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E. BARRENECHE / P. MELENDREZ

Unos 2.500 reclusos de cuatro cárceles iniciaron una huelga de hambre para reclamar el procesamiento de dos guardias de la cárcel de Rocha. La medida se tomó ayer, día en el que el Parlamento aprobó la Ley de Emergencia Carcelaria.

El lunes 12, unos 130 presos de la cárcel de Rocha habían iniciado una huelga de hambre para protestar por la muerte de 12 reclusos en el incendio ocurrido en la madrugada del jueves 8, en lo que se considera la mayor tragedia registrada en la historia carcelaria uruguaya.

Ayer, la medida se extendió a las cárceles Comcar (1.200 de los 3.100 presos), de Rivera (188 reclusos) y de Canelones (casi 1.000 detenidos). En forma simultánea creció la tensión en el Penal de Libertad, donde en los últimos días hubo varias quemas de colchones, dijeron a El País fuentes carcelarias.

Las "quemadas" de colchones, que los reclusos utilizan como forma de protesta, ocurrieron el lunes 12 en el 5° piso del Edificio Celdario y ayer en el Módulo C de las Latas.

En la medianoche del lunes 12, fueron derivados a centros asistenciales un recluso quemado y otro apuñalado. Además, a la una de la mañana de ese día, los guardias abortaron un intento de fuga.

Las medidas adoptadas por los reclusos coinciden con la aprobación de la Ley de Emergencia Carcelaria, que ayer tuvo sanción definitiva en el Senado con el apoyo de todos los partidos (ver nota aparte).

ROCHA. El recluso Ángel Sánchez, alojado en la cuadra 5 de la cárcel de Rocha, dijo que los 130 internos del establecimiento iniciaron una huelga de hambre en reclamo del procesamiento del encargado de la guardia y del efectivo que se encontraba a cargo de la apertura de la celda en la madrugada del incendio.

"Queremos que la ley sea pareja para todos. Nosotros cometimos un delito y fuimos encarcelados. Si los guardias actuaron con negligencia también deben ser remitidos", dijo.

Según Sánchez, los policías cuestionados se negaron a abrir la puerta. "El encargado de guardia dijo que la apertura de la puerta debía ser ordenada por el director de la cárcel, pero sabemos que es una mentira", aseguró a El País.

CANELONES. En tanto, los reclusos de la cárcel de Canelones también resolvieron iniciar una huelga de hambre. A su vez, decidieron no hacer uso de los recreos ni recibir visitas. El paquete de medidas de protesta fue comunicado oficialmente el lunes a las autoridades carcelarias, que ayer pasaron el día expectantes para garantizar la seguridad y calma de los reclusos.

Además de reclamar por lo ocurrido en la cárcel de Rocha, los reclusos de Canelones también exigen que los presos que hayan cumplido la mitad o los dos tercios de su pena sean excarcelados.

RIVERA. Los reclusos de la cárcel de Rivera se plegaron a la medida de protesta, y ayer iniciaron una huelga de hambre en señal de solidaridad por la tragedia ocurrida en Rocha, informó a El País el jefe de Policía Heriberto Fagúndez.

Las autoridades policiales departamentales informaron del hecho a la Justicia. Más allá de la medida de los reclusos, los responsables de la cárcel continuarán brindando los alimentos a los presos, aunque no los consuman.

80% en riesgo. En un informe entregado ayer al presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, advirtió que el 80% de la población reclusa del país (incluyendo mujeres privadas de su libertad y los niños que viven junto a ellas) corre riesgo de ser víctima de un incendio.

"La posibilidad de que se reiteren hechos similares al incendio de (la cárcel) de Rocha es muy elevada en todo contexto semejante", alerta Garcé en el informe, al que accedió El País, y del cual envió una copia al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

El comisionado parlamentario señala que las "ranchadas" (divisiones precarias que realizan con frazadas y nylon y que junto a la existencia de calentadores fue la causa del incendio en el centro de reclusión rochense) también existen en ocho de los diez módulos de la cárcel Las Rosas de Maldonado; tres de los pabellones de la cárcel de Rivera y en cuatro de los diez sectores del penal de Colonia, dice el informe.

En todos esos centros de reclusión existen serios riesgos de que se produzca una tragedia similar a la de Rocha en virtud de la "caótica acumulación, en lugares cerrados, de grandes cantidades de elementos combustibles, fuentes de calor y precarias instalaciones eléctricas", sostiene Garcé.

Por eso, recomienda a las autoridades la "inmediata sustitución" de las "ranchadas" en todas las cárceles, y en especial en las de Rocha y Maldonado. En cuanto al penal de Rivera, que en breve será instalado en otro local, plantea la necesidad de consultar a Bomberos sobre las medidas a tomar.

Garcé recomienda verificar que existan "los medios necesarios para la prevención y control de incendios en lugares de reclusión". Además, el comisionado parlamentario plantea que un plazo de 60 días, el Ministerio del Interior y la Dirección de Bomberos elaboren "un protocolo completo de actuación del personal en situaciones de emergencia carcelaria".

En cuanto a lo ocurrido en la cárcel de Rocha, Garcé señala que hay "relatos contradictorios", ya que mientras los reclusos dicen que hubo una demora excesiva de la guardia en prestarles asistencia; los policías niegan ese extremo.

Garcé relata que el funcionario encargado de las llaves del celdario indicó que "si hubiese recibido la orden de no abrir el pabellón en llamas, jamás la hubiera cumplido". La labor del "llavero" fue vital para que hubiera sobrevivientes, ya que "a riesgo de su propia vida liberó de las llamas a ocho internos".

También señala que la "escasez" de funcionarios policiales perjudicó el "éxito de la acción de rescate". Al momento del incendio había ocho guardias.

Ayer, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi - que hoy irá al Parlamento- se reunió con el jefe de Policía de Rocha, Alcides Caballero.

(Producción: E. González, P. Mango y F. Fernández)

Ángel Sánchez es un recluso que se encuentra alojado en la cuadra 5, pabellón ubicado frente al celdario incendiado el jueves 8 en Rocha.

"El incendio ocurrió a las 3.30 horas de la mañana de ese día", relató a El País. "El `llavero` bajó enseguida y lo mismo hizo el encargado de guardia. Dijeron que no podían abrir la puerta de la cuadra 2. Dos veces bajaron y dos veces subieron y no trajeron las llaves del celdario", aseguró Sánchez.

En tanto, fuentes policiales de Rocha negaron que se hubiera producido esa demora e indicaron que las puertas se abrieron poco después de que un policía ubicado en una garita externa avisó que la cuadra 2 se incendiaba. Explicaron que los internos "desean el procesamiento de los encargados de la guardia porque son policías que se apegan al reglamento de la cárcel y eso no gusta" a la población reclusa.

Durante el debate que tuvo lugar ayer en el Senado y que derivó en la aprobación de la Ley de Emergencia Carcelaria, la oposición responsabilizó a la administración de Tabaré Váz-quez por la situación de "colapso" que padece el sistema penitenciario.

La Ley de Emergencia Carcelaria -que ya había sido votada por Diputados el pasado 9 de junio-, habilitará al gobierno a utilizar US$ 15 millones para construir dos nuevas cárceles, contratar a 1.500 guardias y derivar presos a instalaciones militares en forma transitoria.

En la sesión de ayer del Senado, Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) dijo que la Ley de Emergencia Carcelaria "no soluciona" el problema de fondo. "Es un parche", advirtió, y reclamó soluciones para abatir la tasa de reincidencia.

En tanto, el senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) recordó que luego de que el Parlamento aprobara en 2005 la ley de Humanización de Cárceles, la tasa de reincidencia de los casi 900 reclusos liberados fue muy baja. Moreira indicó que actualmente hay 9.000 presos -3.000 más que en 2005- y señaló que el gobierno de Vázquez debió "hacer más" para enfrentar el fenómeno.

DEBATE. La intervención del senador oficialista Rafael Michelini (Nuevo Espacio) subió los decibeles del debate, al deslizar la posibilidad de que algunos sectores de la oposición pretendan obtener réditos políticos con la tragedia de Rocha.

Ante esa afirmación, Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) coincidió con Moreira y replicó: "Acá hay responsabilidad de la anterior administración. Se equivocaron".

Por su parte, el senador Carlos Gamou (CAP-L) resaltó que el Diario Oficial ahorró US$ 15 millones en la pasada administración, los cuales serán utilizados para construir cárceles. "También habrán otras medidas presupuestales del gobierno", anunció.

Mientras, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) destacó que hubo una "actitud valiente" del presidente José Mujica al reconocer la existencia de las dificultades del sistema penitenciario.

A cuatro meses de iniciada la gestión del presidente José Mujica se rompe la armonía entre el gobierno y la oposición, y ambos se enfrentarán en el Parlamento por la situación carcelaria en la interpelación al ministro del Interior Eduardo Bonomi.

No hay mejor defensa que un buen ataque debe haber pensado el Frente Amplio, cuando su bancada parlamentaria decidió convocar para esta tarde a una reunión del plenario de Diputados, en régimen de comisión general, para escuchar las explicaciones de Bonomi, sobre la situación de hacinamiento en los establecimientos de detención, las medidas que ha tomado este gobierno, y para aportar información sobre el incendio de la cárcel departamental de Rocha donde murieron doce reclusos.

Tras la movida del oficialismo, la oposición decidió subir la apuesta y reunió los votos necesarios entre blancos, colorados e independientes para interpelar al ministro. El llamado a sala estará a cargo del diputado de Unidad Nacional (UNA) José Carlos Cardoso. La diferencia entre ambas instancias es que la promovida por la izquierda no tiene consecuencias políticas y la interpelación podría, eventualmente, terminar en una censura al secretario de Estado.

La sesión de Diputados comenzará hoy a las 16 horas. Bonomi explicará la situación actual en las cárceles y las medidas tomadas por este gobierno, incluyendo la ley con medidas para combatir la emergencia carcelaria, que terminó de aprobarse ayer en el Senado. Acerca de lo ocurrido en Rocha, sin embargo, Bonomi no adelantará nada porque aspectos como si hubo negligencia policial y sobre quién recaerá la responsabilidad están en manos de la Justicia y sujetos al secreto presumarial.

Se estima que la sesión prácticamente no tendrá debate. Los legisladores de la oposición intervendrán "lo menos posible". Bonomi "hablará solo", adelantó a El País el diputado nacionalista Jorge Gandini, que además anunció que la oposición reservará información de que dispone para la interpelación, lo que muestra la nueva realidad en las relaciones entre gobierno y oposición tras la definición de los cargos de la oposición en distintos organismos públicos. La interpelación aún no tiene fecha. La oposición espera reunir más información sobre los hechos de Rocha y contar con el informe del Comisionado Parlamentario Álvaro Garcé.