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D. Rojas / F. Castillo

Como respuesta a las acciones judiciales que iniciará el gobierno argentino, los piqueteros prevén contraatacar con denuncias a funcionarios y altos jerarcas por ser "copartícipes" del corte. Cristina Fernández firmó decreto para habilitar querella.

Ahora que sienten que el gobierno presidido por Cristina Fernández los "abandonó" política y económicamente, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú está dispuesta a arrastrar al "escarnio público" a algunos funcionarios y altas jerarquías gubernamentales e incluirlos en las mismas instancias judiciales a las que los piqueteros se verán sometidos.

"Nosotros decimos que si se va a querellar a un grupo de la asamblea, en esa querella tienen que estar incluidos todos los actores del gobierno que en estos seis años de lucha, fueron partícipes de forma directa e indirecta", señaló a El País el integrante de la asamblea, Martín Alazard.

El diario argentino La Nación publicó ayer que quienes mantienen el corte de ruta en Arroyo Verde advirtieron que si son acusados en la Justicia denunciarán a funcionarios del gobierno argentino como partícipes necesarios de los 18 delitos penales que les atribuyó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

En declaraciones a El País, Alazard enfatizó que "la mayoría de nuestras acciones no se pudieron llevar a cabo sin la anuencia de las respectivas autoridades".

En esa lista incluirían al ex gobernador Jorge Busti, que desde un primer momento alentó las acciones de la asamblea, amenazó a Uruguay con cortarle el suministro de gas natural y hasta financió el funcionamiento de Arroyo Verde, con una partida mensual de 20.000 argentinos. Esto fue reconocido en su momento por el piquetero Jorge Fritzler, cuando en diciembre de 2008 criticó que el nuevo gobernador Sergio Urribarri les había suspendido ese "subsidio".

Otras figuras de primer nivel tampoco resisten el archivo. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, encargado de anunciar el miércoles la acción judicial, brindó en el pasado un fuerte apoyo a la asamblea.

Pero el hecho más significativo tiene relación con la posibilidad de incluir también al ex presidente Néstor Kirchner, que en mayo de 2006 concurrió a Gualeguaychú acompañado de su esposa Cristina Fernández, para proclamar en un multitudinario acto realizado en el corsódromo, que la lucha contra Botnia, era "causa nacional".

El dirigente entrerriano Alfredo De Angeli recordó ayer ese acto encabezado por Kirch-ner y señaló al respecto que ahora el gobierno está demostrando "su hipocresía" (ver nota aparte). Alazard evitó profundizar sobre la contrademanda piquetera y dijo que es por "temor" de que lo que diga sea usado en su contra. "Ahora estamos en listas negras, algo que creíamos se había desterrado hace muchos años", criticó.

Denunciados. En tanto, desde la asamblea de Gualeguaychú aún se desconoce la nómina de los activistas denunciados civil y penalmente por el gobierno. "En principio se hablaba de diez, pero ahora podemos llegar a ser 25 los denunciados", dijo Alazard.

Hasta el momento existe un gran hermetismo en los tribunales entrerrianos sobre este tema. La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay analizaba ayer la querella que según Fernández identifica con nombre y apellido a "aquellos que con su conducta han permitido, por acción o por omisión, la comisión de delitos", como "entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito".

Decreto. Y en un nuevo paso previo al desalojo de los piqueteros de Arroyo Verde, ahora la presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó un decreto que deberá ser presentado ante la Justicia de Concepción del Uruguay como forma de avalar la querella iniciada contra los manifestantes.

El ministro argentino de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró que este decreto, que será presentado en las próximas horas, autoriza al procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para presentarse como querellante en la causa por el corte que inhabilita el paso entre Fray Bentos y Gualeguaychú.

Alak explicó que se trata de un trámite "formal, insustancial". El decreto fue exigido por el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, quien consideró insuficiente una orden verbal para avanzar con el proceso judicial.

La medida le permitirá al juez adoptar medidas (detenerlos, por ejemplo) contra los líderes de la protesta

"Nosotros no vamos con palos, vamos con la Ley en la mano. Vamos a proceder con todos los instrumentos judiciales disponibles y estoy seguro de que el puente va a quedar liberado", afirmó Alak.

Además, en declaraciones a radios argentinas, el ministro cuestionó la "actitud cerril" de quienes mantienen el corte y los llamó a "reaccionar rápidamente". Enfatizó que "ya no quedan excusas para mantener cortado un puente que nos une a un país hermano".

Por su parte, el abogado de la asamblea de Gualeguaychú, Luis Leisa, reclamó ayer "mesura y racionalidad" al gobierno argentino y dijo que la iniciativa de la querella es una "medida sin sentido y absolutamente irracional".

El gobierno balconea la situación en Argentina y aguarda que la movida judicial del gobierno de Cristina Fernández tenga resultados concretos. Tras el cambio de estrategia del gobierno argentino, no hubo contactos entre autoridades uruguayas con las del vecino país y el tema del monitoreo del río Uruguay está congelado hasta que haya avances en cuanto al final del bloqueo.

"Ellos están haciendo su movida, nosotros con tranquilidad esperamos novedades", dijo una alta fuente del Poder Ejecutivo, quien agregó que ni los presidentes ni los cancilleres de Argentina y Uruguay (quienes tienen a su cargo la negociación) se comunicaron estos días para hablar del tema del bloqueo del puente San Martín y del monitoreo del río Uruguay que deben coordinar.

Por otra parte, el canciller Luis Almagro viaja a Vietnam hoy sábado y regresa el viernes 18, por lo que no prevé contactos con su par Jorge Taiana hasta entonces.

Tampoco están agendados contactos entre José Mujica y Cristina Fernández en los próximos días (se verán en Buenos Aires a comienzos de agosto), aunque la buena relación entre ambos y la forma de comunicación del mandatario uruguayo pueden hacer que esto cambie.

Monitoreo. Varios ministros argentinos señalaron que la posibilidad del monitoreo conjunto de la contaminación del río Uruguay en general y de la planta de UPM en particular, están trabados por la permanencia del corte de la ruta 136.

Ante estas manifestaciones, al gobierno uruguayo le quedó claro que no se registrarán avances en cuanto a dicha vigilancia en los próximos días.

Uruguay mantiene que el monitoreo binacional debe ser sobre las aguas del río y no dentro de la planta de la ex Botnia, puesto que esto sería una violación a la soberanía, además de que no lo habilita el estatuto del río ni el de la Comisión Administradora del Río Uruguay.

En una proclama redactada por la Asamblea de Gualeguaychú se exigió el monitoreo en la planta de UPM.