobierno solamente ha enviado desde el año 2000 tres informes al Parlamento sobre la situación de estas personas, pese a que entonces se comprometió a facilitar información cada seis meses.

POR NARCOTRÁFICO. Antonio Martínez es uno de los 2.087 ciudadanos españoles que están entre rejas en 56 países diferentes, según Asuntos Exteriores. Y eso que en julio del año pasado fueron liberados otros 170 presos en Marruecos gracias a un indulto concedido por el rey Mohamed VI. El país en el que hay un mayor número de españoles encarcelados es Perú (con 251), seguido de Francia (223), Brasil (192), Marruecos, Colombia, Alemania y Portugal.

El altísimo número de detenidos en Perú ha obligado al consulado español a que un grupo de funcionarios se dedique en exclusiva a atender a esta colonia de españoles repartidos en diversos penales separados entre sí por muchos kilómetros, según Asuntos Exteriores. "Por eso, España ha solicitado al Gobierno de Lima que procure agrupar lo más posible a nuestros presos para facilitar la tarea del consulado", agrega el vocero del ministerio. Quienes han pasado por esas prisiones las describen como algo parecido a la antesala del infierno, debido a la mala comida y a su insalubridad.

Un reciente informe enviado por el gobierno al Senado resalta: "Los españoles son detenidos o encarcelados en el exterior por muy diversos delitos (robo, homicidio, falsificación, abuso de menores, atraco, violación, estafa, secuestro...), pero la causa que más se repite es el tráfico de drogas".

El 80% de los detenidos en el extranjero lo es precisamente por tráfico de drogas. No se trata de grandes capos del narcotráfico, sino de mulas que simplemente acarrean la mercancía en su cuerpo o en su equipaje. Igual que Antonio, son personas en paro o en serias dificultades económicas que se arriesgan a larguísimas condenas a cambio de un puñado de euros.

El paro galopante que azota España ha creado un mercado de trabajo en el que operan como pez en el agua las redes del narcotráfico. Se acercan a las colas de desempleados y captan a las futuras mulas con cantos de sirena que suenan a música celestial en los oídos de personas que llevan meses oyendo sólo portazos. "Los reclutadores desalmados prometen entre 8.000 y 13.500 dólares por un trabajo que ellos aseguran que es fácil, rápido y sin riesgos", explica un mando policial.

Antonio Martínez, el español del módulo 10 del penal turco de Maltepe, comparte celda y cautiverio con Gregorio José Espinosa Mendoza, un treintañero de Guayaquil (Ecuador) condenado a 12 años de prisión por llevar en su estómago siete cápsulas con 74 gramos de cocaína. Espinosa aprovecha la carta enviada por Antonio a El País de Madrid para adjuntar otra suya en la que reclama apoyo para que las autoridades de Ecuador le ayuden a regresar a ese país para seguir cumpliendo condena. "Soy padre de cuatro niñas y un bebé varón, y tomé la fatal decisión de viajar a Turquía con 80 cápsulas de cocaína para sacar unos cuantos dólares con los que sacar adelante a mi familia", explica.

ENFERMEDADES. "El altísimo porcentaje de detenidos y presos vinculados al mundo de las drogas y las pésimas condiciones de muchas cárceles, junto con el impacto de la privación de libertad, hacen que el porcentaje de enfermos sea elevado", destaca el último informe del Gobierno. "Sin embargo, no todas las enfermedades se deben a la estancia en prisión, pues también hay frecuentes casos de personas que arrastran dolencias previas que previsiblemente pueden agravarse por el ambiente que rodea la vida del recluso. Probablemente sea en las enfermedades mentales y las contagiosas donde la influencia de la reclusión es más marcada", añade.

Entre los casi 2.100 reclusos hay 111 que sufren enfermedades mentales; 68 padecen toxicomanías; 54, dolencias digestivas; 49, afecciones respiratorias; 29, enfermedades hepáticas; 22, alteraciones cardiacas; 27, sida, y 11, cáncer. No es extraño que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2009 fallecieran 15 presos, todos ellos de muerte natural, excepto uno que fue asesinado en Brasil.

Hay cárceles, sobre todo las de Sudamérica y Asia, que son auténticas mazmorras en las que los reclusos malviven hacinados, rodeados de suciedad y conviviendo con sujetos muy peligrosos para los que la vida vale menos que un cigarrillo, según denuncian los familiares.

Ramón Patiño López, un gallego de 41 años recluido desde 2001 en Grecia tras ser sorprendido con 26 kilos de heroína en su auto, contó que se tiene que enfrentar al hambre y a frecuentes peleas entre reclusos, además de haber sufrido tres cólicos de riñón que le han hecho estar "tirado en el suelo como una serpiente".

Patiño fue sido condenado a cadena perpetua en Grecia, lo que supone un mínimo de 20 años sin pisar la calle. Desde el primer momento lucha por ser trasladado a un penal español. Lo ha intentado todo: desde una huelga de hambre de 45 días hasta un suicidio frustrado. Pero las autoridades griegas no parecen dispuestas a ceder. "Todo sigue igual", dice, lacónica, su hermana Ángeles.

En Uruguay hay 17 españoles presos, según dijo a El País Martín Ospitaleche, funcionario del Consulado de España en Montevideo. De estos, doce son hombres y cinco son mujeres.

"Mayoritariamente, están detenidos por delitos vinculados al tráfico de drogas. Pero no podemos dar estadísticas porque algunos casos son de procesamientos y todavía están en el limbo. Además, hay cuestiones que son reservadas", declaró Ospitaleche.

El Consulado trata el asunto "con pinzas porque tiene que considerar muchos aspectos" y mantiene en reserva parte de la información, pues divulgarla "podría afectar el tratamiento que se le da a los casos".

Para los españoles que están presos en Uruguay, así como para aquellos que están presos en otras partes del mundo, la ley que rige es la que está vigente en el país donde fueron detenidos.

Uruguay es un canal de salida en la ruta del narcotráfico, que suele comenzar en La Paz, Bolivia, pasa por Argentina y entra al país por alguno de los dos puentes internacionales por los que actualmente se puede circular. Luego sale por Carrasco, donde se realizan la mayor cantidad de detenciones a ciudadanos extranjeros.

En 2009, la Junta nacional de Drogas realizó 16 operativos en el aeropuerto internacional e incautó más de 18.000 kilos de cocaína. El hallazgo más grande fue de 4.440 kilos el 21 de marzo de 2009.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es el organismo español que se encarga de sus ciudadanos en el exterior a través de sus servicios consulares.

Es esta dependencia la que determina qué pueden y qué no pueden hacer los consulados al momento de asistir a un compatriota que está detenido en el extranjero. Entre estas facultades se encuentran el permiso a "notificar a sus familiares y amigos el hecho de la detención", "visitarle periódicamente" y "entregarle y recibir mensajes y correspondencia".

La frecuencia de las visitas dependerá de la normativa local, del lugar donde se encuentre la prisión y de otras circunstancias, tales como el número de españoles en ese establecimiento y la cantidad de presos que corresponden a esa demarcación consular.

El ministerio también habilita la posibilidad de "asistirle si desea solicitar su traslado a España en el marco de los Convenios sobre Traslado de Personas Condenadas a penas privativas de libertad" que España tiene con otros países y "organizar la compra de alimentos, medicinas, prendas de vestir y otras necesidades básicas que sean imposibles de conseguir de otra forma".

"Proporcionarle material de lectura" también está permitido.

El Consulado Español en Uruguay no puede, sin embargo, "pagar con cargo a fondos públicos" las multas que se apliquen a los detenidos ni intervenir en los procesos judiciales locales. Tampoco se encarga de recomendar a un abogado específico ni de gestionar el alojamiento de los familiares o amigos que deseen visitar a los presos.