Hemos discrepado con el voto del presidente Mujica para la designación de Néstor Kirchner como secretario general de la Unasur. Más allá de considerar que este es un organismo inexistente porque carece de realidad jurídica, ese gesto de buena voluntad uruguaya tras ser víctimas de innumerables agresiones por parte del gobierno argentino, estaba por fuera de lugar y no teníamos garantías de que la Casa Rosada aceptara mansamente el fallo de La Haya y diera pasos positivos para recomponer las deterioradas relaciones entre ambos países. Lamentablemente parece que no nos equivocamos.

Apenas planteada la reinstalación y funcionamiento de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el gobierno argentino se descolgó con un planteamiento inadmisible: el monitoreo directo de las actividades de la planta de celulosa.

Por si alguien no recuerda -aunque es difícil- la planta de celulosa (actual UPM, antes Botnia) está instalada en Fray Bentos en territorio de la República Oriental del Uruguay. Por tanto es a nuestro país a quien compete en exclusividad realizar los controles que estime convenientes para garantizar su funcionamiento acorde con los cánones de calidad y seguridad aceptados. En uso de nuestra absoluta e irrenunciable soberanía podemos algún día invitar a representantes argentinos a que compartan una visita a sus instalaciones y, aún, que verifiquen aspectos sobre lo cual tengan dudas. Pero de ahí a institucionalizar un monitoreo conjunto de ambos países en forma permanente en la planta y eso se presente como una exigencia, no sólo es una aberración, sino que reclama un gesto inaudito de obsecuencia y servilismo que ningún país soberano puede tolerar.

La sentencia de La Haya fue clarísima. Uruguay y Argentina, a través de la CARU deben organizar un monitoreo y vigilancia conjunta de la calidad de las aguas. Nada dice, porque es tan obvio que resultaría un agravio, no ya a las normas jurídicas internacionales, sino al sentido común, que ese control deba extenderse al interior de la planta. Eso es competencia única del Uruguay.

La primera reacción del canciller Almagro pareció que iba por el camino correcto: "Tenemos un marco de referencia que es el fallo de la Corte de La Haya y tenemos otro marco de referencia que son las competencias de la CARU. No nos podemos exceder ni de las competencias de la CARU ni de lo que dice el fallo de la Corte". Y en el mismo sentido se pronunció la ministra de Medio Ambiente, Graciela Muslera.

Posición muy clara la de ambos, porque al fin y al cabo, los uruguayos ¿carecemos del mínimo respeto a compromisos contraídos? ¿Somos contumaces violadores de normas jurídicas o una manga de delincuentes que deben estar en régimen de libertad vigilada?

Pero ahora parece que para el canciller Almagro -y suponemos que para el gobierno que encabeza el presidente Mujica, porque no creemos que la decisión sea sólo del ministro- sí. Somos eso y mucho más: "influenciados" por Tabaré Vázquez (que fue el gran defensor de la planta contra viento y marea) nos convertimos en un pueblo irresponsable o genocida dispuesto a exterminar a los habitantes de Fray Bentos y entonces es imprescindible la intervención de los arcángeles kirchneristas -tan probos ellos- para impedir nuestro diabólico propósito.

¿Qué otra cosa supone decir que el monitoreo conjunto de la planta instalada en territorio uruguayo, es negociable?

¡Por favor! Basta de tonterías y a no jugar con la soberanía nacional. La lectura elemental de la propuesta argentina es que no tiene el mínimo interés en acatar el fallo de La Haya y poner en funcionamiento a la CARU para las tareas de su competencia. El gobierno K está especulando con las elecciones del 2011 y se le hace cuesta arriba tener que enfrentar a los piqueteros de Gualeguaychú. Por algo el corte no se toca y por algo no le conviene tener que aceptar que la planta -tal como dijo La Haya- no contamina, con la firma de funcionarios argentinos.

Bajemos a la realidad el llenarse la boca con las afinidades y los gestos de buena voluntad: el gobierno argentino, desde diciembre, no tiene ni siquiera embajador en nuestro país.