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"Es un desafío porque la gente está tan diametralmente opuesta o a favor de este ley. Nos deja en una posición incómoda", reconoce el sargento JD Shull, de la policía de tráfico en Phoenix.

En dos décadas de servicio, este agente policial nunca ha tenido que pedir más papeles que la licencia de conducir en este estado fronterizo con México. En Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad.

La ley SB 1070 fue sancionada hace poco más de una semana por la gobernadora Jan Brewer.

Por primera vez en Estados Unidos la inmigración ilegal pasa a ser un delito estatal, no simplemente federal, lo que puede llenar rápidamente las cárceles de ese estado donde se estima que viven unos 460.000 ilegales, en su gran mayoría hispanos.

La ley empezará a aplicarse en 90 días. La gobernadora Brewer ha prometido entrenamiento para los policías del estado, y una primera evaluación de su aplicación a finales de año.

"Vamos a ver cómo nos la presentan, cuáles son los límites" legales, se limita a contestar un policía de Phoenix, Wensley Dillon, al ser interrogado sobre el impacto de la ley en su trabajo diario.

El desafío más importante para los agentes policiales es evitar las demandas por discriminación racial. Un 30% de la población de Arizona es de origen hispano. La gran mayoría de inmigrantes, legales o ilegales, son mexicanos.

La gobernadora Brewer insistió repetidas veces en que no tolerará que se detenga a la gente por su color de piel o aspecto.

"Por supuesto que habrá selección por la raza. Yo he sido policía en Oklahoma, sé cómo funciona esto. No pueden hacerlo de otra manera", replica Jim Campbell, de 59 años, veterano de la Guerra del Golfo y residente en Phoenix desde hace cuatro años.

Campbell no cree que la ley sea correcta, pero como otros ciudadanos de Phoenix, prefiere darle el beneficio de la duda.

"Hay demasiados ilegales, algo había que hacer", dice Benjamin Pérez, que se declara estadounidense desde hace tres generaciones.

Pérez reconoce que su color de piel podría inducir a la policía a creer que es un ilegal, pero exhibe con orgullo su condición también de veterano de guerra. De clase media, luce un coche nuevo, una señal a su juicio de que no lo van a parar sin razón alguna.

Un 64% de los habitantes del estado se declararon favorables a la ley SB 1070, según un sondeo de Rasmussen publicado esta semana. Pero un 50% también reconoce que puede provocar un alud de demandas civiles.

"Y yo me digo: ¿si veo que alguien entrar a robar en una casa, cómo creen que voy a llamar a la policía?", se indigna Violeta Ugarte, una enfermera nicaragüense que obtuvo la residencia legal en Estados Unidos con la última reforma migratoria de 1986.

"¿Cómo van a separar a las familias, a los padres sin papeles de sus hijos nacidos aquí?", se pregunta de nuevo.

Decenas de miles de personas salieron a las calles en 70 ciudades estadounidenses el sábado para protestar contra la ley SB 1070 y para reclamar una reforma migratoria nacional.

AFP