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RENZO ROSSELLO

Cuatro agentes del Departamento de Orden Público fueron enviados a prisión por peculado. En pocas horas pasaron de héroes a villanos, luego que la víctima de un arrebato los terminó acusando de robo.

La mujer fue a la sucursal del Banco República en la avenida Rondeau y Valparaíso, en la tarde del jueves pasado. Retiró la suma de $ 30.000 y antes de salir del recinto tomó la precaución de guardar el dinero en un bolsillo oculto entre el forro y el cuero de su cartera. Al salir hizo varios trámites más, finalmente tomó su coche y condujo hacia las afueras de la ciudad.

En ningún momento notó que la siguieran. Pero al llegar al cruce semaforizado de Manuel Herrera y Obes y Ángel Salvo la sobresaltó el estruendo del vidrio roto en la puerta del auto. Dos hombres que iban en moto, muy jóvenes recordaría después, se habían puesto a la par. Uno de ellos había roto el vidrio de la ventanilla y hábilmente introdujo una mano y se apoderó de su cartera. Luego huyeron a toda velocidad.

La maniobra fue vista a cierta distancia por un equipo de efectivos del Departamento de Orden Público. Los cuatro policías de particular que iban a bordo del auto de Investigaciones se dirigían a otro procedimiento. Más tarde declararían que resolvieron actuar de todos modos al presenciar el robo.

La persecución fue exitosa, los efectivos policiales pudieron atrapar a los arrebatadores: dos jóvenes de 21 y 27 años, respectivamente, que ya contaban con antecedentes penales por delitos de hurto, en un caso, y de rapiña y hurto en otro. Además de arrestar a los delincuentes los policías lograron recobrar la cartera.

Hasta allí lo bueno de la historia. Sin embargo, según relataron fuentes judiciales consultadas, algunos pormenores del hecho cambiaron rápidamente.

Luego de las actuaciones de rigor la jueza Fanny Canessa y la fiscal Elsa Machado resolvieron el procesamiento con prisión de Ruben Adrián Matto (21) y de Jorge Fabián Álvarez (27) por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa. En el curso de la indagatoria la magistrada llamó a la damnificada a prestar su testimonio. "Ellos me robaron la cartera, pero la Policía me robó la plata", lanzó la mujer.

Poco antes la habían citado a la Jefatura para devolverle su cartera. Los agentes que habían realizado el procedimiento se excusaron de antemano diciéndole a la mujer que habían tenido que "revolver un poco" la cartera para buscar una dirección o un teléfono dónde ubicarla. Lo cierto es que el dinero ya no estaba en el compartimiento secreto. Jueza y fiscal analizaron esta variante, pidieron la filmación del video de seguridad del banco y el comprobante del retiro para tener la certeza de la operación. Los policías negaron saber nada del dinero, pero en sus manos había quedado la cartera. En consecuencia, los cuatro agentes, tres hombres y una mujer, fueron remitidos por peculado.

SALTO | LUIS PÉREZ

"Para nosotros finalizó con éxito un trabajo conjunto con la Policía y se pudo probar algo que se venía sospechando hace meses", resumió ayer el capitán Anselmo Borges, vocero del Comando de la Armada Nacional.

Cinco de los siete efectivos de la Prefectura Naval salteña que fueran detenidos el sábado pasado, fueron enviados a prisión. Dos de ellos por el delito continuado de concusión en calidad de autores, y tres por el mismo delito en calidad de coautores. Los restantes indagados -habían sido 13 en total- recobraron la libertad. Sin embargo, según adelantó el propio prefecto naval de Salto, el capitán de fragata Juan José Nietto, el caso sigue abierto. El caso había comenzado a ser investigado por el propio comando naval entre julio y agosto del año pasado. Tanto el suboficial como el marinero detenidos en primera instancia fueron indagados entonces, pero no se les pudo probar nada. "Le aportamos toda la información que la Policía pudiera necesitar, movimientos, horarios y celulares para comenzar a hilvanar cómo era el modus operandi con el objetivo de conseguir alguna prueba", explicó a El País el propio prefecto Nietto.

Hasta ahora la Justicia pudo probar que los efectivos involucrados habían aceptado "coimas" para permitir la pesca en zona de exclusión del río Uruguay. Se sospecha, empero, que también puede haber contrabando y drogas en el tema. Este aspecto es el que ahora empieza a ser indagado.