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D. ISGLEAS / L. NICROSI

Sin altos oficiales en actividad presentes, los centros de militares retirados dejaron ver su desconfianza sobre las intenciones de Mujica y le exigieron definiciones. En cambio, el ex comandante Mermot consideró "auspicioso" el planteo presidencial.

La decisión del presidente José Mujica de lograr la "unidad nacional" y acercar a las Fuerzas Armadas a la sociedad, fue recibida con recelo por los centros de retirados militares en el acto en homenaje a los caídos en 1972, víctimas de la guerrilla. También se cuestionó al Poder Judicial donde sigue "la guerra revolucionaria" en "un frente de reciente creación" que ataca a las FF.AA. y "se ha ensañado con los remanentes del viejo Ejército tradicional", según dijo en su discurso el presidente del Centro Militar, general retirado, Manuel Fernández, en el acto del Centro Militar

"Que nadie se confunda y por eso hablo con mucha claridad y sin jugar con la retórica: voluntad de paz y disposición de diálogo no es igual a debilidad. Voluntad de paz y disposición al diálogo no es igual a rebaja de los propios principios y de los justos reclamos. Voluntad de paz no es igual a dejar a nuestros queridos camaradas sigan en el destierro o encerrados arbitrariamente", dijo Fernández, en el acto del Centro Militar convocado por centros de retirados del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que congregan unos 6.000 oficiales en retiro.

Fernández, un general considerado por sus camaradas como perteneciente a la línea dura del Ejército, aseguró que su mensaje refleja el pensamiento de "entre 60.000 y 80.000" oficiales y subalternos retirados que residen en todo el país y el exterior .

A diferencia de años anteriores, fue notoria la ausencia de los tres comandantes en jefe y de otros altos oficiales de alto rango. Asistieron al acto los ex presidente Julio Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, así como Graciela Rompani, viuda del ex presidente Jorge Pacheco Areco y el ex diputado colorado Gabriel García Pintos.

Fernández señaló, en alusión al presidente Mujica, que "esta es una hora de acción, de acción valiente o de renuncia vergonzante". Y subrayó que "la paz, como la guerra en ciertos momentos, es un deber moral, y ante ella nadie, pero menos los que tienen autoridad y responsabilidad, pueden mirar para el costado".

Y se preguntó cuál es el fin que persigue el presidente Mujica al plantear reconciliación. "El tema no está en nuestras exclusivas manos", insistió. "Importa saber qué pasa del otro lado, qué están dispuestos a hacer los antiguos combatientes de la guerrilla, hoy gobernantes legítimos del Uruguay (...) qué buscan, que hay detrás de todas las palabras, de los mensajes, de todos los gestos manifestados en este mes y medio".

Por primera vez en actos similares, se realizó una fuerte reivindicación a los generales del proceso en la lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

"En Uruguay, a diferencia de otros países, no se aniquiló al enemigo, se lo derrotó, se lo neutralizó y se lo sometió a la Justicia Militar", afirmó.

Tras señalar que lo que vivió el país en las décadas de 1960 y 1970, fue "una guerra distinta", Fernández remarcó que el país vive "circunstancias especiales" al tener "un presidente y un elenco de gobierno proveniente de la guerrilla (...) que no llegó al poder por la lucha armada".

Consideró la "guerra revolucionaria", se incrementó en los últimos cinco años. "Nos referimos al frente judicial y jurídico, que se ha ensañado con los remanentes del viejo Ejército, mediante artilugios de la guerra psicopolítica magistralmente conducidos".

"auspicioso". En un tono diferente el presidente de la asociación patriótica 14 de Abril de 1972, el ex jefe del Ejército Raúl Mermot, se congratuló por los "auspiciosos anuncios" del presidente Mujica llamando a la reconciliación de la sociedad durante un acto realizado en la mañana de ayer en la Plaza de la Bandera. Dijo que su agrupación desea "contribuir" en este camino.

Mermot se declaró "muy lejos de cualquier revisionismo", por considerarlo inconducente. Lamentó que las instancias anteriores de acercamiento promovidas por los ex presidentes Julio María Sanguinetti -"el cambio en paz"- y Jorge Batlle -"el estado del alma"- no prosperaran y que los enfrentamientos se mantuvieran hasta hoy. Sostuvo que comparte que este gobierno "desenganche con el pasado y de una buena vez una a toda la familia oriental, dejando atrás para siempre todas las desavenencias". Consideró que el actual gobierno, "es el único capaz de alcanzar -con las medidas que constitucionalmente estén a su alcance- la tan anunciada y deseada unidad nacional".

También realizó una encendida reivindicación de los militares retirados presos por violación a los derechos humanos, a quienes llamó "prisioneros políticos". Pidió su libertad en función de considerar que fueron procesados por "rebuscados artilugios legales" y en base a "testimonios de dudosa confiabilidad y sin pruebas".

Reclamó también por los militares extraditados y procesados en Chile por el caso Berríos y pidió evitar que el gobierno conceda la extradición del sargento Ernesto Soca, reclamado por la justicia argentina por un caso de derechos humanos.

La idea del presidente José Mujica de tender puentes con los militares ha tenido diversas repercusiones. El ex presidente y actual senador Luis Alberto Lacalle sostuvo que la concordia nacional que promueve Mujica "es un objetivo loable".

"Nosotros contribuimos a ello votando la ley de Amnistía, la ley de restitución de funcionarios públicos y la ley de Caducidad. Las tres forman un estatuto, una solución compleja. Y las tres representan la idea de cerrar la etapa que vivimos", afirmó tras el acto en el Centro Militar.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, declaró ayer en El Espectador que Mujica impulsa la "política del abrazo" al promover "un diálogo sincero con todos los sectores de la sociedad" acerca del vínculo con las Fuerzas Armadas. Breccia dijo que el diálogo a nivel de la izquierda con los aparatos armados ha tenido "serias dificultades" porque se encara desde las "heridas" del pasado.

A su vez, el general retirado Iván Paulós, ex director de Inteligencia del Ejército durante la dictadura, mostró su beneplácito por la intención presidencial. Sin embargo, recomendó a Mujica que no descarte el proyecto de ley sobre las condiciones de prisión de los mayores de 70 años, y declaró que esa iniciativa debería someterse a consulta popular.

Treinta y ocho años atrás se produjeron varios enfrentamientos el mismo día entre el MLN-Tupamaros y las Fuerzas Conjuntas que dejaron varios muertos. A las 7 horas un Maverick amarillo circulaba por Rivera y Soca con el subcomisario Óscar Delega de la Dirección de Inteligencia policial y el agente Juan Carlos Leites. Una camioneta Chevrolet le cerró el paso y ametralló el auto. Dos hombres bajaron y remataron a los policías.

A las 9.10, dos hombres ametrallaron al capitán de corbeta Ernesto Motto en la avenida Roosevelt, Las Piedras. Fue ejecutado de 12 balazos mientras esperaba el ómnibus. Para él era el último día de trabajo antisubversivo porque tenía pase a un buque de guerra.

A las 10.20 de esa mañana, Armando Acosta y Lara, ex ministro del Interior, salió de su casa en San José y Barrios Amorín. Dos francotiradores le dispararon desde una ventana de la iglesia Metodista frente a su casa. Acosta y Lara murió poco después.

A las 12.30, vecinos de la calle Francisco Plá denunciaron la presencia de una camioneta. Hacia allí transitaba el subcomisario Juan J. Reyes. La emboscada salió mal. La llegada de dos "chanchitas" desató un tiroteo y murieron dos tupamaros, Nicolás Groop y Norma Pagliano.

A las 14 horas fueron asesinados Luis Martirena y su esposa Ivette Giménez en una casa de la calle Amazonas en Malvín. Ambos eran del MLN.

En una casa de la calle Pérez Gomar 4392, la Policía mató a los tupamaros Jorge Candán Grajales, Armando Blanco, Gabriel Schroeder y Horacio Rovira.

El ex dictador Gregorio Álvarez, procesado con prisión en diciembre de 2007 por su responsabilidad en la desaparición de una veintena de personas, fue sometido ayer a un careo con una hermana de Roberto Luzardo, un militante del MLN que falleció en 1973 luego de estar internado en el Hospital Militar sin recibir la debida asistencia médica.

En la instancia judicial, ante el juez Juan Carlos Fernández Lecchini y la fiscal Adriana Costa, Álvarez admitió que concurría al centro asistencial para interiorizarse sobre el estado de salud de los pacientes, pero negó que a Luzardo no se le haya prestado asistencia por una orden suya, dijeron fuentes del caso a El País.

El hecho de que Álvarez reconozca que concurría al Hospital Militar es un elemento clave para los denunciantes, ya que probaría, a su criterio, que el ex dictador estuvo vinculado con el fallecimiento de Luzardo, a quien a nivel militar se relacionó con el operativo del MLN que ajustició al hermano del ex dictador, el coronel Artigas Álvarez.

También ayer, el juez Fernández Lecchini y la fiscal Costa interrogaron a una veintena de testigos entre ex pacientes del Hospital Militar y médicos del centro asistencial. A su vez, comparecieron otros militares, entre ellos, el ex comandante del Ejército Guillermo de Nava, quien explicó que en esa época no tenía ninguna vinculación con el nosocomio castrense, dijeron las fuentes consultadas.

Roberto Luzardo murió el 12 junio de 1973. Estaba internado en el Hospital Militar desde agosto del año anterior. Falleció por la falta de alimentación.