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El presidente José Mujica comenzó una ronda con los líderes de la oposición a fin de crear consenso político para atraer inversiones extranjeras. En lo inmediato, el gobierno quiere asegurar la inversión de la Minera Aratirí: US$ 1.500 millones, de piso.

De eso hablaron ayer Mujica y el senador y secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, en la residencia de Suárez y Reyes. Mujica llamó a Bordaberry el viernes de noche y le propuso reunirse ayer sábado a la hora 10. "Con mucho gusto", le respondió Bordaberry.

El senador colorado dijo a El País que "de lo único" que habló con el presidente "fue de las inversiones que pueden llegar al país y las condiciones para eso". De todos modos, acotó que mantendrá "reserva" sobre el diálogo con Mujica hasta que el presidente lo haga público.

"Obviamente son temas que nos unen. Es para trabajarlo junto con todo el sistema político", dijo Bordaberry.

Tras la reunión con el líder colorado, Mujica llamó al senador y presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, operado el viernes de una hernia umbilical y dado de alta ayer sábado. El presidente le hizo llegar a Lacalle un informe sobre la Minera Aratirí -empresa de capitales anglo-suizos-, y acordaron reunirse a la vuelta del viaje de Mujica a Brasil.

El viernes, en su despacho de la Torre Ejecutiva, el presidente se reunió con el principal de Minera Aratirí, Pramod Agarwal, y el gerente general para Uruguay, Fernando Puntigliano, ex presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en los tres primeros años del gobierno de Tabaré Vázquez.

Allí la empresa explicó la megainversión al gobierno y pidió rapidez en los trámites para que la mina pueda estar operativa en 2013, año en que se espera una demanda significativa de hierro.

La decisión de confirmar o no el proyecto se conocerá el año próximo. "Hoy existe un 70% de posibilidades de que el proyecto se lleve a cabo", dijo Agarwall tras su encuentro con el presidente.

El piso mínimo que estima Aratirí del proyecto ronda los US$ 1.500 millones, con una producción base de 10 millones de toneladas de magnetita (mineral de hierro) por año. Creará 1.100 empleos directos y entre 3.000 y 10.000 indirectos.

La empresa necesita que se confirme en suelo uruguayo un volumen de hierro superior a los 500 millones de toneladas. Actualmente está confirmada la existencia de la mitad de esa cifra en Florida, Treinta y Tres y Durazno.

El viernes, mientras Mujica se reunía con los responsables de Aratirí en Montevideo, en la zona de Valentines, departamento de Treinta y Tres -donde la minera tiene su base de operaciones-, el presidente de la Federación Rural, Octalicio Etchenagusía, hacía lo propio con un grupo de 150 productores rurales, preocupados por la posible explotación minera en sus campos.

La inversión extranjera es uno de los temas a los que Mujica le ha dado especial atención, incluso antes de asumir. El 10 de febrero, en un encuentro con empresarios en el Hotel Conrad de Punta del Este, el entonces presidente electo invitó a los inversionistas no sólo a colocar su dinero en Uruguay, sino a vivir en él.

"Hay que cuidar el clima de inversión porque la riqueza es hija del trabajo y el trabajo necesita estabilidad. Por eso estamos pidiendo que apuesten al Uruguay y jueguen con el Uruguay. Y no lo decimos desinteresadamente. Lo decimos profundamente interesados. Porque no somos Mandrake", expresó Mujica.

Además del proyecto minero de Aratirí, el gobierno sigue con atención el futuro de la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo, tras el fracaso de la subasta del 17 de marzo. Ahora está revisando las condiciones del proyecto a fin de hacerlo más atractivo.

Las inversiones de la portuguesa Portucel y del consorcio Montes del Plata -asociación de la chilena Arauco y la sueco finlandesa Stora Enso-, para la construcción de dos plantas procesadoras de celulosa, son otros de los proyectos que el gobierno espera confirmar en el corto plazo.

El gobierno está trabajando en una ley marco para las asociaciones público-privadas, así tendrá en claro cuánto necesitará invertir en infraestructura. El subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, dijo a El País que se cree "necesario" tener un "marco legal específico" para las asociaciones entre el Estado y privados, por lo que se elaborará un proyecto en ese sentido que se enviará al Parlamento previo a la ley de Presupuesto. Ese marco, se hará en base "a las mejores prácticas internacionales", afirmó.